Más de la mitad de los decretos perdidos por Sánchez cayeron tras el uso de la 'macedonia legislativa' del ómnibus

2026-03-02 - 05:23

El Gobierno volvió a sufrir esta semana otro revés al fracasar en la convalidación del llamado 'decreto social', un paquete de medidas que incorporaba desde la prohibición de desahuciar a familias que no pueden pagar el alquiler y ayudas a los damnificados por la DANA, hasta las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Esta figura del decreto, concebida para situaciones de extraordinaria necesidad y urgencia, se ha multiplicado en los últimos años en un Congreso sin mayorías estables. El Ejecutivo ha acabado utilizándola como una herramienta para aprobar medidas que poco tienen que ver entre sí y que, de otra forma, difícilmente saldrían adelante. El resultado ha sido una auténtica macedonia legislativa que, en la última legislatura, explica que más de la mitad de los decretos que han decaído en el Congreso respondan al formato 'ómnibus'. La estrategia no es nueva, la figura del decreto y del conocido como 'decreto ómnibus' ha sido utilizada por gobiernos de todo signo político, estatales y autonómicos, aunque han proliferado desde que Sánchez es presidente. Se trata de paquetes legislativos que, en algunos casos, incorporan medidas sin ninguna correlación, lo que muchas veces han provocado las críticas de la oposición y de algunos socios del Ejecutivo. Por segundo año consecutivo, PP, Junts y Vox tumbaron en enero una primera votación del decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones junto a un paquete heterogéneo de medidas, entre ellas, la prohibición de desahuciar a familias vulnerables o las ayudas de la DANA. Ya ocurrió el año pasado, cuando el texto incorporaba, entre otros asuntos, la devolución de un palacete en París al PNV, una disposición que desató el rechazo frontal de la oposición y acabó por frustrar su convalidación inicial. La caída de este decreto se suma a otros tropiezos recientes del Ejecutivo por insistir en el formato 'ómnibus': la semana pasada, el del llamado escudo social —que seguía contemplando las entregas a cuenta a las comunidades—, junto con el de enero de 2024, que reformaba el subsidio por desempleo, pero que también incluía una medida para hacer prevalecer los convenios autonómicos pactada con el PNV. El denominador común de estos fracasos parlamentarios es, en la mayoría de los casos, la inclusión de disposiciones ajenas al núcleo de las normas, un factor que explica que más de la mitad de los decretos que no han prosperado en esta legislatura (cuatro de siete, un 57%) compartan ese mismo patrón. Desde su llegada a La Moncloa, Pedro Sánchez se ha convertido en el presidente que más ha recurrido al decreto ley para sacar adelante su agenda: 168 aprobados desde 2018. Históricamente, los decretos suelen generar consenso entre los grupos, de hecho, solo han caído 12 en democracia. De estos, el Congreso ha tumbado 9 desde que Sánchez es presidente -7 solo en esta legislatura-. Y es que algunos de los que ha aprobado este Gobierno han aglutinado medidas de naturaleza dispar, por ejemplo, el decreto de digitalización de la Justicia, que incorporó también una ampliación de las competencias de la fiscal general del Estado. También hay otros ejemplos llamativos, como un decreto ómnibus que reformaba los despidos, pero también prorrogaba ayudas tras el volcán de La Palma y, al mismo tiempo, modificaba permisos laborales; o, en 2020, un decreto para regular el teletrabajo que, al mismo tiempo, incluía un puñado de exenciones fiscales a la UEFA. Al no contar con nuevos Presupuestos, el Gobierno ha recurrido a los decretos para revalorizar pensiones, pero a menudo aprovecha para incluir otras medidas. Por ejemplo, uno de estos decretos también combinaba ayudas por la crisis de la guerra en Ucrania junto con iniciativas para fomentar la aviación deportiva. En 2022 también se aprobó un decreto que regulaba los límites de temperatura del aire acondicionado y la calefacción, pero que incorporaba una disposición para que los barcos en aguas con riesgo de piratería contraten seguridad privada. Estas decisiones han provocado las críticas de algunos partidos que, en alguna ocasión, ni se dan cuenta de qué se incluye en los decretos. En este sentido, hubo medidas con un impacto político más claro, como el famoso decreto anticrisis que derogó el artículo 43 BIS de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este artículo permitía a los jueces frenar la aplicación de la amnistía, y el Gobierno lo eliminó en medio de otras disposiciones que no tenían nada que ver. Otro de los textos que reavivó la polémica hace apenas unas semanas fue el aprobado en 2024 con ayudas por la catástrofe de la DANA. El decreto, sin embargo, no se limitaba a las medidas de apoyo a los damnificados: incluía también una modificación de la ley orgánica para retrasar la jubilación del entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, quien cesó recientemente tras hacerse públicas denuncias por violación presentadas por una subordinada.