Los socios de Sánchez elevan la presión para acelerar la ley de secretos oficiales al ver "insuficiente" la desclasificación del 23-F
2026-02-24 - 05:33
El anuncio del Gobierno de que procederá a desclasificar los documentos vinculados al intento de golpe de Estado del 23-F ha sido acogido por los socios parlamentarios de Pedro Sánchez con una combinación de satisfacción y escepticismo. Aunque reconocen el gesto, coinciden en que se trata de un paso "insuficiente" y reclaman al Ejecutivo que impulse de una vez la nueva ley de secretos oficiales, paralizada en el Congreso desde el verano pasado. Las formaciones que sostienen al Gobierno exigen un calendario claro y voluntad política para cambiar una normativa heredada de la dictadura o, en el caso de no lograr mayoría para ello, piden que desclasifique más documentos. En el PSOE aseguran estar dispuestos a "despejar las piezas" en la Cámara Baja y analizan distintas vías para desbloquear la situación. Entre ellas, estudian la posibilidad de "fundir" su propio proyecto de ley con la propuesta de reforma de la ley de secretos del PNV, una iniciativa que los nacionalistas vascos vienen defendiendo desde hace más de una década. El Gobierno ha optado por desclasificar los documentos vinculados exclusivamente al intento de golpe de Estado, amparándose en el cumplimiento del plazo de 45 años que fija su propia ley, una norma que, paradójicamente, lleva siete meses bloqueada en el Congreso. "Si no sale con las mayorías que tenemos, esos documentos ya están desclasificados", sostienen fuentes de Ferraz. Sin embargo, la reforma concita bastante respaldo entre los socios parlamentarios del Ejecutivo, y así se lo han trasladado tras la decisión de abrir parcialmente esos archivos por iniciativa propia. El PNV lleva desde 2016 intentando reformar esta normativa y mantiene registrada en el Congreso una proposición de ley que continúa encallada. Los nacionalistas vascos sostienen que el Ejecutivo se ha parapetado durante este tiempo en la supuesta falta de mayoría suficiente para eludir la modificación y, a su juicio, ha ido "encadenando excusas". En ese marco, interpretan que Pedro Sánchez ha promovido la desclasificación coincidiendo con el aniversario del 23-F por puro "interés político" y reclaman que esa misma determinación que demuestran ahora también se aplique a otros documentos que siguen bajo secreto oficial. Las reticencias también afloran en ERC. Sus dirigentes enmarcan el anuncio en una maniobra para desviar la atención de los problemas de "gestión y liderazgo" del presidente. Su secretaria general, Elisenda Alamany, admitió este lunes que alberga "poca esperanza" sobre el alcance real de la desclasificación. En el BNG comparten la cautela: consideran el paso una "buena noticia", aunque advierten de que habrá que comprobar si se hace pública la totalidad de los archivos. "Sabemos que hay altas instituciones implicadas en el intento de golpe de Estado y que se hizo para dejar todo bien atado", subrayan. Tanto Podemos como los partidos integrados en Sumar coinciden al calificar de insuficiente el movimiento del Gobierno y reclaman reactivar el proyecto de ley de información clasificada, atascado desde hace medio año en la Cámara Baja y llamado a sustituir definitivamente la ley de secretos oficiales de 1968. En el espacio que lidera Yolanda Díaz coinciden en el diagnóstico, aunque cada formación que lo integra ha querido marcar perfil propio. El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, instó al Ejecutivo a aprobar la nueva norma antes de que concluya la legislatura y dejó claro que no comparte una política de desclasificaciones "por trozos, aleatoria o arbitrariamente". Al igual que el líder del PCE, Enrique Santiago, que ve una buena noticia la desclasificación pero también avisa de que "no se puede ir por trozos para sacar titulares". Desde Compromís critican que el Gobierno escoja "fechas señaladas" para lanzar anuncios, pero animan a los grupos a "presionar" para desbloquear la ley y avanzan que quieren negociar los plazos de desclasificación previstos en el texto. Por su parte, EH Bildu califica de "buena noticia" la apertura de los archivos del 23-F, aunque entiende que debería servir para esclarecer otros episodios aún pendientes, como los sucesos de Vitoria, la represión de los sanfermines de 1978, el caso Zabalza o los crímenes de los GAL durante el Gobierno de Felipe González. En Junts per Catalunya también ponen el foco en sus propias reivindicaciones y exigen que se hagan públicos los documentos de las denominadas "cloacas del Estado", no solo los relativos al 23-F. Su secretario general, Jordi Turull, zanjó que esto será "interesante" para hacer "arqueología política", pero que su prioridad es la desclasificación íntegra de los archivos solicitados. PP y Vox ven una "cortina de humo" Por su parte, el PP y Vox consideran que la medida es una "cortina de humo". En el PP auguran que en los papeles que se van a desclasificar este miércoles no se descubrirá nada que no sepan los españoles sobre el 23-F e insisten en que lo que España necesita son explicaciones sobre los últimos ocho años de Pedro Sánchez. Vox también cree que esta desclasificación es una cortina de humo. En este sentido, el líder del parido, Santiago Abascal, aseguró que es un "capote que no va a coger" para hablar de lo que le interesa a Sánchez, a quien ha sugerido otras desclasificaciones de asuntos más recientes.