Las dos medidas que Sumar quiere introducir en el decreto anticrisis y que ha causado un retraso de dos horas del Consejo de Ministros

2026-03-20 - 11:50

El pulso dentro del Gobierno de coalición ha estallado este viernes en pleno arranque del Consejo de Ministros extraordinario, convocado para aprobar el primer paquete de medidas frente al impacto económico de la guerra de Irán. La reunión comenzó con más de dos horas de retraso tras un choque entre el PSOE y Sumar, que ha decidido plantar batalla para introducir medidas de vivienda en el decreto. El presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mantuvieron un encuentro urgente a puerta cerrada en Moncloa para tratar de desbloquear el desacuerdo entre ambas formaciones. Sobre la mesa había dos propuestas clave de Sumar que el ala socialista se resiste a incorporar: la prórroga de los contratos de alquiler y la prohibición de desahucios para familias vulnerables. La prórroga de los alquileres Sumar ha elevado la presión en los últimos días para que el decreto incluyese la extensión automática de los contratos de alquiler en vigor, una medida que ya se aplicó durante la anterior crisis inflacionaria. La formación considera que el acceso a la vivienda es el principal problema económico para miles de hogares y reclama actuar de forma inmediata. Los socialistas argumentan que las subidas de los alquileres ya están limitadas por ley y consideran que intervenir de nuevo el mercado en este momento no encaja con el enfoque del primer paquete de medidas, centrado en paliar los efectos directos de la crisis energética. La prohibición de desahucios La segunda gran propuesta de Sumar es la recuperación de la moratoria de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, una protección que decayó el pasado febrero tras perder el respaldo parlamentario. Las posiciones parecen algo menos alejadas en este punto. Sumar confía en que el PSOE pueda aceptar una versión "muy restringida" de esta medida, limitada a colectivos especialmente vulnerables. Sin embargo, el Gobierno mantendría la exclusión de pequeños propietarios —con una o dos viviendas—, que sí podrían seguir ejecutando desahucios.