Los divorcios se desploman y los expertos señalan el motivo: la norma que obliga a hacer mediación

2026-03-26 - 08:20

Las demandas judiciales de divorcios contenciosos cayeron el año pasado un 24,7%. Las separaciones sin acuerdo entre las partes también bajaron con fuerza (-22,1%) y las demandas por conflicto en las medidas de guarda y custodia de menores, a las que acuden las parejas no casadas con hijos, se redujeron en un 22,1% respecto a 2024. Sin embargo, este desplome en el número de litigios de familia no supuso un incremento proporcional de los casos de mutuo acuerdo, sino que, en conjunto, la demanda de disoluciones matrimoniales cayó en un año un 11,5%, de 95.650 a 84.424. La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) considera que, detrás de la mayor caída de las demandas judiciales de separaciones y divorcios no consensuados en años recientes, están los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias), el nuevo trámite de mediación extrajudicial obligatorio para todas las parejas que rompen sin acuerdo como medida previa para ir al juez. "La imposición de estos intentos de negociación está suponiendo un retraso en la presentación de demandas", según Ramón Quintano, abogado de familia en Girona y vocal de la Junta de la asociación AEAFA. "Lo que está pasando es que no estamos presentando las demandas por hacer una negociación tal y como requiere la ley", explica el letrado. Quintano recuerda que "nunca se habían dado variaciones interanuales de dos dígitos en las demandas de litigios de familia", con la excepción única del año 2020 por el cierre de los juzgados en la pandemia de Covid. "Pero entonces bajaron todas las demandas, también las de mutuo acuerdo. Ahora no están cerrados los juzgados, pero tienes que cumplir con un trámite que te impide presentar los contenciosos", indica. Los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) nacieron con la ley 1/2025 de Medidas de eficiencia organizativa del Servicio Público de Justicia. En su espíritu estaba reducir la litigiosidad y favorecer acuerdos en el derecho de familia. Por eso se hace obligatorio a las parejas intentar llegar a una solución entre ellas o a través de un tercero y acreditarlo documentalmente antes de presentar la demanda judicial. Sin embargo, esta exigencia procedimental lleva meses en la diana de quejas y conflictos, sobre todo por la divergencia de criterios de aplicación según la demarcación judicial y por su impacto negativo en la vida de los menores por las demoras en la resolución de los divorcios. La propia AEAFA ha llevado los perjuicios que generan los MASC en los procedimientos de familia con menores hasta el Congreso de los Diputados y ante el Defensor del Pueblo, que según la asociación ha dado traslado de la queja al Ministerio de Justicia. El vocal de AEAFA Quintano pone el ejemplo de cómo perjudican los MASC con el caso de una clienta que se quiere divorciar y reclama una pensión de alimentos para sus hijos, pero no puede presentar la demanda de divorcio inmediatamente sin haber pasado por el trámite del MASC. "Tiene derecho a recibir la pensión, pero el pago será retroactivo a la fecha de la presentación de la demanda. Como tiene que enviar la solicitud de mediación a su pareja, este tiene 30 días para contestar y puede pedirle el día 29 una ampliación de plazo para conseguir un abogado de oficio, empezará el MASC con varios meses de retraso en los que no cobrará la pensión de alimentos". En parecido sentido, señala "el caso de un padre que puede pasar esos mismos meses sin que la madre le deje ver a los hijos, ante falta de una sentencia". Los abogados de familia puntualizan que los profesionales no tienen nada en contra de la negociación de las partes, pero argumentan que no necesitan esta herramienta porque ya lo hacen los abogados, fruto de lo cual crecen año a año las disoluciones de mutuo acuerdo, hasta suponer ya el 80% del total según el INE. "Lo que estamos es en contra de que nos hagan negociar en la forma en la que nos hacen negociar y estamos pidiendo que en procedimientos con intereses de menores de edad involucrados no sea necesario el MASC, porque no tienen sentido", defienden. En una reciente encuesta entre la abogacía madrileña, más de la mitad de los encuestados otorgaron a los MASC una nota de 0 sobre 10 y la media apenas alcanza el 1,6. Les ha traído solo: desconfianza, sobrecarga y falta de resultados. "Una de las principales conclusiones es que el sistema no ha sido diseñado ni implementado con la participación adecuada de quienes tienen que aplicarlo", denunciaron. Su conclusión fue que si no se corrigen las disfunciones detectadas, "la obligatoriedad de los MASC puede convertirse en un obstáculo de acceso a los tribunales, especialmente para quienes cuentan con menos medios". 300.000 menores afectados La abogacía de familia ha calculado que hay 300.000 niños en España que se ven afectados anualmente por procesos concernientes a custodias, regímenes de visitas o pensiones alimenticias y son los que están sufriendo las consecuencias del nuevo requisito de procedibilidad. La obligatoriedad de los MASC está provocando demoras y un encarecimiento de los procedimientos, agregan. Este retraso resulta "especialmente preocupante" en aquellos casos en los que el menor necesita acceder a un tratamiento médico o participar en una actividad formativa y existe discrepancia entre los progenitores. AEAFA ha documentado situaciones en las que, debido a la imposibilidad de acudir directamente al juez, niños se han quedado fuera de actividades educativas o viajes de estudios, al no poder resolverse a tiempo las diferencias entre sus padres. "Los procedimientos de familia ya se demoran muchísimo como para que además tengamos que añadir tres o cuatro meses cuando la gente no está a favor de facilitar las cosas", denuncia Quintano. Del Congreso al Tribunal Constitucional En el Congreso de los Diputados, em noviembre y a instancias del PNV; se aprobó una proposición no de ley (PNL) que instaba al Gobierno eliminar los MASC en los litigios con menores. Recibió el apoyo del Partido Popular, que ve que este sistema desprotege a los menores, y la abstención del PSOE y Sumar, impulsores de la norma y defensores de dar tiempo a la correcta implantación de los acuerdos extrajudiciales. Por su parte, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha considerado que no ha transcurrido "un tiempo suficiente" que permita evaluar el impacto real de la reforma que también afecta a la organización de los juzgados en términos de racionalización y eficiencia. Sin embargo, sí detectó que "estas dilaciones resultan especialmente graves en ámbitos donde el tiempo es determinante, como los derechos de visita, la guarda y custodia de menores". Pero es que, además, los MASC han llegado al Tribunal Constitucional, órgano que ha tomado en consideración la cuestión de un demandante que defiende que hacer imperativo acudir a un sistema alternativo a la resolución de conflictos para luego tener que pasar por el filtro de la aprobación judicial lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva y se produce un quebranto del principio de legalidad.