La tragedia del submarino ARA San Juan resurge en Argentina: arranca el juicio ocho años después de su desaparición

2026-03-08 - 07:33

Tres años después de la derrota en la guerra de la Malvinas contra Reino Unido, y todavía con la herida abierta de aquel hecho histórico que todavía hoy resuena en el sentir de sus ciudadanos, el Ejército de Argentina compró su primer y único submarino. Era 1985 y el objetivo de esta nave no era volver a entrar en guerra contra los ingleses, pero sí defender su soberanía. En este caso la de su mar. Durante años este submarino realizó numerosos trayectos por la costa argentina para controlar la intensa pesca ilegal que se produce en esa zona. En noviembre del año 2017 zarpó desde la ciudad de Ushuaia con ese cometido. Un viaje rutinario hasta Mar del Plata que se truncaría cuando el día 15 a las 7.31 de la mañana se cortó la comunicación. El submarino había desaparecido con 44 tripulantes a bordo. Rápidamente los medios argentinos, y poco después los internacionales, se hicieron eco de lo ocurrido, obligando a la Armada a salir a tranquilizar a los ciudadanos y a las familias, que empezaban a demandar información. El portavoz castrense aseguró que todavía no había que preocuparse, que la falta de comunicación era algo que estaba dentro de las posibilidades y que la mala mar podía haberles impedido subir a la superficie. Las horas pasaban y el esperado mensaje seguía sin llegar, hasta que el 16 de noviembre a las 22.00 horas se superó la fecha límite. Oficialmente el submarino se había perdido. El Gobierno argentino movilizó a sus embarcaciones y convocó a varias naciones para comenzar la búsqueda. Todas las opciones estaban todavía sobre la mesa y desde la Armada recordaban que un submarino siempre zarpa con dos tercios más de las necesidades de comida y agua previstas para la duración normal de su viaje. Además, la capacidad de oxígeno hacía todavía posible que se les pudiera encontrar con vida si habían sufrido un accidente. Los días pasaron y el 30 de noviembre todas las esperanzas se disiparon cuando la Armada comunicó que ya las posibilidades de encontrar supervivientes eran mínimas y que se finalizaba la fase de rescate. La noticia cayó como un jarro de agua fría para las familias, que decidieron aumentar la presión sobre el Gobierno y comenzaron a recorrer bases navales del país en busca de respuestas. La presión en las calles y la búsqueda de responsabilidades hizo que no se abandonara del todo la exploración marítima, aunque fuera para encontrar los restos del sumergible militar. A la ayuda internacional se sumaron empresas pagadas por el Estado argentino. La búsqueda se extendió durante más de un año, hasta que el 17 de noviembre de 2018, cuando la empresa Ocean Infinity estaba a punto de retirarse de la zona, se produjo el hallazgo de unas piezas en el lecho marino. Unas horas después las autoridades confirmaban que el ARA San Juan se había encontrado frente al golfo San Jorge, a unos 600 kilómetros de la costa, a 907 metros de profundidad. ¿Qué ocurrió con el submarino? En medio de todo este drama comenzaron a surgir teorías de la conspiración. Desde un barco pesquero que había atacado al submarino hasta un posible ataque inglés al pasar cerca de las Islas Malvinas. Algunas páginas web alimentaban esta retórica afirmando que el Reino Unido había acusado al ARA San Juan de realizar una misión de “espionaje” a naves inglesas en zona prohibida. No obstante, todas estas teorías se dispararon cuando se comenzaron a investigar las imágenes recogidas por Ocean Infinity de la cubierta del San Juan. El relato oficial extraído de la investigación judicial recoge que el 15 de noviembre, sobre las 07:30, el submarino reportó problemas en el tanque de batería número 3 tras una filtración de agua que había generado un cortocircuito. La hipótesis más probable es que ese agua entró por el conducto de ventilación por la falla en una válvula —algo que ya había pasado en julio del mismo año— y había provocado un incendio. Las malas condiciones del mar impidieron que pudiera ir a flote para solucionar el problema. Dos horas después de ese reporte, los sensores marítimos de la Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization (CTBTO) recogieron un “evento acústico” importante. Aunque en ese momento no se quiso relacionar con el incidente del submarino, se ha concluido que pudo ser el sonido de la implosión de la nave, causada por la presión a la que fue sometida al comenzar a hundirse. Momento en el que habrían muerto los 44 tripulantes en cuestión de milésimas de segundo. El ARA San Juan había realizado su ‘reparación de media vida’ en el año 2014 y, aunque en 2015 y 2017 había tenido fallos eléctricos similares a los que terminarían provocando esta tragedia, desde la Armada y el Ministerio de Defensa defendieron que estaba en condiciones de navegar; aunque sí reconocieron que algunos subordinados ocultaron informaciones sobre lo que estaba ocurriendo el día del accidente. El entonces jefe del Estado Mayor de la Armada, Marcelo Eduardo Hipólito Srur, dijo que no le habían aportado toda la información como para considerar rápidamente enviar ayuda. Mientras que el ministro de Defensa durante el hundimiento, Oscar Raúl Aguad, acusó al propio Hipólito Srur de no haberle informado a tiempo de la desaparición de la nave, pese a que reconoció que “aunque el submarino no estaba en condiciones de ir a la guerra, si lo estaba para navegar”. Un juicio que llega envuelto en polémicas Esta lucha interna entre Armada y Defensa terminó con la petición de retiro del Jefe de la Armada por parte del ministro. El Congreso realizó poco después del suceso una comisión bicameral que concluyó en un informe dividido que altos cargos de la Armada y miembros del Gobierno tenían responsabilidad. De hecho, en 2021 el Consejo General de Guerra sancionó al exjefe de la Armada con 45 días de arresto por haber informado de manera “incompleta” sobre lo ocurrido con el submarino. En los más de 8 años que han transcurrido desde entonces se han producido varios intentos de llevar tanto a la cúpula del Gobierno de Mauricio Macri como de la Armada a la Justicia por las supuestas responsabilidades tanto en el hundimiento como en las ocultaciones de información. Las familias acusan al Ejecutivo argentino de no haber hecho pública toda la información que tenían del paradero del submarino. No obstante, el expresidente Macri y el exministro Aguad, que sí aparecen mencionados en la etapa de instrucción del juicio que ha empezado este martes, no han sido llamados como testigos. Y en octubre del año pasado la Corte Suprema cerró la causa en la que se le acusaba al propio Macri, junto a los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, de haber espiado a familiares de las víctimas que habían denunciado públicamente al Gobierno. El juicio que finalmente ha comenzado esta semana en la ciudad de Ríos Gallegos tiene como acusados a cuatro ex altos mandos, pero no al jefe del Estado Mayor de la Armada. Se les juzga por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Además, la querella apunta que el submarino no estaba en condiciones de realizar el viaje. Los acusados son el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide; el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Departamento de Operaciones Hugo Miguel Correa; y el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso. Las audiencias serán de lunes a jueves cada dos semanas y se espera que el veredicto sea público en julio de este año. Una sentencia que busca hacer justicia para unos familiares que han criticado la lentitud de los tribunales y que quieren cerrar, aunque sea en el aspecto penal y de responsabilidad, una tragedia que se ha alargado demasiado.