Los guardias civiles exigen a Marlaska que impida la regularización de inmigrantes sin certificado de antecedentes penales

2026-02-10 - 13:15

Las principales asociaciones de guardias civiles (JUCIL, AUGC, AEGC, ASES-GC y la Asociación de Cabos) han remitido una solicitud formal al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que impida que inmigrantes irregulares puedan acogerse a la regularización masiva prevista por el Gobierno sin un certificado oficial de antecedentes penales. "La reforma del Reglamento de Extranjería elimina garantías básicas de seguridad", denuncian las asociaciones, en referencia al proyecto de Real Decreto, que contempla que, si tras solicitar el certificado de antecedentes a su país de origen no se recibe respuesta en un mes, el solicitante podrá presentar una declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales. "Este mecanismo debe suprimirse del texto final, ya que supone admitir la regularización de personas sin ofrecer garantías reales sobre su pasado delictivo, subrayan. En ese sentido, JUCIL advierte de que esta medida "deja sin efecto la garantía para la seguridad de la ciudadanía y genera un riesgo para los agentes de la autoridad". Asimismo, señala que es una "puerta abierta para incorporar a la sociedad española a individuos que podrían haber cometido delitos muy graves en otros países". En el documento remitido, las asociaciones solicitan formalmente que el Ministro del Interior, como máximo responsable de la seguridad, se oponga a la inclusión de este apartado en el Consejo de Ministros. Los guardias civiles defienden que "no se debe regularizar a ningún inmigrante que no acredite oficialmente, y no mediante una simple firma personal, la carencia de antecedentes penales en sus países de residencia anteriores". El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de enero una regularización masiva y extraordinaria de la que podrán beneficiarse más de medio millón de inmigrantes 'sin papeles' en España, así como sus hijos menores de edad. La medida se llevará a cabo a través de una reforma del reglamento de extranjería pactada con Podemos, y a la cual podrán acogerse todas aquellas personas que, a fecha de 31 de diciembre de 2025, llevasen al menos cinco meses viviendo en el país. El procedimiento se gestionará entre abril y junio de este año y, una vez hecha la solicitud, que no tardará en resolverse más de 15 días, se suspenderá automáticamente cualquier proceso de devolución que estuviese pendiente.