La ley que se aprobará este año para combatir la reventa, la reduflación y la 'publicidad del miedo'

2026-03-14 - 07:33

Con la promulgación de la Constitución de 1978, la protección de los consumidores se convierte en un principio básico que obliga al Estado asegurar sus derechos y libertades en este ámbito. "Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos", reza el punto 1 del artículo 51 de la Carta Magna. En este sentido, la principal norma que vela por los derechos de los consumidores en España es la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Sin embargo, al igual que sucede con casi todo, las normativas deben ir actualizándose y adecuándose a las nuevas realidades sociales y económicas. Por eso, el Gobierno tiene previsto aprobar ya este año la nueva Ley de Consumo Sostenible, que actualiza y modifica principalmente dos pilares del derecho español (la citada Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley de Competencia Desleal) para adaptarlos a las nuevas directivas europeas. De momento, el Ejecutivo ha aprobado el Anteproyecto de Ley, que cuenta con iniciativas para incentivar la economía circular, como el derecho a reparar o el fomento de elecciones de compra más sostenibles. "Se trata de una ley que va a transponer directivas europeas importantes en esta materia y que va a buscar priorizar la sostenibilidad social y medioambiental, transformando así los paradigmas de producción, distribución y consumo a nivel europeo", ha asegurado sobre la norma el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor que se celebra este próximo domingo 15 de marzo, 20minutos ha recopilado las principales claves de una ley que se encuentra en tramitación y que previsiblemente vea la luz durante la segunda mitad de este 2026. Adiós al 'greenwashing' La norma busca combatir el conocido como 'ecopostureo' o greenwashing, términos hacen referencia a los mensajes engañosos que son usados por parte de algunas empresas para publicitar sus productos o servicios como sostenibles sin serlo. Se prohibirá que las empresas realicen afirmaciones genéricas y no comprobables sobre la sostenibilidad de sus productos o en su etiquetado, como 'respetuoso con el medio ambiente', 'verde' o 'biodegradable'. Combate la reduflación Se regulará también la práctica conocida como reduflación, es decir: la reducción de la cantidad de contenido vendido sin avisar previamente cuando redunde en un incremento del precio por unidad. Así, las empresas tendrán que informar si reducen el contenido de un envase sin bajar el precio: dispondrán de 90 días desde la primera comercialización para indicar de forma visible las nuevas características del producto. Derecho a reparar La propuesta de Consumo incentiva la reparación de productos durante el plazo legal de garantía, aumentando este plazo en doce meses adicionales cuando se opta por la reparación. Si el vendedor/productor está fuera de la UE, deberá asumir el 20% del coste de reparación durante los dos primeros años tras el fin del plazo de garantía legal. Esta obligación se sitúa en el 10% en el tercer año y en el 5% en el cuarto. Para fomentar estas reparaciones, se creará una plataforma donde los consumidores puedan pedir presupuestos y solicitar reparaciones de forma sencilla y gratuita. Fin a la reventa con exceso de lucro La norma prohibirá esta práctica cuando se aplique un aumento de precio superior al IPC desde el momento de la compra inicial. De esta manera, se intentará combatir la reventa atacando el beneficio económico que supone para los actores de mercado. Este nuevo límite se suma a la prohibición ya vigente que sanciona el uso de bots para adquirir entradas de espectáculos culturales de forma masiva para revenderlas posteriormente. Regulación para los precios dinámicos La ley regulará los algoritmos que utilizan las empresas para personalizar precios y publicidad, obligando a que los parámetros que usan sean transparentes y entendibles para los consumidores. Además, se prohibirá que cualquiera de estos parámetros sea discriminatorio o explote situaciones de urgencia o necesidad, como ocurrió recientemente en la tragedia ferroviaria de Adamuz. Prohíbe la 'publicidad del miedo' Este tipo de publicidad basa su efectividad en presentar escenarios extremos o improbables, como robos violentos o vulnerabilidades catastróficas, con el propósito de generar una sensación de urgencia o vulnerabilidad en las personas y que contraten determinados servicios. La ley obligará a que estas comunicaciones comerciales vayan acompañadas de información cuantitativa o estadística que permita a las personas consumidoras hacer una valoración real del riesgo. Veto a la publicidad contaminante La ley prohibirá la publicidad de los productos energéticos compuestos solo por derivados de origen fósil (excepto gas), en los que no participan componentes renovables siempre que los anuncios sean emitidos por empresas del sector del carbón o del petróleo. Tampoco se podrán anunciar los vuelos cortos en trayectos peninsulares si existe una alternativa menos contaminante que no supere las 2,5 horas de duración y los coches propulsados únicamente por combustibles fósiles.