Las pymes del bus impugnarán ante la UE la nueva empresa de Renfe, que ven como salida a las grandes que ya no quieren concesiones
2026-03-17 - 15:50
Las más de 700 pequeñas y medianas empresas de autocares agrupadas en Direbús estudia acudir a la Comisión Europea para denunciar que las condiciones de licitación que prevé la nueva compañía de Renfe para cubrir con autobús trayectos que, debido a incidencias y obras en la red, no se puedan hacer en tren quebranta la ley europea de competencia. De momento, denuncia que los pliegos para la adjudicación de este servicio deja fuera a "la mayoría de las compañías" de un sector donde se considera que esta iniciativa es una tabla de salvación para las grandes del sector, las que históricamente se han llevado las concesiones de rutas que ya no son rentables y han dejado de ser interesantes. Direbús lamenta que no haya una posicionamiento de todo el sector del transporte de pasajeros por autobús contra la decisión de Renfe de crear una empresa para dar servicios alternativos de autobús a sus pasajeros cuando no se pueda hacer el trayecto en tren, y se posiciona en contra de una medida que, una vez conocidas las condiciones para presentarse a la adjudicación de este servicio, "excluye de facto a cientos de empresas, muchas de ellas compañías familiares con décadas de experiencia". Renfe prevé destinar a la contratación de estos servicios 61,5 millones de euros al año durante contratos que serán de 10 años, prorrogables cinco más pero solo contratará para ello a una empresas que hayan tenido beneficios de al menos 75 millones en los tres ejercicios anteriores y que tenga 500 autobuses en propiedad o 300 si se presenta en consorcio. Según denuncia esta asociación, "los requisitos establecidos en la licitación solo podrían ser cumplidos por un número muy reducido de grandes operadores", por que sus servicios jurídicos están estudiando denunciarlo ante la Comisión Europea, guardiana de los tratados de la UE que, recuerdan, dicen que las empresas deben poder competir en "condiciones leales y equitativas". Además, Direbús advierte de que la intención de Renfe de adjudicación por diez o más años de un contrato para poder operar rutas cuando se produzca un corte de la circulación ferroviario va en contra de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que insiste al Ministerio de Transportes en que no licite contratos por tanta duración y que los divida en más lotes, precisamente para dar cabida a empresas más pequeñas y que es justo lo que el departamento de Óscar Puente piensa hacer con esta nueva empresa de Renfe, amén de las nuevas concesiones de las líneas estatales de autobús. "Direbús lamenta que no se haya producido una respuesta conjunta del sector ante una licitación diseñada por el Ministerio de Transportes de Óscar Puentes que tiene como objetivo limitar el acceso a la misma a unos pocos operadores próximos al propio Ministerio", dice esta asociación en un comunicado. Frente al argumento de Renfe de que una licitación de estas características garantizaría medios para ofrecer servicios alternativas al transporte por tren, insiste en "el sector cuenta con la capacidad operativa necesaria para prestar estos servicios y defiende que un modelo territorial permitiría la participación de empresas de diferentes tamaños y comunidades autónomas". Para beneficio de las más grandes La idea de crear una empresa propia de autobuses y, más aún, vistas las condiciones de los pliegos de la adjudicación, ha llevado a ahondar la brecha que tradicionalmente existe entre las grandes empresas del sector, que tradicionalmente han sido las adjudicatarias de las rutas regulares, y las pequeñas empresas que tratan de hacerse un hueco, así como las grandes compañías europeas, como Flixbus o Bla,Bla,Car, que querrían un mercado liberalizado como en otros países donde poder operar sin tener una concesión. Estos dos últimos actores -las pymes a las que representa Direbús y las líneas europeas, ven en la nueva empresa de Renfe un intento de beneficiar -de nuevo- a compañías como Alsa y Avanza, las únicas con posibilidades de ganar un contrato que, a razón de 60 millones de euros al año durante 10 o 15 años, les es más rentable ya que la concesión de ciertas líneas de autobús, con mucha menos demanda que antes precisamente por los trenes de Alta Velocidad. "Lo de Renfe es una jugada para seguir en la larga distancia ganando más dinero", apuntan fuentes del sector sobre el desinterés que algunas grandes compañías estarían mostrando en algunas concesiones de líneas regulares y que estarían encantadas de cambiar esos contratos ya deficitarios por un dinero asegurado por llevar a los pasajeros del tren. Otra de las cuestiones que plantea la nueva empresa de Renfe tiene que ver con su 'intervención' en un sector que solo funciona en España en régimen concesional, en rutas que se diseñarían 'ad hoc', según las necesidades del servicio ferroviario -ante la multitud de obras de renovación de Adif, tal y como justificó la operadora cuando anunció este proyecto- y al margen de las rutas establecidas y bajo concesión, pero igualmente sin permitir liberalizar esta actividad y que otras empresas pudieran crear otras rutas. Fuentes del sector en favor de la liberalización aseguran que Renfe se está otorgando una Obligación de Servicio Público en el trasbordo de sus pasajeros al autobús que en realidad no tiene.