La Ley de Universidades de Ayuso se queda en el aire y se priorizará cambiar el modelo de financiación

2026-02-18 - 14:53

Tras tres años en los despachos y varios borradores inacabados, la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid se queda, por ahora, en el aire. La presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha encomendado a la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, priorizar la aprobación durante esta legislatura de un nuevo modelo de financiación plurianual para estos centros académicos. Desde el Ejecutivo autonómico consideran que el resto de cuestiones que incluía el proyecto inicial, entre ellos el marco sancionador por escraches, pueden esperar. La nueva consejera será la encargada de decidir cómo materializa este cambio en el sistema. "La ley tal y como está redactada en este momento no va a salir. La prioridad del Gobierno es cerrar un modelo de financiación plurianual con las universidades, que les dé estabilidad y que, por tanto, puedan conocer y puedan hacer una planificación adecuada de los recursos", ha indicado el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, este miércoles tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Horas antes, Mercedes Zarzalejo ha tomado posesión de su cargo, acompañada de Díaz Ayuso y el resto de miembros del Ejecutivo autonómico. El cambio de titularidad en la Consejería, con el cese de Emilio Viciana, ha provocado que la hoja de ruta en materia educativa se modifique. Durante los meses previos, la ley en elaboración incluía diferentes apartados para tratar una diversidad de asuntos: los fondos de las universidades, un régimen sancionador de convivencia, la figura de las escuelas de negocio, el papel de la ciencia e investigación, la relación de los centros de Formación Profesional Superior con las universidades, la elección del gerente o el establecimiento de un distrito único de prácticas. Sin embargo, en el contexto actual y con menos de dos años de margen, la financiación será el punto prioritario. "Estamos trabajando con los rectores y esperamos que este modelo pueda ser aprobado en poco tiempo", ha señalado el portavoz del Gobierno regional. La introducción de un modelo de financiación, a cinco años previsiblemente, es el principal escollo que ha lastrado todo el proceso, por la falta de acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas. La idea que se plantea es desterrar el modelo actual basado en transferencias nominativas a cargo de los presupuestos anuales y establecer una dotación a cinco años con partidas específicas para gastos básicos, específicos y por objetivos. En planteamientos iniciales se planteó que los centros adquirieran el 30% de sus fondos a través de fuentes privadas o dotar la partida por objetivos con 10 millones de euros anuales a repartir entre las seis universidades. Zarzalejo y su nuevo equipo deberá valorar qué puntos rescata de los anteriores borradores o empezar desde cero en el proceso. Asimismo, la Comunidad de Madrid deberá decidir si esta modificación se articula a través de una ley o se recurre a un decreto, lo que reduciría los trámites del proceso para aprobar dentro de esta legislatura la medida. Los rectores de las universidades públicas ya manifestaron que sería preferible elaborar un nuevo texto desde cero que se centre en aspectos de la universidad en vez de continuar elaborando un cuerpo normativo que englobe varias material. Esta misma idea es la que se recogía en un inicio en el programa electoral con el Díaz Ayuso se presentó a las elecciones de mayo de 2023. Sin embargo, cuando avanzó el mandato se decidió unificar en una única ley otras materias como la Ciencia. El encallamiento del proyecto normativo precipitó el cese del exconsejero de Educación, Emilio Viciana, este lunes. El impulso a la aprobación de esta norma fue el principal motivo que se dio a la decisión acordada en Sol. El ascenso de Zarzalejo se anunció como una forma de ofrecer a los rectores un nuevo interlocutor con el que los rectores se sintieran más cómodos y se pudiera llegar a un consenso. Esta destitución generó una oleada de dimisiones por parte de tres diputados del PP en la Asamblea, Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, la renuncia a su puesto en la compañía de Ballet Español de Antonio Castillo Algarra y el cese de los directores generales de Universidades, Nicolás Javier Casas, y de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera Tejeda.