La Justicia apunta a una decisión política en el cambio del túnel por el puente de la SE-40

2026-03-08 - 06:13

La juez de la plaza número 44 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, en la sentencia que resuelve el conflicto indemnizatorio derivado de la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de enterrar el proyecto de los túneles de la SE-40 para sortear el río Guadalquivir, señala una decisión política en el cambio de guión del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, pasando del paso soterrado bajo el cauce fluvial al puente entre Dos Hermanas y Coria del Río. En dicha sentencia, cuyo fallo fue adelantado por ABC el pasado 11 de febrero , se estima parcialmente la reclamación de la UTE formada por Azvi, Sando y OHL y que resultó adjudicataria del túnel norte por más de 230 millones (IVA incluido), a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre SA (Seitt). La juez fija la indemnización por distintos conceptos en 57,9 millones de euros , pero ante el allanamiento de la empresa estatal por la cantidad de 17,4 millones de euros, deja la obligación del pago en 39,9 millones de euros, más los intereses legales correspondientes desde la fecha de interposición de la demanda. En este sentido, y según recoge la juez en la resolución, la UTE ya recibió 8,5 millones de euros por lucro cesante tras resolverse el contrato en noviembre de 2021 y un millón más un año después por liquidación, cantidades insuficientes y que motivaron el procedimiento judicial. En este asunto no existe discrepancia entre las partes en que el desistimiento del Gobierno de los túneles se ha verificado sin causa alguna imputable a la UTE, «y por la mera voluntad del dueño de la obra » (el Ministerio), sino un litigio puramente técnico, resultando «esencial» el informe del perito judicial, el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Santiago Ortega Espinosa, que ratificó «de forma contundente y rotunda» en el juicio. Un informe, según la juez, objetivo e imparcial y sin interés en el litigio, quien visitó la obra, con asistencia del director de Obras y de las partes y sus respectivos peritos. Ha examinado los distintos informes aportados por las partes y la documentación adjunta sobre la obra y costes e importes reclamados, incluidas las ampliaciones del proyecto, emitiendo un dictamen dirimente, que se estima «acertado y ecuánime» a tales elementos probatorios. La juez, partiendo de dicho informe, expone que en la obra de la circunvalación de la SE-40, se han venido sucediendo demoras en su ejecución debidas a modificaciones de proyecto; ajustes presupuestarios de las anualidades asignadas a la obra; y condicionantes técnicos, los cuales han dado lugar a la suspensión, al decidirse el cambio de solución de los túneles previstos a un viaducto por encima del río Guadalquivir. «Se constata también la insuficiencia de los estudios geotécnicos iniciales y la decisión final de cambio de solución, intuyéndose igualmente problemas políticos, aunque no se ha recibido ninguna información sobre los mismos». En base a las demoras sobre el tiempo inicialmente previsto, se ha pasado de los 41 meses previstos a los 147 transcurridos desde la firma del acta de replanteo (inicio de obras) hasta la suspensión definitiva de la misma, la UTE ha sufrido una pérdida económica, unida a unidades de obra no abonadas, así como a la inversión en maquinaria que no ha podido ser utilizada, como la tuneladora a medida que costó 37 millones de euros y que se vendió como chatarra una década después por 1,4 millones , como se detalla en la sentencia. En esta línea, la magistrada expone la extrañeza por la suspensión de una obra durante más de nueve años, para terminar con la resolución del contrato y cambio de solución al pasar de obra en túnel a obra en viaducto para el paso del río Guadalquivir, lo que indica «un inadecuado estudio de soluciones alternativas, previo a la redacción del proyecto, o deficiencias en el mismo al no considerar los problemas reales que una obra en túnel bajo el nivel de un río y con nivel freático alto conlleva». «El perito preguntó por las causas técnicas que habían motivado la suspensión, sin recibir una respuesta clara que lógicamente hace pensar en problemas técnico-políticos ». A esta cantidad indemnizatoria fijada por la Justicia ahora hay que sumar otras en perjuicio del erario público por una decisión política. Así, cuando el Gobierno decidió suspender los trabajos en el verano de 2012 ya se habían desembolsado 80 millones de euros del erario público en la ejecución de los primeros trabajos, que arrancaron tres años antes, como admitió el Ejecutivo de Pedro Sánchez en la rueda de prensa de 1 de diciembre de 2020 de Javier Herrero , entonces director de Carreteras en el ministerio de Ábalos. Ambos hoy investigado en el caso de las mordidas, junto a Santos Cerdán y Koldo García. Herrero explicó que el proyecto era «irrealizable» por las dificultades técnicas, y posteriormente, en documentos oficiales del propio Ministerio, admitía que el motivo para anularlo era el elevado coste de la actuación. La orden de cancelación devolvió la situación al momento anterior a 2001, cuando se aprobó la declaración de impacto ambiental que no sólo consideró viable el paso subterráneo de la SE-40 bajo el Guadalquivir, sino que la destacaba como la opción más favorable. El Ministerio se dio dos años para encargar un estudio que hiciera una valoración de alternativas, aunque ya antes de adjudicar ese trabajo había mostrado su predilección por resolver el tramo entre Coria y Dos Hermanas con un puente, lo que finalmente resultó la decisión adoptada. Esta sentencia se presupone el último capítulo de los túneles de la SE-40, aunque todo hace indicar que el Gobierno recurrirá, un proyecto que deja una elevada factura para los sevillanos: porque la alternativa del puente supera ya el coste de los túneles y más de veinte años de espera.