La Fiscalía demanda a Transición Ecológica por no impedir la extracción ilegal de agua en Doñana

2026-03-06 - 18:53

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha formalizado una demanda contra la secretaría de Estado de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, por no impedir el daño medioambiental en el parque natural de Doñana. Tal como ha informado este viernes, la Fiscalía a Medio Ambiente que ejerza su competencia en materia de responsabilidad medioambiental sobre los particulares y entidades identificados por la Unidad Central del Seprona de la Guardia Civil, como causantes de extracción ilegal y masiva de aguas subterráneas afectantes al espacio natural. Igualmente, el Ministerio Fiscal reclama a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que acuerde medidas efectivas de prevención, evitación de nuevos daños y reparación. Además, impugna ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional la resolución de la Secretaría de Estado de 29 de octubre de 2025, por la que se acordó inadmitir la solicitud que pedía exigir responsabilidad medioambiental por daños a las aguas superficiales y subterráneas que afectan al espacio protegido de Doñana. La Fiscalía ha recordado que emitió una solicitud de inicio de procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental por daños a las aguas continentales de Doñana, así como la adopción de medidas de prevención y reparación medioambiental en el marco de las Diligencias Preprocesales 7/2023. Sin embargo, la secretaría de Estado, en la resolución citada anteriormente, acordó inadmitir la solicitud al considerar que no era el órgano competente en la materia. En su nota, la Fiscalía de la Audiencia Nacional asegura que el número de responsables identificados durante 2022 y 2023 que realizaron extracciones ilegales de agua subterránea fue de 250: 198 en Huelva, 51 en Sevilla y uno en Cádiz. Pero el hecho de que no se hayan adoptado medidas para evitar y reparar el daño sobre las aguas, prosigue, ha hecho que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya declarado la responsabilidad de España por incumplimiento del derecho de la UE. En este marco, dice la Fiscalía, la exigencia de responsabilidad medioambiental «concierne al derecho constitucional de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo». «En cuanto principio rector de la política social y económica, su reconocimiento, respeto y protección debe informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos», ha destacado el organismo.