Los pozos de la discordia en la finca de los Alba
2026-03-03 - 16:23
La Casa de Alba atraviesa uno de los episodios judiciales más delicados de los últimos años. La existencia de nueve pozos presuntamente ilegales en la finca Aljóbar, ubicada en el municipio sevillano de Aznalcázar y lindando con Doñana, ha situado al histórico clan nobiliario en el centro de una investigación por un posible delito contra el medio ambiente. El caso, que parte de la denuncia de antiguos trabajadores de la explotación agrícola, apunta a la extracción ilícita de agua del acuífero Aljarafe Sur durante más de una década. Según los informes periciales de la Guardia Civil, esa actividad no solo habría generado un beneficio económico millonario, sino también daños ambientales que podrían alcanzar cifras superiores al millón de euros. En las últimas horas, algunos miembros de la familia han reaccionado ante la prensa tras conocerse los detalles del nuevo informe remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor. La finca, gestionada por la sociedad Eurotécnica Agraria —cuyo consejo de administración está integrado por varios miembros de la familia Fitz-James Stuart—, solo disponía de licencia para dos pozos destinados a uso doméstico. Sin embargo, el Seprona sostiene que se habrían utilizado nueve perforaciones sin autorización para el riego de naranjos. El informe pericial, fechado en noviembre de 2025, calcula que entre 2014 y 2021 la explotación agrícola obtuvo 5.144.914,97 euros de beneficio indirecto derivado del uso de agua de procedencia ilegal. Para llegar a esa cifra, los agentes han tenido en cuenta la producción por hectárea, el precio del kilo de naranja y han descontado los costes de producción, estimados en torno al 25%. El análisis distingue dos etapas: hasta 2021 se regaron 205 hectáreas y, tras el precinto judicial de los pozos, la superficie se redujo a 164. Según la Guardia Civil, el acceso a mayor volumen de agua permitió incrementar la producción. La valoración no se limita al rendimiento agrícola. El instituto armado sitúa el daño ambiental en una horquilla que oscila entre los 732.304,66 y 1.129.739,21 euros. Esa cantidad incluye el valor del agua presuntamente extraída sin permiso, el coste de restauración y la estimación de la pérdida de ecosistemas. Uno de los puntos más sensibles del informe es la conexión del acuífero Aljarafe Sur con otros sistemas hídricos que nutren el Parque Nacional de Doñana. Los peritos advierten de «daños importantes» sobre el ecosistema y subrayan que algunos podrían ser «irreversibles» debido a las interconexiones naturales entre las masas de agua. El acuífero afectado es descrito como «sensible» al bombeo y cercano a niveles de explotación considerados peligrosos. En su escrito, la Fiscalía de Medio Ambiente ha señalado el «grave perjuicio para el medio natural» que habría supuesto «la extracción sistemática y de carácter industrial de agua» en una superficie extensa y durante años. La llamada operación Irrigatio ha llevado a la Fiscalía a solicitar la imputación no solo de la empresa titular, sino también de los miembros de su consejo de administración, entre ellos Cayetano, Eugenia, Fernando y Alfonso Martínez de Irujo, además de Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg. No obstante, el procedimiento mantiene posturas enfrentadas. La defensa de la familia ha presentado informes periciales que contradicen las conclusiones del Seprona y rechazan la magnitud del impacto ambiental. Incluso han llegado a sostener que sus extracciones habrían contribuido a mejorar el acuífero. A ello se suma un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que reduce significativamente las cifras iniciales. Según ese documento, la cantidad de agua extraída habría sido diez veces menor y el coste económico se situaría en 84.629,75 euros, muy lejos de los más de cinco millones estimados por la Guardia Civil. Tras salir a la luz el contenido del nuevo informe, Carlos Fitz-James Stuart, hijo menor del actual duque de Alba, fue abordado por los medios. En declaraciones recogidas por 'Gtres', el periodista le preguntó: «Simplemente preguntarte por los nueve pozos que al parecer han sido localizados y eran ilegales, que dicen que ha perjudicado y ha causado un gran daño ambiental. Por lo visto, se han beneficiado de una cantidad que no correspondía». Fiel a su habitual discreción, el marido de Belén Corsini evitó pronunciarse y mantuvo silencio ante las preguntas. Por su parte, Fernando Martínez de Irujo también optó por no realizar declaraciones públicas tras conocerse la dimensión del caso. La polémica estalla en un año simbólico para la familia, que conmemora el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba y tiene programada una agenda de actos culturales y exposiciones desde la Fundación Casa de Alba. Ahora, la atención se centra en la evolución judicial de un caso que enfrenta versiones técnicas opuestas y que podría tener consecuencias penales y económicas relevantes. El procedimiento continúa abierto.