Moncloa prepara un decreto anticrisis a medida del PNV y Junts y da largas a las propuestas sobre vivienda de sus socios

2026-03-19 - 05:00

La falta de una mayoría progresista en el Congreso obliga al Gobierno a ceder a las exigencias de sus socios conservadores, PNV y Junts, para poder sacar adelante el decreto para amortiguar el impacto de la guerra de Irán. Moncloa evita concretar el contenido de un paquete de medidas que sigue en formato de borrador hasta concitar los apoyos suficientes. Con las negociaciones aún abiertas, asumen que se tendrán que conformar con un decreto de mínimos que incluya solo aquello que garantice apoyos suficientes y, en particular, el de Junts. Esto ha tensado la relación con sus aliados de izquierdas, que reprochan que los socialistas les estén dando largas para no incluir las medidas para amortiguar la crisis de la vivienda que reclaman desde hace días. La única pista de aterrizaje que les plantea Moncloa es incorporar sus propuestas en un futuro decreto que ni siquiera está sobre la mesa, admitiendo que en este priorizará el apoyo de sus socios conservadores. El choque de la coalición, que ya se prolonga varios días, se avivó este miércoles durante la sesión de control al Gobierno. Esta jornada sirvió para que los socialistas empezasen a asumir que la negociación volverá a ser 'in extremis' y muy complicada al tener que concitar los apoyos suficientes para convalidar un decreto anticrisis que no solo piden todos los grupos, sino también los sectores afectados. Hasta el momento, Moncloa no descartaba el respaldo del PP, pero el aviso de Alberto Núñez Feijóo de que no contara con su apoyo si el formato iba a ser de decreto 'ómnibus' fue recibido como un portazo por los socialistas. Esto supone un nuevo dolor de cabeza para Moncloa, que no las tiene todas consigo para reunir el apoyo de sus socios. Los grupos de izquierdas llevan días pidiendo que el decreto incluya medidas como la prohibición de desahuciar a familias vulnerables o la congelación de los alquileres que se tienen que renovar este año. Sin embargo, tras jornadas de evasivas, el Gobierno ha terminado dando un portazo difícil de disimular, precedido de dos serios avisos durante el pleno por parte de PNV y Junts. Los nacionalistas vascos instaron a Sánchez a no "jugársela" de nuevo con iniciativas sin consenso, mientras la formación de Carles Puigdemont fijó una línea roja nítida: votará en contra de la convalidación si se mantiene la moratoria antidesahucios. Bajo esa presión, en Moncloa ya asumen que el decreto del viernes buscará, ante todo, maximizar apoyos, incluso a costa de sacrificar las principales demandas de sus socios de coalición y del bloque de izquierdas. "Podríamos ir mucho más allá, pero hay que ser conscientes", apuntó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para dar por muertas ambas medidas. De momento, de lo que se sabe del decreto es que las medidas ponen el foco en los sectores más afectados por este 'shock' económico causado por la guerra, particularmente en el transporte, la logística o el sector pesquero que, junto a las industrias más intensivas en el uso de energía, son especialmente sensibles a una coyuntura como la actual. Como la ministra, varios miembros del ala socialista del Gobierno iban alejando cada vez más las posibilidades de incluirlas en el decreto. Como máximo, en el Ministerio de Vivienda se abren a limitar al 2% la subida de los alquileres, lo que en este momento no supone más que un gesto y una pista de aterrizaje para sus socios puesto que los contratos de alquiler anteriores a la ley de vivienda se actualizan conforme al IPC interanual, que en febrero se situó en el 2,3%. Pesimismo entre los socios de izquierdas El enfado a su izquierda por una medida que consideran totalmente insuficiente tuvo su escenificación pública en los pasillos del Congreso. A la salida del Pleno, los periodistas le preguntaron al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, si ese decreto incorporaría finalmente medidas de vivienda. Pero, en lugar de contestar Bolaños, fue la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid la que se adelantó respondiendo por detrás con un "seguro", a lo que el dirigente socialista se apresuró a apostillar: "No tan seguro diría yo. Vamos a trabajarlo". Es lo que llevan toda la semana repitiendo desde Sumar. Para ellos es una prioridad "absoluta" que en el escudo social figuren medidas sobre la vivienda, en especial la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año y cuya renovación está aumentando los precios de la renta mensual hasta el 50% en algunos casos. Y aunque los socialistas les den largas y muestren sus reticencias, los socios minoritarios no cejan en su empeño: piensan que todavía hay tiempo para conseguirlo en una negociación que se prevé que se alargue hasta las últimas horas. Sin ir más lejos, este miércoles el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, dijo no saber "cuál es la razón para resistirse a proteger a millones de inquilinos en España" con la introducción de la iniciativa, y en la misma línea se manifestó la ministra de Sanidad, Mónica García, que sostuvo que sería "inconcebible" que el PSOE no diera su brazo a torcer en este asunto. La situación llevó incluso a que la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, abandonase esta semana su habitual tono sosegado y se preguntase abiertamente "a qué o a quién tiene miedo" el PSOE para no acceder aceptar la prórroga de los alquileres. A pesar de la persistencia del ala minoritaria del Gobierno, fuentes al tanto de la negociación no ocultan su pesimismo: "No hay noticias, y eso no es bueno", abundan, aunque no descartan que a última hora Sumar incorpore el tope del 2% a la subida interanual de los alquileres firmados antes del 26 de mayo de 2023, cuando entró en vigor la Ley de Vivienda. Esto podría conformar, a lo sumo, a sus socios de coalición que, en todo caso, tampoco han conseguido el compromiso de Sánchez para aplicar topes de precios no solo a la vivienda, sino a los carburantes o a la luz y el gas. De hecho, Moncloa aboga más por la fórmula de las rebajas fiscales que exigen Junts y PNV. El PP insiste en las rebajas fiscales Son medidas que también pide el PP y, de hecho, el Gobierno reconoce que algunas de las que se plantean en el decreto podrían "coincidir" con las que les propusieron los de Feijóo hace ya más de una semana. Fue algo en lo que insistió el líder del PP este miércoles en la sesión de control, donde le pidió a Sánchez que copiase sus medidas para así contar con su apoyo. "Por una vez, haga lo correcto y baje el IRPF, el IVA a la energía, los impuestos a los carburantes y el gasóleo profesional", espetó a Sánchez. "La advertencia es clara", insisten en Génova, "o hace un decreto sin medidas intrusas o que no cuenten con nuestro apoyo". Aun así, reconocen que la intención era arrancarle al presidente algo más del contenido del texto que se aprobará en el Consejo de Ministros extraordinarios de este viernes, porque no ha habido ningún contacto más entre Félix Bolaños y Ester Muñoz, más que la primera llamada cuando hizo la ronda con todos los grupos. Sánchez no adelantó mucho más, por lo que el PP insiste en su receta: rebajas fiscales. La única medida que se ha tomado en el Gobierno ha sido liberar los primeros barriles de gasolina, gasóleo y queroseno tras el pacto en la Agencia Internacional de Energía para tratar de bajar los precios de los combustibles; pero consideran que "no es la medida que la gente está esperando" mientras Hacienda sigue con la "recaudación extra". Con este asunto, los populares vuelven a señalar la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo: "Si tienes mayoría de derechas, no intentes hacer políticas de izquierda". Y, si no, insisten en que si no les convence el contenido del decreto, no les temblará el pulso para oponerse. En ese caso, "que busquen a Puigdemont o a Belarra", zanjan.