Los males del capitalismo dirigido
2026-03-21 - 19:40
La crisis abierta en Indra tras el fallido intento para integrar la empresa familiar de su presidente constituye un ejemplo paradigmático de los efectos del intervencionismo en compañías cotizadas. Lo que nació como una apuesta estratégica por construir un 'campeón nacional' en defensa ha derivado en un conflicto de intereses, una pérdida de valor bursátil y una inquietante incertidumbre sobre la capacidad de ejecución de una empresa clave para el Estado. Durante meses, el Gobierno, a través de la SEPI, respaldó el ascenso de Ángel Escribano a la presidencia de Indra sin fijar límites claros a su mandato ni establecer salvaguardas en materia de gobernanza. La posibilidad de que la compañía absorbiera EM & E –propiedad de la familia del presidente– no solo era conocida, sino que formaba parte implícita del proyecto industrial alentado desde la Moncloa. Sin embargo, esa ambigüedad inicial ha terminado por convertirse en un problema institucional de primer orden. Como reconoce tardíamente la vicepresidenta primera, el Ejecutivo no prestó atención a un conflicto que hoy considera inasumible. Este episodio no surge en el vacío, sino en una secuencia de decisiones políticas que ya tensionaron la gobernanza. Escribano sucedía a Marc Murtra, procedente del ámbito del PSC y designado con respaldo de la Moncloa, cuya etapa provocó un notable trastorno corporativo. Bajo su mandato se produjeron salidas relevantes en el consejo y se forzó una reconfiguración que culminó con la incorporación de José Vicente de los Mozos como consejero delegado. Aquella intervención alteró los equilibrios internos y dejó un precedente de injerencia que explica la fragilidad actual. La reacción tardía del Gobierno ha agravado la situación. Casi un año después de plantearse la operación, y tras múltiples debates sobre la posible vulneración de las normas de buen gobierno, el Ejecutivo ha optado por forzar un cambio de rumbo. Pero el daño ya está hecho: la cotización de Indra se ha desplomado, con cerca de 1.000 millones de euros de capitalización evaporados en pocos días. La inseguridad regulatoria y la percepción de arbitrariedad política han pasado factura. El episodio revela una contradicción de fondo: el Gobierno impulsó un modelo de 'capitalismo dirigido' orientado a reforzar sectores estratégicos, pero sacrificando la neutralidad institucional y la disciplina corporativa. Al designar a un empresario con intereses propios y no trazar una línea roja desde el inicio, asumió el riesgo, ya materializado, de que la lógica empresarial colisionara con la lógica política. El resultado es un presidente que no actúa como mero gestor, sino como accionista con proyecto propio, y un Ejecutivo que ha perdido capacidad de control sobre la compañía que pretendía pilotar. El Gobierno debe ahora rectificar, abandonar la tentación de diseñar 'campeones nacionales' desde el poder político y apostar por un marco que respete la gobernanza, la transparencia y la igualdad entre accionistas. La SEPI tiene la responsabilidad de definir un proyecto coherente para Indra que no dependa de equilibrios personales ni de improvisaciones tácticas. Persistir en el error erosionará la credibilidad de una empresa estratégica que España no puede permitirse debilitar.