Madrid exigirá un empadronamiento mínimo de 10 años para acceder a un piso protegido y vetará a los ocupas condenados
2026-01-26 - 10:59
La Comunidad de Madrid está tramitando una reforma legal que afectará a los requisitos de acceso a las viviendas protegidas. Por un lado, la norma exigirá un empadronamiento mínimo de 10 años antes de poder optar a una casa, cuando en la actualidad no opera ningún límite; y por otro, el texto limitará el acceso a las personas que hayan sido condenadas por delitos de allanamiento de morada o usurpación de vivienda. En concreto, lo que hará el Gobierno autonómico será prohibirles el acceso a un inmueble durante los cinco años inmediatamente posteriores a la sentencia que los condene, que en todo caso debe ser firme. Estas nuevas previsiones legales se incluirán en un nuevo reglamento regional de vivienda que ya está en fase de tramitación: el Ejecutivo regional prevé someterlo en las próximas semanas al preceptivo periodo de audiencia e información pública, durante el que ciudadanos y asociaciones podrán hacer alegaciones, y estima que lo tendrá aprobado en el próximo mes de julio. Estos cambios han sido anuncios por Isabel Díaz Ayuso durante el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum que ha protagonizado en la capital, durante el cual también ha adelantado que la rebaja de medio punto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que comprometió en la campaña de 2023 se va a comenzar a tramitar próximamente. El objetivo con esta nueva bajada fiscal es que entre en vigor el 1 de enero de 2027, por lo que el próximo será el primer ejercicio que se aplique y los madrileños notarán sus efectos en la declaración que presentarán en la primavera de 2028. Con el requisito de empadronamiento mínimo de 10 años, el Ejecutivo regional persigue, según ha trasladado, "priorizar la vinculación estable con la región de los beneficiarios y asegurar que los recursos públicos se destinan a quienes contribuyen de manera continuada a su desarrollo". Hace unos días, como adelantó este diario, se comenzaron a tramitar cambios en el mismo sentido en los requisitos de acceso al Plan Vive, ya que se está trabajando para que la exigencia de residencia mínima pase de tres a cinco años. Por su parte, la presidenta ha enmarcado novedades que afectan al fenómeno de la ocupación ilegal en su "lucha" contra ella "a pesar de tener unas competencias limitadas". Seguirá ampliación.