Moncloa evita confirmar un tercer intento de aprobar el decreto social mientras crece la presión de sus socios para salvar las ayudas

2026-02-27 - 05:13

El Gobierno se ha vuelto a dar de bruces por segunda vez en apenas un mes en el Congreso al no conseguir convalidar el decreto del 'escudo social'. El texto incluía un amplio paquete de medidas, entre ellas, la prohibición de desahuciar a familias vulnerables que no puedan hacer frente al alquiler, algo que el PP y Junts rechazan de plano al entender que favorece la okupación, por lo que han votado en contra del decreto. Aunque el Gobierno recortó esta medida para intentar atraer a Junts, los de Carles Puigdemont ya avisaron en varias ocasiones a Moncloa de que no darían su brazo a torcer si el decreto incorporaba esta medida, a pesar de lo cual el Gobierno siguió adelante y se enfrenta ahora a un complicado encaje de bolillos sin un plan establecido y con la presión de unos socios de izquierdas que piden recuperar las medidas del decreto. La caída de la norma provoca que, a partir de este viernes, queden automáticamente suspendidas todas las ayudas contempladas en el paquete. El revés ha encendido el malestar entre los socios parlamentarios del PSOE, que instan al Ejecutivo a presentar de nuevo el texto ante la Cámara o a activar un 'plan B' que permita rescatar cuanto antes las medidas sociales. Desde Moncloa evitan confirmar si se aprobará un tercer decreto en el Consejo de Ministros. "Vamos a analizar y estudiar todas las posibilidades", afirman fuentes gubernamentales, que reconocen, no obstante, que de momento "no hay nada concreto". La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sí avanzó este jueves que estaba trabajando "técnicamente" con el Ministerio de Presidencia y Justicia y el de Derechos Sociales para "dar una respuesta a las familias vulnerables", aunque no concretó cómo hacerlo. En todo caso, también apeló al resto de administraciones con competencias en protección social y vivienda: "No vamos a tolerar ni un desahucio de personas vulnerables". En todo caso, en Moncloa son plenamente conscientes de que el rechazo de Junts marca una línea roja que, a su juicio, es discursiva: votarán en contra de cualquier medida que incluya la moratoria antidesahucios o que puedan relacionar con la okupación. Ante la imposibilidad de abrir una negociación, la frustración ha calado entre los socialistas, hasta el punto de que han elevado el tono contra Junts, algo que no suelen hacer dado que dependen de sus votos para avanzar su agenda legislativa. Sin embargo, la presión sobre el grupo de Carles Puigdemont no ha logrado otra cosa que ahondar la distancia que se abrió tras la ruptura con el Gobierno a finales del año pasado. El escenario se complica para Sánchez: aseguran que, a día de hoy, sus socios de izquierdas se niegan a separar la medida antidesahucios del decreto, dejando al Gobierno nuevamente entre la espada y la pared. Frente a esta situación, el Ejecutivo busca deslindarse de la responsabilidad por la caída del decreto, apuntando hacia la derecha, mientras abre la puerta a que sean los propios grupos de izquierdas quienes propongan una alternativa que permita sacar adelante estas medidas. "El Gobierno promovió dos veces el escudo. Ellos también pueden transitar esa senda presentando una ley", señalan fuentes gubernamentales. En cualquier caso, y ante la presión de las últimas horas por parte de la izquierda, tampoco descartan presentar un tercer decreto ni aprobar alguna medida en el Consejo de Ministros que mitigue los efectos que provoca la caída del decreto. Reconocen, eso sí, que todavía no trabajan en una propuesta concreta, entre otras cosas, porque así ganan tiempo mediático para que sea la derecha quien quede señalada por tumbar el último decreto. Junts exige pagos directos al Estado No obstante, la izquierda no comparte esa estrategia de ganar tiempo y ha comenzado ya a moverse para buscar vías con las que mantener activas las medidas contenidas en el decreto de escudo social, incluida la protección antidesahucios. Los primeros en mover ficha fueron ERC, EH Bildu y BNG, que, apenas unas horas después de que el texto fuera derribado, anunciaron que presentarán conjuntamente un paquete de enmiendas para blindar la prohibición de desahuciar y de cortar los suministros básicos a familias vulnerables, con discapacidad o en situación de dependencia. Los tres partidos nacionalistas registraron estas enmiendas en el proyecto de ley de dependencia, que se está dando los primeros pasos de su tramitación en el Congreso. El problema es que estas propuestas, incluso si reunieran mayoría para ser incluidas en el texto (para lo cual necesitarían el apoyo de Junts), no entrarían en vigor hasta que la norma completa fuera aprobada, para lo que aún faltan meses. Y hasta entonces, al haber sido derribado el escudo social este jueves, se podrían seguir produciendo desahucios y cortes de luz, agua y gas a familias que no los pueden pagar sin ninguna cortapisa legal que los limitara. Estas tres formaciones, y otras como Podemos, se mostraron este jueves muy críticas con un Junts al que acusaron de "fomentar la aporofobia". No obstante, fuentes de los independentistas se defienden y aseguran que es el Gobierno el que no ha querido escuchar sus "soluciones" para evitar que las familias que no pueden pagar el alquiler se queden en la calle y que, a la vez, los propietarios cobren los alquileres. Estas fuentes explican que su propuesta pasa por reactivar todos los desalojos que estaban congelados y, a su vez, promover la "enervación del desahucio", una herramienta jurídica por la cual un juez puede parar los procedimientos si el inquilino paga todo lo que debe al casero. Al tener bajos ingresos todas las familias que se estaban beneficiando hasta ahora de la congelación de sus procedimientos de desahucio, Junts asegura que esa deuda debería asumirla el Estado, algo que ya estaba ocurriendo ahora mismo, porque el decreto establecía una línea de ayudas para que los propietarios no perdieran dinero. Los independentistas apuestan por que se pague con dinero público todo lo que se debe a los caseros, sean estos pequeños propietarios, dueños de más de 10 viviendas o empresas. No obstante, la ley establece que, incluso si el Estado se ofreciera a hacerse cargo de esta deuda, el propietario podría rechazar la enervación del desahucio (su paralización) si ha requerido sin éxito a su inquilino el dinero que le debe al menos 30 días antes de presentar la demanda de desalojo.