Moncloa demora la recuperación de las medidas del decreto social ante la dificultad de armar una mayoría

2026-03-03 - 05:43

El Gobierno sigue buscando una forma de recomponer el llamado decreto social, que la semana pasada naufragó en el Congreso al no reunir los apoyos suficientes para su convalidación. El rechazo de Junts y del PP responde a un escollo que sigue bloqueando cualquier entendimiento: la inclusión de la prohibición de desahuciar a familias vulnerables que no puedan asumir el pago del alquiler. Sin embargo, la retirada de esta medida tampoco garantiza una salida, ya que su mantenimiento constituye una línea roja para los socios de izquierdas del Ejecutivo. En este contexto, fuentes de Moncloa admiten que el Ejecutivo "sigue buscando consensos", por lo que descartan llevar el decreto —o parte de su articulado— al Consejo de Ministros previsto para este martes. En el Gobierno asumen que Junts podría facilitar la aprobación del decreto si se suprime dicha medida, pero reconocen que ese movimiento les dejaría sin el respaldo de los grupos de izquierdas. "La geometría variable es compleja", resumen en el entorno del presidente. En todo caso, lanzan un órdago a sus socios, al asegurar que esa complejidad de conformar una mayoría en el Congreso para sacar adelante esta medida la tienen todos los grupos, no solo el Gobierno. El pasado viernes, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que se estudiaría "en el interior del Gobierno" cómo recomponer la aritmética parlamentaria necesaria para sacar adelante "la mayor parte de las medidas" incluidas en el decreto. Subrayó, no obstante, que "absolutamente todas" son, a su juicio, necesarias. Aunque no concretó la fórmula, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró la semana pasada que su ministerio junto con el de Presidencia y el de Derechos Sociales estaban trabajando para dar una respuesta. Respecto a los apoyos parlamentarios, la vicepresidenta primera insistió en reivindicar el diálogo como principal herramienta para "concitar la capacidad de que el bienestar llegue a los ciudadanos". "Hay que pulsar el sentir de los grupos y, a partir de ahí, ver cuáles son las posibilidades", afirmó. Moncloa asegura que ese diálogo con los socios está abierto desde que decayó el decreto el pasado jueves, pero que no solo deben buscar consensos con los grupos de la izquierda, también con Junts, cuyos votos son imprescindibles para cualquier convalidación. Dado que sigue sin existir un plan que a día de hoy pueda salvar estas medidas, fuentes oficiales del Gobierno descartan que este martes el Consejo de Ministros vaya a dar algún paso para salvarlas. Lo único que señalan desde el entorno del presidente es que si la izquierda "cambia de opinión" respecto a la incorporación de la prohibición de desahuciar a familias vulnerables, ellos estarán dispuestos a hablar. Junts y las izquierdas, posturas contrapuestas No obstante, por el momento esa cesión parece lejana, dado que Junts y los socios de izquierdas de la Moncloa están tirando del Gobierno en direcciones opuestas. La formación que lidera Carles Puigdemont solo se muestra dispuesta a apoyar el decreto de escudo social si se excluye cualquier medida de protección contra los desahucios, mientras formaciones como ERC, EH Bildu, BNG o Podemos rechazan de plano esta posibilidad. Fuentes de estos partidos confirman que el Ejecutivo se ha puesto en contacto con ellos en los últimos días para intentar buscar un punto de encuentro, aunque por ahora no ha tenido éxito. Junts dejó claro la semana pasada que no le tiembla el pulso a la hora de tumbar la prohibición de los desalojos de familias vulnerables, pese a que es una medida que apoyaba hasta hace apenas unos meses. Y no le valen medias tintas: el jueves pasado, los de Puigdemont derribaron por segunda vez el decreto de escudo social en el Congreso pese a que el Ejecutivo había intentado ganarse su apoyo rebajando la protección antidesahucios para que no pudieran beneficiarse de ella los inquilinos cuyos caseros tuvieran uno o dos pisos. Fuentes de la formación independentista aseguran que no tienen mayor problema con aprobar el resto de las medidas del escudo social, que incluye, por ejemplo, la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, ayudas extraordinarias para los beneficiarios del bono social eléctrico o la prohibición de cortar la luz, el agua y el gas a las familias que no los puedan pagar. Para Junts, la línea roja es volver a congelar los desahucios, y a cambio los de Puigdemont se limitan a exigir al Gobierno que se encargue de pagar en los tribunales la deuda contraída por los inquilinos con los caseros —ya sean pequeños propietarios, dueños de más de 10 viviendas o empresas— para paralizar los procedimientos. Eso es algo que ya estaba ocurriendo ahora mismo, porque el decreto establecía una línea de ayudas para que los propietarios no perdieran dinero por no poder echar de su propiedad al arrendatario que no podía satisfacer las cuotas. No obstante, Junts no quiere recuperar ese modelo, sino que los procedimientos judiciales de desahucio sigan adelante y que el Estado proceda a su "enervación" (su paralización) pagando la deuda. Esta vía, no obstante, no cubriría a todas las familias vulnerables: la ley establece que, incluso si el Estado se ofreciera a hacerse cargo de las cuotas adeudadas, el propietario podría rechazar la enervación del desalojo si ha requerido sin éxito a su inquilino el dinero que le debe al menos 30 días antes de presentar la demanda para expulsarlo. Frente a este modelo, ERC, EH Bildu y BNG han intentado ejercer presión en la dirección opuesta a la de Junts registrando conjuntamente un paquete de enmiendas para blindar la prohibición de desahuciar y de cortar los suministros básicos a familias vulnerables, con discapacidad o en situación de dependencia. Las formaciones nacionalistas proponen que estas medidas estén incluidas en el proyecto de ley de dependencia, que está dando los primeros pasos de su tramitación en el Congreso. El problema es que estas iniciativas, incluso si reunieran mayoría para ser incluidas en el texto (para lo cual necesitarían el apoyo de Junts), no entrarían en vigor hasta que la norma completa fuera aprobada, para lo que aún faltan meses.