La Fiscalía pide a Igualdad el bloqueo de las páginas web de 13 empresas que ofrecen vientres de alquiler en España
2026-02-11 - 17:05
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha enviado una carta al Ministerio de Igualdad en la que pide que bloquee todas las páginas web extranjeras que ofertan la gestación subrogada en España. En el escrito remitido este miércoles, el órgano jurisdiccional solicita al Gobierno que "acuerde medidas" para impedir el acceso a las páginas de 13 empresas que están establecidas en países extracomunitarios (en Estados Unidos, Georgia, México y Ucrania, mayoritariamente) y que ofrecen y realizan "prácticas comerciales ilegales" sobre los vientres de alquiler, una práctica prohibida en España. Según la misiva remitida a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la Fiscalía ha averiguado que, pese a que la reforma del aborto de 2023 prohibió expresamente la promoción comercial de esta técnica de reproducción asistida (mediante la cual una mujer gesta un embarazo para otra persona que desea ser padre o madre), todavía hay empresas que se publicitan en España. Una investigación que han llevado a cabo en coordinación con las Fiscalías Provinciales de Madrid y Barcelona, tras recibir varias denuncias de entidades públicas y privadas y en las que también ha intervenido el Defensor del Pueblo. "Las actuaciones tienen por objeto la exigencia de responsabilidad en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, en defensa del derecho fundamental de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios frente a prácticas comerciales ilegales", subraya la Fiscalía en un comunicado. El escrito ofrece datos de las 13 empresas que ofrecen servicios relacionados con la también llamada gestación por sustitución y con la donación de óvulos. Siete de ellas tienen su sede en Estados Unidos u ofrecen servicios de gestación subrogada en territorio estadounidense; y el resto lo hacen en Georgia, Ucrania, México, Colombia y Chipre. De este modo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional emite varias peticiones. En primer lugar, la retirada de contenidos sobre gestación subrogada de las 13 empresas del listado que ofrece en la carta. Para garantizar esto, pide que se exija a los cinco principales prestadores de Internet de España que suspendan los servicios de acceso a esas páginas web, bloqueando los nombres de dominio y cualquier subdominio que, usando términos relacionados con los vientres de alquiler, conduzca a la página principal. También solicita el cierre de "todas aquellas webs proxy, IP, URL o cualquier otra forma técnica de migrado que permita o facilite el acceso" a estos servicios. El paso previo a acudir a los tribunales El órgano del Ministerio Fiscal (encargado de perseguir los delitos más graves con repercusión en toda España o internacionalmente) recuerda que la reforma de la ley del aborto, aprobada en 2023, no solo prohíbe a este tipo de empresas publicitarse en territorio español; sino que también recoge en su preámbulo el deber del Estado de hacer frente a "vulneraciones graves de los derechos reproductivos", como los vientres de alquiler, y "tomar medidas en el ámbito de la prevención y de la persecución". Incide también en la ley de técnicas de reproducción asistida, de 2006, por la que se declara "nulo de pleno derecho" cualquier contrato por el que se acuerde la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncie a su filiación materna a favor de un tercero. Tras enumerar otras normas españolas que justifican la responsabilidad que tiene el Estado para proteger a las víctimas de violencia machista y, en este caso, para prevenir una práctica ilegal, el órgano asegura que, si Igualdad no toma las medidas correspondientes, acudirá a los tribunales. "El Ministerio Fiscal tiene interés y legitimación (...) para promover la acción de la justicia, mediante la exigencia de responsabilidad en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, a fin de agotar la vía administrativa previa y, en su caso, eventual recurso contencioso administrativo ante los tribunales", advierte la carta.