La ofensiva de Sánchez contra las redes sociales: una monitorización que ya existía y una ley que avanza lenta en el Congreso

2026-03-14 - 07:23

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha situado en las últimas semanas la regulación de las plataformas digitales en el centro de su agenda política, con una batería de medidas contra los discursos de odio y el acceso de menores a las redes sociales. Entre ellas figuran la prohibición del uso de redes a menores de 16 años, la creación de un delito específico para algoritmos que promuevan contenidos dañinos y el lanzamiento de herramientas públicas de monitorización. Pero lo cierto es que muchas de esas medidas llevan tiempo negociándose y perfilándose en el Congreso de los Diputados, e incluso otras, como la monitorización de mensajes de odio, ya se hacían desde las instituciones. A principios de febrero, el líder del Ejecutivo anunciaba una ofensiva para combatir la impunidad de los "tecnoligarcas" y proteger a los usuarios y, en concreto, a niños y adolescentes, del "Salvaje Oeste digital". Sánchez anunció entonces una serie de medidas que revolucionaron el panorama político, mediático e internacional: el veto a redes para menores de 16 (mirando a países como Francia); una herramienta eficaz de verificación de edad en webs con contenido para adultos; un delito específico para algoritmos que promuevan el odio; la creación de un sistema de rastreo de los mensajes de odio en redes; y una investigación sobre posibles infracciones legales de Grok (la IA de X), TikTok e Instagram, por creación y difusión de pornografía infantil. El anuncio, que luego ha ido reiterando en actos posteriores ―esta misma semana avanzó la puesta en marcha de HODIO, una especie de termómetro del odio―, llegó incluso a remover al empresario y dueño de X, Elon Musk, que no tardó en calificar al presidente español de "traidor". Un ataque al que Sánchez respondió comparándose, nada más y nada menos que con Don Quijote de la Mancha. "Deja que los 'tecnoligarcas' ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos", publicó en su perfil de redes. El líder socialista se presenta ahora como el contrapeso de poder de las grandes plataformas, poniendo sobre la mesa una serie de iniciativas aparentemente novedosas que, en realidad, llevan trabajándose años por otras personas sin la mitad de la atención mediática de estas últimas semanas. Una ley negociándose en el Congreso La prohibición de las redes sociales para menores de 16 años, por ejemplo. Esta es una medida que está recogida por la ley de menores en el ámbito digital, elaborada por el Ministerio de Juventud e Infancia y la cual lleva negociándose en el Congreso de los Diputados casi un año. Un texto que, además, aglutinó las recomendaciones que hicieron un grupo de 50 expertos en la materia, designados ad hoc en enero de 2024. Hace dos años de eso y la ley va muy poco a poco en la Cámara Baja. A finales del año pasado, los grupos registraron un total de 266 enmiendas a la Comisión de Justicia, y fuentes parlamentarias aseguran que ahora mismo están conversando para acordar cuáles introducen en el dictamen final. Es, en todo caso, una ley que genera bastante consenso. Todos los partidos, con sus diferencias, coinciden en la urgencia de regular el entorno digital y poner límites a las plataformas digitales. La única novedad que, en todo caso, podría apreciarse con el anuncio de Sánchez es que el objetivo del PSOE ahora es prohibir de forma estricta ese acceso a las redes sociales. El texto original es más laxo, en ese sentido, pues aunque también impide que los menores de 16 años se creen un perfil en plataformas como Instagram o TikTok, permite su acceso con el consentimiento de los padres. Así, y pese a que los socialistas no recogieron esta medida en sus enmiendas parciales, su objetivo ahora es intentar introducir estas nuevas medidas en enmiendas transaccionales que consigan presentar con otros grupos. La misma estrategia usarán para crear un nuevo delito penal por manipulación de algoritmos, tal y como explicó el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. "Es en el entorno de esa ley, en la fase de enmiendas y posteriormente en la fase de ponencia, donde queremos ajustar los tipos penales para perseguir tanto la manipulación del algoritmo como, en general, cualquier delito que afecte a los menores en los entornos digitales", defendió. En cualquier caso, estos son asuntos que ya se estaban debatiendo en la comisión del Congreso. ERC habló de prohibir "diseños adictivos" y desactivar por defecto "la recomendación algorítmica basada en perfiles para menores". El PP, había defendido la prohibición de redes a menores de 16 años, y propuso también un "horario de descanso digital" que impida el acceso a menores entre las 22.00 y las 8.00 horas. El texto elaborado por el departamento de Sira Rego recogía, además, una batería importante de medidas, como penas de prisión de hasta dos años por la creación de deepfakes (imágenes sexuales realizadas con IA) o la obligación de que todos los dispositivos tecnológicos vengan ya de fábrica con control parental. Ya existe una herramienta que vigila el odio en redes La última medida anunciada por Sánchez es la creación de HODIO, una herramienta que rastreará la "huella del odio y la polarización" en redes sociales para exigir responsabilidades a los propietarios por el contenido que se difunda en sus plataformas. El Ejecutivo pretende, así, medir "de forma sistemática" la presencia, evolución y alcance de los discursos de odio y "exponer públicamente" a las redes sociales que no hagan nada por combatirlos. El Ejecutivo ha presentado esta plataforma como un mecanismo innovador para identificar y exponer mensajes racistas o xenófobos en redes sociales. No obstante, la monitorización de este tipo de contenidos no es nueva en España. Desde hace años, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, investiga a diario, a través del Sistema Faro, cualquier tipo de odio online y mantiene canales de comunicación con las plataformas para solicitar la retirada de contenidos ilícitos. El último informe es de diciembre, cuando el organismo reportó 28.978 mensajes con discurso de odio en cinco redes sociales (TikTok, X, Facebook, Instagram y Youtube) y registró la mayor tasa de retirada de comentarios al conseguir que las plataformas suprimieran un 62% de los mensajes notificados. La pregunta, es, por tanto, en qué se diferenciará la nueva herramienta anunciada por el presidente del Gobierno de la que ya está en funcionamiento. Fuentes del Ministerio de Inclusión explican a 20minutos que la labor de HODIO será simplemente complementaria al Sistema Faro, "generando un ranking público y transparente que permitirá comparar la exposición al odio de los usuarios en cada plataforma: prevalencia y amplificación de contenido". Especifican que, mientras Faro mide otras variables como el número de mensajes detectados, aquellos retirados, la evolución, y los grupos diana a los que va dirigido el discurso de odio; HODIO indagará en cómo prevalecen ese tipo de contenidos, de qué modo se amplifican y cuáles son las medidas (si las tienen) que las plataformas toman para frenarlos. La única acción que parece estar produciéndose en la actualidad es la petición que hizo el Gobierno a la Fiscalía para que investigue a las redes sociales X, Meta y TikTok por delitos que podrían estar cometiendo en la creación y difusión de pornografía infantil. El Ejecutivo asegura que "podría haber responsabilidad penal" en las plataformas por permitir la difusión de imágenes sexuales de menores, y recuerda un informe que demostró que la IA de X generó más de 3 millones de fotos de desnudos, incluyendo 23.000 de niños. Según aseguró Sánchez la semana pasada, el Ministerio Fiscal ya está en ello. Por lo demás, el resto de medidas dependerá de los acuerdos que se alcancen en el Congreso de los Diputados y del ritmo que tome la tramitación de la ley de menores en el ámbito digital. Un escenario que se prevé complicado, vista la situación actual de bloqueo parlamentario por la fragilidad de las relaciones entre los grupos de investidura.