La justicia obliga a Ayuso a tramitar el registro de objetores del aborto, aunque Madrid recurrirá la medida
2026-03-09 - 18:53
La Comunidad de Madrid deberá arrancar con la tramitación para crear un registro de médicos que se declaran objetores de conciencia del aborto. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acepta las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno central y obliga a la Administración autonómica a habilitar este listado. La decisión se produce a causa de la negativa del Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso de aplicar la legislación vigente y el recurso interpuesto por el Ministerio de Sanidad. Aunque el fondo de la cuestión aún deberá resolverse, desde la Comunidad ya han adelantado que apelarán la decisión. "La medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación en cumplimiento de la normativa vigente", han indicado desde el TSJM tras el auto. "No voy a obligar a un médico a actuar contra su conciencia y libertad, no voy a hacer una lista negra de médicos nunca", recalcó Díaz Ayuso al recibir el requerimiento del Gobierno central para habilitar este instrumento. Tras las palabras de la dirigente autonómica y agotada la fecha tope para dar cumplimiento al aviso, el Ministerio de Sanidad interpuso un recurso judicial donde se solicitaba adoptar esta medida de protección. En el auto judicial dictado por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo justifica la decisión unánime de aceptar la cautelar en la literalidad de la ley Orgánica 1/2023, sobre salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo, donde se recoge la creación de este registro de objetores. Asimismo, se alude al carácter vinculante del protocolo aprobado el 16 de diciembre de 2024 entre todas las comunidades autónomas, Madrid incluida, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para coordinar la implementación de este instrumento en todo el territorio. "Concurre el riesgo de que la demora en la adopción de medidas permita prolongar indefinidamente el incumplimiento de una obligación legal expresamente establecida en una ley orgánica", exponen desde el Tribunal. Además, se alude al interés públicos y la coordinación del Sistema Nacional de Salud para tomar en consideración la petición del Ministerio mientras se resuelve el fondo de la cuestión. Asimismo, los magistrados apuntan que "el registro previsto en la ley tiene una finalidad organizativa destinada a mejorar la gestión de la prestación sanitaria y a garantizar tanto los derechos de las mujeres como los de los profesionales sanitarios". Por su parte, desde la Comunidad de Madrid justifican su negativa, entre otras cuestiones, en que la habilitación del registro de objetores requería de un desarrollo reglamentario y su imposición cautelar podría suponer una anticipación del resultado del procedimiento principal. Junto a esto, el Ejecutivo autonómico que en la región ya se encuentra garantizado plenamente el derecho al aborto, ya sea en centros público o en aquellos con autorización para realizar una interrupción voluntaria del embarazo. "Nosotros preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie", señaló la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute. Una vez conocido el auto, desde la propia Consejería han puntualizado que esta decisión solo afecta a la medida cautelar, "pero no entra aún en el fondo del asunto". Asimismo, se ha afirmado que la intención será recurrir esta decisión en reposición, ya que Madrid "ya está cumpliendo con la garantía al derecho de objeción de conciencia de los médicos y con la prestación del servicio". "La justicia da la razón al Ministerio de Sanidad y obliga a Ayuso a garantizar el aborto en la sanidad pública. Era la única comunidad que se negaba, derivando el 99% a la privada. Se acabó", ha publicado la ministra de Sanidad, Mónica García, al conocer la noticia. Desde su Ministerio ya se señaló que este listado está pensado para que los hospitales públicos puedan organizar sus servicios y garantizar el acceso a este derecho sin derivar sistemáticamente a las mujeres a centros privados. Los datos que se recogen, recordaron, son confidenciales y no se pueden acceder a ellos de forma pública. En octubre fue cuando Aragón, Asturias, Baleares y Madrid recibieron los requerimiento para instaurar esta herramienta. Finalmente, solo Madrid se opuso a la petición y animó al Gobierno central a llevar la causa a la justicia.