Las universidades de Madrid recibirán 2.000 millones regionales al año, supeditados a auditorías y análisis de gasto

2026-03-12 - 22:43

Las universidades públicas de Madrid recibirán 2.049,1 millones de euros al año procedentes de la Administración autonómica. El acuerdo alcanzado entre la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, y los seis rectores aún deberá formalizarse en Consejo de Gobierno para instaurar el nuevo modelo de financiación plurianual. El tratado recoge una estimación económica que servirá de marco para asignar los fondos básicos, comunes y de carácter corrector, que deberá concretarse cada año. Junto a la tabla de ingresos, también se incluyen nuevos mecanismos de control, como el refuerzo de las auditorías, identificación de costes por centros, titulaciones y actividades, y la elaboración de una memoria anual. Un "hito" para la educación superior madrileña. Así fue descrito el acuerdo alcanzado hace dos semanas para cambiar el sistema de financiación universitario y "garantizar los recursos necesarios y proporcionar un marco financiero estable". El sistema suma 809,4 millones de euros al presupuesto asignado, inicialmente, durante este año y establece una proyección hasta 2031. La financiación básica, donde se incluyen los ingresos a cuenta y los recursos vinculados a las tasas académicas, se sitúa en 7.681,3 millones de euros para todo el periodo establecido. Esta cantidad irá destinada al sostenimiento ordinario de las universidades, como gasto de personal, mantenimiento, investigación estructural y las inversiones ordinarias necesarias para el funcionamiento académico investigador. La estimación contempla los incrementos salariales de este año y los proyectados a futuro. Por otro lado, se habilita un fondo de convergencia de 337,5 millones de euros para corregir el déficit de los centros. El acuerdo detalla que "su asignación estará vinculada a criterios objetivos de situación financiera relativa y a planes de mejora o saneamiento cuando proceda". Junto a esta partida se crea un fondo adicional transitorio de 195,2 millones de euros para compensar los desajustes que provoque el modelo, también tendrá en cuenta el número de alumnos matriculados. "Las Universidades que participen del Fondo de Convergencia no podrán acceder a las partidas previstas para el fondo adicional", puntualiza el texto. Asimismo, se contemplan unos fondos comunes donde se incluye un montante vinculado al cumplimiento de objetivos y otra para investigación. La primera de estas líneas se destinará a la mejora de la calidad docente, excelencia en investigación, internacionalización, empleabilidad o innovación, entre otros puntos. Para su reparto entre los seis centros se creará un grupo concreto donde se fijarán "los indicadores, métricas y ponderaciones" aplicables. Mientras, se dotará de partidas finalistas proyectos para inversiones estratégicas y actuaciones singulares necesarias para la modernización de infraestructuras. Estas se asignarán "mediante convocatorias, acuerdos específicos o programación plurianual" y se deberá presentar un plan de inversiones para varios años. El acuerdo contempla 522,6 millones de euros para el conjunto de estos fondos en todo el periodo establecido. En su conjunto la financiación procedente de las arcas públicas, incluyendo el pago de las matrículas y precios públicos, se situará en 8.958,9 millones de euros, a los que hay que añadir otros 3.335,7 millones. La previsión recoge que esta cuantía se complementará con 2.496 millones de euros procedentes de otras fuentes de ingresos, como otras administraciones o modelos de colaboración público-privada. Los datos que figuran en el acuerdo son aproximaciones que deberán subordinarse a la situación anual de cada centro y subordinarse al cumplimiento de los requisitos marcados. "El presente documento constituye el marco técnico de referencia para la elaboración y posterior aprobación del Modelo de Financiación a través de los instrumentos oportunos", expone el documento. Los puntos que conforman este sistema deberán recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno para su efectiva implementación en la región. Además de esta estimación de ingresos, el acuerdo recoge una serie de requisitos que deberán implementar las universidades. Así, cada centro deberá elaborar de manera anual una memoria económica donde se concrete el destino de los fondos, detallando especialmente las cuantías de carácter finalista. Asimismo, los centros deberán implementar una contabilidad analítica, lo que implica que dicho "sistema deberá permitir la identificación de costes por centros, titulaciones y actividades". El documento pone como fecha tope el 31 de diciembre de 2028 para establecer este requisito. El proyecto fija la necesidad de reforzar los mecanismos de control internos y externos sobre el estado de las cuentas. "Las auditorías anuales deberán incluir el análisis del cumplimiento de los compromisos asumidos en el modelo de financiación", figura en el texto. Para las situaciones donde se detecte un déficit económico, el acuerdo menciona que los centros deberán presentar a la Comunidad de Madrid un plan económico-financiero. Asimismo, este requisito "será de aplicación para las universidades beneficiarias del fondo de convergencia". Las universidades que ya tengan alguna deuda comprometida con la Administración autonómica podrán compensarla "mediante la minoración de las dotaciones asignadas con cargo" a esta partida que podrá aplicarse en los años 2028, 2029, 2030 y 2031, "conforme al calendario financiero que se acuerde con la Consejería competente en materia de universidades".