Los vecinos de Dos Hermanas acusados de construcciones ilegales alegan sus intentos de regularización: «El Ayuntamiento se niega a legalizar la situación»
2026-02-12 - 15:15
La operación Nessil, promovida por el Servicio de Protección a la Naturaleza ( Seprona) de la Guardia Civil junto con la Policía Local de Dos Hermanas y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y saldada con 115 personas investigadas por la supuesta creación de una urbanización de más de 120 parcelas presuntamente ilegales; tiene tras de sí un complejo conflicto, en el que estos vecinos esgrimen sus intentos por regularizar su situación y aseguran que el Ayuntamiento nazareno «se niega» a ello. Al detalle, este pasado miércoles la Guardia Civil hacía pública esta operación, en torno a la creación de un asentamiento urbanístico de aproximadamente 120.000 metros cuadrados , subdividido en 236 parcelas ubicadas en suelo rústico preservado en el término municipal de Dos Hermanas; contando con cerramiento, caminos de acceso y contadores de agua y electricidad. Se trataría, al detalle, de las f ases IV y V de la urbanización Lissen, en los suelos bautizados como La Doctora de la localidad nazarena . Según los investigadores, la segregación urbanística habría sido realizada supuestamente mediante acta notarial privada, «dificultando mediante dicho acto la identificación de los titulares de las parcelaciones»; en su mayoría viviendas modulares prefabricadas , con lo que el Instituto Armado atribuye a estas 115 personas un posible delito contra la ordenación del territorio. Pero el asunto no es tan sencillo, como explica la representación jurídica de estas personas, detallando que se trata de «un colectivo vulnerable, gente trabajadora en una situación precaria» ; precisando que el asunto no es novedoso, sino que estas construcciones son «conocidas por el Ayuntamiento de Dos Hermanas desde varios años, manteniendo siempre una actitud pasiva y callada ante cualquier eventual disciplina urbanística». En ese sentido, el abogado que representa al colectivo, José Antonio Cumplido González, expone que los terrenos donde se alzan estas construcciones «no son de especial protección» y están catalogados como «huerta familiar» en el Plan General de Ordenación Urbana de Dos Hermanas . «No estamos ante un suelo de protección especial que no pueda ser legalizado con los instrumentos que permite la ley Lista» de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía y su reglamento de desarrollo. Al hilo, señala los esfuerzos del colectivo de vecinos por impulsar y costear la redacción de un plan parcial , plasmado de hecho en un documento técnico de 116 páginas destinado a «establecer las medidas necesarias para la integración ambiental, territorial y paisajística y para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salubridad de la población», presentado formalmente ante el Ayuntamiento nazareno. Pero pese a la entrega del documento allá en junio de 2025, el Consistorio «no se ha pronunciado y ha desdeñado en todas las ocasiones las peticiones de reuniones». «Se le requirió dos veces para que contestara a la petición de plan parcial, haciendo caso omiso y dejando desamparados a cientos de familias en situación precaria que viven precisamente en esas construcciones y que no tienen alternativa» habitacional, sostiene la representación de los afectados, esgrimiendo documentos que atestiguan estas solicitudes de entrevista y avisando de que merced al artículo 96.3 de la ley Lista, incluso «operaría el silencio positivo en caso de no haber informe desfavorable». «El ayuntamiento conocía (las construcciones), permitió y lo más importante, s e niega a legalizar la situación cuando es una obligación », asevera el abogado representante del colectivo, manifestando que ha recurrido por lo Contencioso Administrativo la no aprobación del proyecto de plan urbanístico promovido por estas personas. Es más la representación letrada advierte con relación a las actuaciones policiales desplegadas sobre el asunto, que en materia judicial está pendiente de resolver su petición de nulidad de tales diligencias , bajo la premisa de que «para entrar en una propiedad privada es necesario una orden de entrada y registro que nunca existió». Los vecinos aprecian incluso un posible delito de allanamiento de morada. En cualquier caso, y como defienden por lo contencioso administrativo, estos vecinos reclaman que sea reconocida la «validez» de su proyecto de plan parcial , que en el marco de «una situación irregular ya arraigada en toda la zona adjunta, donde existe una antigüedad media de las edificaciones correspondiente a más de cuatro años, y en parcelas de alrededor existen edificaciones con más de 20 años, (...) resulta posible la adopción de medidas de protección de la legalidad territorial y urbanística sobre las mismas, aplicando la situación de asimilado a fuera de ordenación». Y es que entre otros aspectos, « todas las parcelas presentan una superficie adecuada a la tipología del residencial implantada en la zona correspondiente a viviendas unifamiliares aisladas».