La estrategia de Sánchez hace aguas: enfada a la izquierda con el recorte al decreto social y no evita otro portazo de Junts

2026-02-04 - 05:15

Al Gobierno no le salen las cuentas para amarrar la convalidación del decreto de escudo social, a pesar de haberlo recortado para atraer a PNV y a Junts. Los independentistas catalanes, que en un primer momento se mostraron esquivos y se limitaron a asegurar que debían leer la "letra pequeña" del nuevo texto, anunciaron este martes por la tarde por boca de su portavoz, Míriam Nogueras, que votarán en contra de reactivar las medidas que tumbaron la semana pasada junto a PP y Vox. Y esa decisión tira por tierra la estrategia de la Moncloa, que había optado por intentar forzar a sus socios de izquierdas a tragarse un recorte en la suspensión de los desahucios de familias vulnerables y que los ha enfadado para nada, puesto que Junts ha vuelto a dar un portazo al intento del Ejecutivo de tender puentes con ellos. La liebre saltó en torno a las 18.00 horas, apenas cinco horas después de que la ministra portavoz, Elma Saiz, confirmara lo que había anunciado por la mañana el PNV: que el Consejo de Ministros había aprobado finalmente dos decretos para suplir el que tumbó el Congreso la semana pasada —uno con la revalorización de las pensiones y otro con las medidas de carácter social— y que el segundo de ellos incluiría un recorte en la suspensión de los desahucios, medida vigente desde 2020. En concreto, el Gobierno aprobó que los propietarios de una o dos viviendas sí puedan desalojar a los inquilinos que no puedan pagarles, pese a que estos demuestren estar en situación de vulnerabilidad económica o social. Hasta ahora, todos los desalojos de familias que no podían pagar el alquiler estaban prohibidos, tuviera el casero los inmuebles que tuviera: para compensarles por las cuotas que no estaban pudiendo percibir, los propietarios podían solicitar al Estado una ayuda. No obstante, Junts aseguró la semana pasada que esa suspensión de los desahucios suponía, en la práctica, legalizar la "okupación" y el "impago". Ese fue el motivo que esgrimieron los independentistas para oponerse la semana pasada al conjunto del escudo social... y, a su juicio, el recorte aprobado este martes no palia el problema. "El Gobierno ha llevado a un nuevo decreto el tema de las okupaciones y, a falta de leer la letra pequeña, desde Junts podemos decir que votaremos en contra de prorrogar una medida que no solo no es la solución al problema, sino que es injusta", anunció Nogueras a través de un vídeo difundido en sus redes sociales. Para la portavoz de Junts, incluso con el recorte, que los propietarios que tienen tres o más pisos no puedan echar de sus propiedades a los inquilinos que no les pueden pagar sigue suponiendo que "el núcleo de este escudo social con el que tanto se llenan la boca los que se proclaman como las izquierdas españolas lo está pagando el pequeño propietario, y también los vecinos". El rechazo de Junts a la medida, hecho público además apenas unas horas después de que el Consejo de Ministros la aprobase, supone un bofetón al Gobierno y a su apuesta estratégica para recuperar el escudo social que PP, Vox y los independentistas derribaron la semana pasada. El Ejecutivo, ante la dura posición de sus socios de derechas, ha optado por hacer concesiones hacia ellos y, por ende, por presionar a sus aliados de izquierdas para que las aceptaran. Pero ni siquiera ha tenido demasiado tiempo para desplegar esta presión, puesto que la negativa de Puigdemont a votar a favor del decreto imposibilita —salvo cambio de opinión de Junts o que el PP se avenga a apoyarlo— que este sea convalidado cuando se vote en el Congreso dentro de unas semanas. Además, el Gobierno se va a ver obligado a seguir haciendo equilibrios para intentar hacer cambiar de idea a Junts sin enfadar aún más a sus socios progresistas. Este martes, las diferentes formaciones de izquierdas recibieron el anuncio de que se recortaría la suspensión de los desahucios con poco entusiasmo, aunque la gama de reacciones fue amplia: desde la resignación de Sumar hasta el enfado abierto y expresado con palabras gruesas de Podemos. Los morados, como viene siendo habitual, fueron los más belicosos a la hora de expresar su oposición, y su número dos, Irene Montero, aseguró que el Ejecutivo se comporta "como si a quien hubiese que proteger en la crisis de vivienda es a los rentistas y no a las familias". La oposición de los morados no es baladí, puesto que pone las cosas aún más difíciles al Gobierno a la hora de convalidar el decreto cuando lo lleve al Congreso dentro de unas semanas. Incluso en el supuesto de que la Moncloa consiguiera hacer cambiar de idea a Junts y los independentistas catalanes terminaran apoyando el texto, en contra de lo dicho este martes por Nogueras, Podemos seguiría teniendo la sartén por el mango. Un voto en contra de los cuatro diputados morados, junto a la oposición de PP, Vox y UPN, provocaría un empate a 175 escaños en la Cámara Baja que derribaría el escudo social recortado, por lo que el margen de maniobra de la Moncloa para seguir podando el texto con el objetivo de lograr el apoyo de Junts se reduce.