Las 400 familias bloqueadas en las cocheras de Cuatro Caminos sin su casa ni sus ahorros: "Nos impiden realizar un proyecto de vida"

2026-03-15 - 08:33

Hace ya 12 años, unas 420 familias se aventuraron a formar una cooperativa que desarrollase un proyecto urbanístico en las parcelas donde se levantaron las cocheras de Cuatro Caminos. Un movimiento que respondía al deseo de poder acceder a una vivienda a un precio más ajustado que el que marcaba el mercado —ya elevado por aquel entonces—, a cambio de asumir el riesgo que normalmente recae sobre una promotora. Pero ninguna de las familias esperaba, cuando se lanzó el proyecto en 2014, que iba a tener que atravesar un periplo judicial como el que están padeciendo: 12 años después no logran salir de un bloqueo que ha frustrado muchos proyectos de vida que se articularon en torno a un hogar que todavía no se ha hecho realidad. El lunes pasado, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimó los recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Madrid para intentar salvar el plan urbanístico, que contemplaba la construcción de más 400 viviendas sobre los terrenos en los que se levantaron a principio del siglo pasado las cocheras de Cuatro Caminos, que fueron las instalaciones de Metro más antiguas de España. No obstante, la cooperativa de vecinos, denominada Metropolitan, compró los terrenos en 2014 por un total de 88,3 millones mediante una subasta pública y, tras demoler las antiguas infraestructuras ferroviarias, todavía no ha conseguido plantar una sola grúa en la parcela para empezar a construir. "Yo necesitaba una casa con una habitación extra para cuidar de mi madre o mi suegra, y no lo podía asumir si no era en una cooperativa. Mi economía no daba para eso", relata a 20minutos Samuel, de 58 años, que entró a la sociedad en 2014 con la intención de poder encontrar una casa para su familia que le permitiese también ocuparse de su madre y su suegra, dos personas mayores que necesitaban ser atendidas frecuentemente. "Mi madre hace ya varios años que falleció y mi suegra ya no puede vivir con nosotros, porque ya es una persona completamente dependiente", se lamenta, asegurando que ahora ya no necesitaría la misma casa, sino una más pequeña. "No nos han dejado desarrollar nuestro proyecto de vida ni tomar otras decisiones al tener los ahorros en la cooperativa", denuncia Samuel. En su caso, Samuel asegura que el hecho de haber destinado su dinero a la cooperativa le ha impedido acceder a otra vivienda, por lo que actualmente sigue pagando un alquiler para mantenerse en la casa en la que vive con su mujer y sus hijos. Una situación que, por el momento, lo sitúa en un callejón sin salida. "Ni siquiera tenemos la posibilidad de tomar una decisión, ya que los socios no podemos irnos cuando queremos, sino sólo cuando se abre una ventana de salida, y con la condición de que entre otro socio por ti", señala Samuel. Esta circunstancia es similar a la que expone José Manuel, de 82 años. "Yo entré a la cooperativa cuando tenía 68 años, y mi intención era vivir más cerca de mi familia", asegura, aunque admite que cuando salga adelante la promoción y esté construida "probablemente" ya no esté en condiciones de afrontar una mudanza. "Si se tarda dos o tres años en tener la aprobación definitiva del plan, más los años de construcción, la opción que me queda es dejarla en herencia", advierte José Manuel, al tiempo que se muestra resignado ante la incertidumbre a la que se ha condenado un proyecto "que no hacía daño a nadie". Ambos socios comparten el mismo diagnóstico: la oposición a que se lleve a cabo el proyecto tiene "motivaciones políticas", ya que la cooperativa se siente víctima de un conflicto que tiene como objetivo al Ayuntamiento de Madrid. Una confrontación que se está materializando en los tribunales con la presentación de demandas, por parte de plataformas como Madrid Ciudadanía y Patrimonio o Ecologistas en Acción, a los distintos planes urbanísticos que se han aprobado a lo largo de estos doce años. "Tenemos claro que el proyecto nunca ha sido tirado por un juzgado por nada importante, sino por cuestiones de forma", explica a este periódico la portavoz de la cooperativa, Desireé del Río, al mismo tiempo que señala "el tinte político" que observa en las negativas a que el plan se haga realidad. Pese a ello, Del Río afirma que seguirá adelante porque "hay que hacerlo sí o sí". "Tenemos todos los ahorros de nuestra vida, somos una cooperativa de gente normal, así que no nos queda otra", afirma la portavoz, que cuenta los giros que han dado las vidas de los socios desde que formaron la cooperativa: "Hay gente que se ha divorciado, gente que ha fallecido, otra que ha cambiado de país...". "Hace 10 años demandaban porque decían que las cocheras que se han demolido eran un bien de interés cultural y que se debía hacer un museo de metro; luego dijeron se incumplía la altura de la torre que incluía el proyecto; más tarde se opusieron porque había un exceso de edificabilidad o que no se cumplía la Ley de Vivienda", enumera director de la gestora de Metropolitan, Juan José Perucho, que destaca que todas estas demandas fueron denegadas por los tribunales. No obstante, Perucho también denuncia, al igual que los cooperativistas, la "inseguridad jurídica" que viene padeciendo en todo el proceso, ya que los jueces "siempre han tumbado el proyecto por cuestiones de forma, no de fondo", pero no dan ninguna pista sobre cuáles son los pasos a seguir para que un nuevo proyecto no vuelva a ser anulado. Por su parte, las asociaciones demandantes -Madrid Ciudadanía y Patrimonio y Ecologistas en Acción- emitieron un comunicado tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo de rechazar los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento a la anulación del plan urbanístico por parte del Tribunal Superior Justicia de Madrid a mediados del año pasado. "Exigimos una solución a esta operación mal planteada, impulsada con una política de hechos consumados, grandemente lesiva contra el patrimonio cultural madrileño y recriminamos al gobierno municipal que haya sido consentidor y cómplice de la destrucción de una obra del gran arquitecto Antonio Palacios", plantean. En cambio, los cooperativistas defienden que ya han desmentido en numerosas ocasiones que la construcción de las naves industriales correspondiese a Palacios. Ante esta situación, los vecinos tan solo piden celeridad en el nuevo proceso que ya se está negociando con el Ayuntamiento, para que se apruebe otro plan urbanístico desde cero y recorra todo el camino burocrático lo más rápido posible. "Esperamos que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid lo hagan lo antes posible y sea prioritario para ellos", asevera Del Río, una petición que también reclaman tanto Samuel como José Manuel. El delegado de Urbanismo, Borja Carabante, declaró el día después que ya estaban en contacto con los vecinos para desarrollar una nueva ordenación, que haga realidad la construcción de las 400 viviendas en el distrito de Chamberí y ponga fin al calvario de los cooperativistas, que ya se alarga durante 12 años.