La fuga de Teresa Ribera

2026-03-10 - 20:33

Pese a que a finales de 2024 Teresa Ribera abandonó el Gobierno para asumir responsabilidades en Bruselas, su marcha no ha cerrado los interrogantes que dejó tras de sí ni ha disipado las dudas sobre su gestión. Al contrario, con el paso del tiempo se acumulan episodios que reclaman explicaciones y hacen evidente la necesidad de una rendición de cuentas que hasta ahora no se ha producido. La distancia institucional que separa hoy a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea del escenario político español no puede convertirse en una coartada para eludir responsabilidades que afectan a su etapa como ministra. El último de estos casos reviste una gravedad singular. Según publica ABC, el entorno más próximo de Ribera esta involucrado en un presunto caso de corrupción relacionado con la tramitación de evaluaciones ambientales para proyectos de energías renovables. Las investigaciones apuntan a que su hombre de confianza, encargado de esos informes, habría favorecido a la empresa Forestalia. Las sospechas de la Guardia Civil no se limitan a una irregularidad aislada. Según las diligencias, el entonces subdirector de Evaluación Ambiental habría facilitado la resolución favorable de expedientes para determinadas empresas y creado una estructura empresarial destinada presuntamente a canalizar comisiones ilegales, similar a la de Santos Cerdán en Navarra. De confirmarse estas prácticas no estaríamos ante un caso puntual de corrupción en un departamento ministerial, sino ante un patrón transversal que apunta a una degradación sistémica. El hombre de confianza de Ribera habría desplegado a su alrededor una suerte de guardia pretoriana de personas afines, desplazando a los funcionarios que pudieran obstaculizar determinados expedientes y recurriendo a empresas externas para la elaboración de informes favorables. Ante estas sospechas, Teresa Ribera guarda silencio. La exministra se parapeta en la distancia de Bruselas para evitar un debate público que, por responsabilidad política, debería afrontar. En una democracia madura, un cargo europeo no puede convertirse en refugio. La responsabilidad política no desaparece con un nombramiento en las instituciones comunitarias. No sería, además, la primera vez que Ribera queda al margen de una controversia pública sin ofrecer las aclaraciones necesarias. Durante la gestión de la dana, el Ministerio para la Transición Ecológica tenía competencias relevantes en la gestión de los cauces. Sin embargo, la entonces ministra permaneció en un segundo plano mientras la atención política y mediática se concentraba en la Administración autonómica. El Gobierno optó entonces por proteger a la ministra y limitar su exposición pública en un momento de fuerte tensión institucional. Algo similar ocurrió tras el gran apagón del año pasado, que los expertos vinculan a las tensiones del sistema eléctrico en un contexto de transición acelerada hacia las energías renovables. La estrategia energética defendida por Ribera, marcada por una apuesta obsesiva por determinadas fuentes de generación, ha sido objeto de críticas tanto dentro como fuera de España. A ello se suma la política de cierre progresivo del parque nuclear español, estrategia que, ante el nuevo escenario internacional y la creciente preocupación por la seguridad del suministro, genera dudas dentro de la propia UE. No en vano, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen , ha subrayado el error estratégico europeo a la hora de renunciar a la energía atómica como complemento imprescindible para garantizar la estabilidad del continente. Teresa Ribera no puede limitarse a ejercer su cargo europeo como si los asuntos pendientes en España hubieran quedado definitivamente atrás. Las responsabilidades derivadas de su gestión no desaparecen con un traslado institucional, ni pueden quedar diluidas en la complejidad de la política europea. La calidad de una democracia se mide también por la capacidad de sus dirigentes para responder ante los ciudadanos cuando surgen dudas sobre su actuación. Y cuando las sospechas afectan al funcionamiento de un ministerio clave del Estado, lo mínimo es ofrecer explicaciones claras, colaborar con la investigación y asumir, en su caso, las responsabilidades políticas que correspondan. Abandonar un cargo no significa abandonar la responsabilidad sobre lo ocurrido durante el mandato. Teresa Ribera debería entender que su actual posición en Bruselas no la sitúa fuera del alcance de esas exigencias. Al contrario, su condición de alta representante de la Unión Europea hace aún más necesario que disipe cualquier sombra de duda sobre su gestión pasada.