Moncloa tropieza con la misma piedra un año después a la hora de subir las pensiones: del palacete del PNV al veto a los desahucios

2026-01-28 - 05:00

El Congreso vivió este martes, con prácticamente un año exacto de diferencia, una situación que ya se produjo en circunstancias muy similares en 2025. PP, Vox y Junts sumaron sus votos contra la convalidación del decreto de escudo social aprobado por el Gobierno, que incluía medidas como la prórroga de la suspensión de los desahucios de familias vulnerables o la prohibición de cortar los suministros de luz, agua y gas, pero también la revalorización de las pensiones para 2026. Las tres formaciones criticaron que el Ejecutivo hubiera incluido dos cuestiones tan distintas en un mismo texto legal. Y llueve sobre mojado, puesto que en enero de 2025 la Moncloa también sufrió una dura derrota parlamentaria a la hora de ratificar la subida de las pensiones entre quejas de los mismos partidos por haber mezclado varios asuntos en un mismo decreto. Esa práctica, la de aprovechar un solo decreto para despachar de una tacada materias muy diferentes, es una práctica no solo legal, sino también relativamente habitual tanto en este Gobierno como en los que le han precedido, así como en ejecutivos autonómicos de todo color político. No obstante, lo cierto es que suele generar críticas de los grupos parlamentarios porque, en ocasiones, les fuerza a aceptar medidas con las que no comulgan para que el texto legal en su conjunto no decaiga. Por ejemplo, el PNV, a pesar de que es un socio estable del Ejecutivo y de que este martes votó a favor del decreto de escudo social y prórroga de las pensiones, afeó durante la sesión plenaria a la Moncloa que hubiera utilizado esta estrategia. Los nacionalistas vascos, pese a sus quejas, sí consideraron que en la balanza pesaba más no derribar la subida de las pensiones a castigar al Gobierno por haber incluido en el decreto asuntos como la suspensión de los desahucios a las familias que demuestren que no pueden pagar el alquiler, una medida que el PNV no termina de compartir. Por el contrario, PP, Vox y Junts hicieron una valoración diferente. "Ayudar a los vulnerables claro que sí, pero eso es responsabilidad de la administración, no del pequeño propietario", pero "dejar tiradas a las personas que sufren las okupaciones nunca, ni dar por buenos los impagos", sostuvo la portavoz independentista Míriam Nogueras, pese a que las medidas antidesahucios solo amparaban a los okupas cuando el piso en cuestión pertenecía a un propietario de más de 10 viviendas o a una empresa. La situación es muy similar a la vivida hace tan solo un año, en concreto el 22 de enero de 2025. Entonces, los mismos grupos parlamentarios —PP, Vox y Junts— derribaron el decreto por el cuál se extendían hasta el 31 de diciembre de ese año las medidas del escudo social, entre ellas la suspensión de los desahucios de personas vulnerables o la prohibición de los cortes de luz, agua y gas. El texto, como en el caso de este martes, también incluía la revalorización de las pensiones, y además el Gobierno encuadró en esa misma iniciativa los descuentos y ayudas al transporte público, que este año ha decidido votar por separado (y que este martes fueron convalidados en el Congreso). El año pasado, no obstante, PP, Vox y Junts no defendieron abiertamente que su oposición al decreto se debiera a que incluía medidas antidesahucios. Los motivos que esgrimieron en 2025 fueron diferentes: los populares, por ejemplo, denunciaron que el Gobierno incluyera en el texto la transferencia al PNV de la titularidad de un palacete en París. Se trataba de un edificio que fue robado por la Gestapo, la policía secreta del régimen nazi que gobernó Alemania entre 1933 y 1945, y que posteriormente fue entregado al Estado español en tiempos de la dictadura de Francisco Franco. Para el PP, no obstante, su devolución al PNV suponía un "chantaje", mientras Vox acusó al Gobierno de "regalar parte del patrimonio del Estado a un partido separatista". Los argumentos que esgrimió Junts para defender su rechazo al decreto, por el contrario, fueron mucho menos específicos. Nogueras acusó al Gobierno de haber intentado "tentar a la suerte", le espetó que no votaría un acto de "piratería" y aseguró que actúa en base al "trilerismo, manipulaciones, chantajes e incumplimientos". "Hace semanas que Puigdemont advirtió de que mientras no cumplan, no cuenten con Junts. Lo que pasa hoy es fruto de la negligencia del PSOE", aseveró Nogueras, que insistió en que el "chantaje y la presión" no tienen efectos sobre Junts. Dos semanas después, y tras una gran polémica por el hecho de haber tumbado medidas como la subida de las pensiones, la fijación del salario mínimo o las ayudas para los afectados por la DANA, PP y Junts cambiaron el sentido de su voto y convalidaron un nuevo decreto presentado por el Gobierno. El texto no era exactamente igual: la Moncloa se vio obligada a excluir las medidas tributarias, las ayudas a empresas electrointensivas o iniciativas relacionadas con fomentar la vivienda protegida. Pero sí se mantuvieron la revalorización de las pensiones, las bonificaciones para el transporte público, las ayudas relativas a la DANA, la prohibición de los desahucios... y la cesión del palacete parisino al PNV. El decreto, por tanto, seguía tocando todo tipo de materias.