La negativa de Junts a aprobar las medidas antidesahucios del Gobierno deja en el aire la subida de las pensiones

2026-01-27 - 05:29

El Congreso retoma este martes su actividad sin abandonar viejas costumbres: mayorías inestables que amenazan con hacer tambalear la agenda legislativa del Gobierno. En esta ocasión, se vota la convalidación de dos decretos de gran calado: el denominado escudo social, que incluye la revalorización de las pensiones, y otro sobre bonificaciones en el transporte público pagadas íntegramente por el Estado. La pelota vuelve a estar sobre el tejado de Junts, que tilda de "inaceptable" y de "chantaje político" que el Ejecutivo haya incluido en un mismo decreto la subida de las pensiones y la prórroga de la medida antidesahucios, dejando así en el aire la actualización de estas prestaciones conforme al IPC en 2026, que afectaría a cerca de 9,4 millones de pensionistas. El llamado escudo social es un paquete de medidas que se viene prorrogando y actualizando desde la pandemia y que, esta ocasión, fue pactado con EH Bildu. Este último decreto, aprobado en diciembre en el Consejo de Ministros, incorpora iniciativas con el sello de Podemos, como la prohibición de los desahucios a personas vulnerables que no pueden pagar el alquiler o la prohibición de cortar los suministros básicos a las familias que no puedan pagarlos, junto a otras de amplio consenso, entre ellas la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Pero, al igual que sucedió el año pasado, Junts vuelve a dejar en el aire su apoyo. Mientras que en enero de 2025 tumbaron el decreto en la primera votación para obligar al Gobierno a trocearlo en dos —separando las iniciativas económicas de las sociales—, este año han decidido presentar ellos mismos una proposición de ley para garantizar las pensiones, aunque introduciendo un ajuste por el coste de la vida según el territorio, con el fin de favorecer a Cataluña. La proposición de ley presentada por Junts, no obstante, es más una iniciativa simbólica que una propuesta que realmente pueda suponer una alternativa al decreto del Gobierno. Para empezar, porque al ser una propuesta presentada por un grupo parlamentario en el Congreso, no entra en vigor de manera automática (como sí ocurre con un decreto), sino que su tramitación sería larga: incluso si se recortaran los plazos lo máximo posible, no bajaría de mes y medio. Además del problema de los tiempos, la iniciativa de Junts tendría nulas opciones de prosperar. Los de Carles Puigdemont ha aprovechado para incluir en el texto una medida que rompería la equidad del sistema de pensiones y que, a buen seguro, no iba a ser apoyada por ningún partido a excepción de los independentistas catalanes: la "adecuación de las prestaciones al coste de la vida de cada comunidad", es decir, que las pensiones fueran más altas en Cataluña que en Extremadura, por ejemplo. Los de Puigdemont tampoco han avanzado el sentido de su voto respecto al decreto de bonificaciones para el transporte público, una decisión que vuelve a ser determinante puesto que el PP ya ha avanzado que votará en contra. Si finalmente tumban este decreto, decaerían las bonificaciones al transporte durante todo 2026, así como el abono único de transporte para para trenes y autobuses estatales. Para complicar aún más las cosas a la Moncloa, al Gobierno no le vale la abstención de Junts para que los decretos sean convalidados: tan solo su voto a favor. Eso es así a causa de la suspensión como diputado de José Luis Ábalos que se hizo efectiva hace un par de meses, al entrar en prisión el exministro. Sin él, si el Ejecutivo amarra el apoyo de todos sus socios tendría 171 escaños a favor de sacar adelante los decretos, por otros 171 (los de PP y Vox) que se opondrían. Si Junts se abstiene, ese empate llevaría a que se celebraran tres votaciones consecutivas en el Congreso. Y si en ninguna de ellas se desempata, las normas caerían. El PSOE no se plantea retirar los decretos A pesar del órdago de Junts, los socialistas descartan retirar los decretos para evitar una eventual votación fallida. "Tenemos que hacer ver a los grupos la importancia que tienen", señalan estas fuentes, que aunque constatan que las conversaciones con Junts "están rotas", recuerdan que el 'escudo social' no solo incluye la revalorización de las pensiones o las medidas antidesahucios, sino otras iniciativas de calado como el bono social eléctrico para proteger a los consumidores vulnerables, el mantenimiento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), las ayudas por la DANA y los incendios, o las entregas a cuenta de las comunidades autónomas. "El decreto es importante, y más en un momento en el que todos requieren dinero para los ayuntamientos y las comunidades", subrayan los socialistas. En cuanto a la negativa de Junts a aprobar el decreto por incluir las medidas antidesahucios, en Ferraz apuntan a que lo están leyendo "mal". Niegan que se esté castigando a los pequeños propietarios que necesitan alquilar un piso para complementar su pensión, que es lo que critican los de Carles Puigdemont. Recuerdan que el decreto incluye una compensación a los propietarios que cubre, según determinados casos, la renta o el valor medio del alquiler junto con los gastos corrientes por el periodo de suspensión, o hasta que termine 2026. El PP votará en contra de los dos decretos Por su parte, desde las filas populares han anunciado su negativa a respaldar ambos decretos. El vicesecretario de Transportes, Hacienda e Infraestructuras, Juan Bravo, anunció este lunes que el PP apostará por el 'no' en la votaciones que se realizan este martes en la Cámara Baja, puesto que lo ven como un "popurrí" el escudo social pactado con Bildu, y consideran que el Gobierno debería invertir en seguridad y no en ayudas el importe destinado a las bonificaciones en los precios del transporte que incluye el otro decreto. El rechazo a apoyar la subida de las pensiones es una cuestión sensible para los populares, que tratan de desvincular su negativa del fondo de la medida y centrarla en la forma elegida por el Gobierno para sacarla adelante. En concreto, consideran que, el hecho de haberlo incluido en el llamado escudo social, no es más que "el juego que utiliza el Gobierno para lograr apoyos que no consigue por otras vías”. En este sentido, señalan que si el Ejecutivo quiere subir las pensiones "de verdad", sólo tiene que dejar tramitar una iniciativa popular que presentó el pasado 14 de noviembre, con la que el PP pretendía que el incremento de las pensiones fuera en base al IPC fuera "automático". En cuanto al decreto que prorroga los descuentos al transporte público vigentes y propone un abono único para viajar en Cercanías, trenes de Media Distancia y autobuses en líneas de titularidad estatal, el PP asegura que los 1.370 millones de euros que el Gobierno pretende destinar a "satisfacer a determinados colectivos, estarían mejor utilizados "no para que la gente viaje gratis, sino para que la gente viaje con seguridad". "Con la que está cayendo, lo mejor sería afianzar el sistema para recuperar la normalidad", manifiestan fuentes del PP, que señalan que ahora mismo la "prioridad" es que ese dinero se invierta en infraestructura y conservación de las redes ferroviaria. En todo caso, desde el PP indican que votar a favor de una iniciativa propuesta por el Gobierno "con la que está cayendo" sería difícil de explicar.