Multirreinciencia y seguridad ciudadana
2026-02-17 - 06:15
¿Es España un país seguro?. Según el Ministro del Interior Grande-Marlaska, el más seguro o uno de los más seguros del mundo. Sin embargo, los datos no siempre coinciden con la información ministerial. Según el Índice del Global Peace de 2025 nuestro país ocupa la posición vigésimo quinta entre más de 163 países analizados. Es, sin duda, uno de los más seguros de Europa, por delante de Francia, Reino Unido o Italia, pero por detrás de Austria y Finlandia, por poner algún ejemplo. España, no obstante, ha pasado del puesto 23 en el año 2024 al 25 en el pasado 2025. Este dato puede acreditarse por el aumento de la delincuencia (5,39%) y de la población reclusa que se sitúa en la actualidad en 62.522 internos, de los que en torno al 28% (17.500) son extranjeros (sin incluir los comunitarios), en especial marroquíes, colombianos, rumanos y argelinos. La percepción de la seguridad ciudadana varía mucho de unas ciudades a otras y no digamos de determinados barrios o zonas como ocurre en casi todos los países. La gran urbe (Madrid, Barcelona o Valencia) es más proclive a la alta (organizada) y baja delincuencia que las ciudades medianas o pequeñas o el medio rural. En determinadas zonas como la Costa del Sol o Comunidad Valenciana o zonas costeras, la delincuencia organizada opera con más asiduidad. El dato de masificación de las cárceles es más alto en Madrid y Andalucía, en especial en la Prisión de Puerto III (1300), que en el norte donde prisiones como las de Soria están infrautilizadas. Quedan fuera de estos datos la realidad de las prisiones transferidas, las de Cataluña y País Vasco, en especial tras la transferencias al Gobierno Vasco, donde las excarcelaciones (semilibertad) de presos etarras como el Jefe de ETA Txeroki, levantan ampollas entre las víctimas y entre muchos ciudadanos españoles. Pese a estos datos, que revelan en general, salvo excepciones, una gestión razonable de la seguridad ciudadana, no siempre los datos reflejan la realidad, en relación hoy con los hurtos de móviles y otros aparatos electrónicos, el suministro de combustibles a las narcolanchas (las llamadas petacas), delitos cibernéticos (phishing y otros) y robo tanto de materiales en la Industria (cable de cobre en el ferrocarril ) y otros elementos en instalaciones agropecuarias. Pues bien, el pasado jueves el Congreso de los Diputados aprobó por una inmensa mayoría (302 votos, 36 en contra y 8 abstenciones) la proposición de ley en materia de multirreinciencia, que había sido presentada por Junts en 2024 y que el Gobierno ha impulsado para contentar o tratar de contentar a su socio parlamentario catalán tras el anuncio de este últimos de retirar su apoyo al Gobierno de Sánchez. La reforma abarca la modificación del Código Penal (CP) en varios artículos y de la Ley de enjuiciamiento Criminal (LECRim). Algunos pensaran que el Gobierno y su grupo parlamentario han hecho de la necesidad virtud aprobando en el Congreso esta proposición de Ley orgánica de Junts, que trata de poner coto, entre otros delitos a los hurtos de menos de 400 euros, con prisión siempre que sean multirreincidentes, es decir que hayan cometido al menos tres delitos, así como medidas cautelares de alejamiento en determinados casos (modificación del articulo 544 bis del Código Penal). Ni que decir tiene que esta iniciativa de Junts solicitada por los alcaldes catalanes y que será bienvenida en toda España trata de evitar el conocido y penoso proceso de que los ladrones entren por la puerta policial y salgan por la judicial al no contar estos últimos con herramientas jurídicas que lo eviten. La cuestión de la multirreincidencia es un viejo tema conocido y debatido. Pero es cierto que en los últimos años la estadística policial acredita un aumento considerable de estos delitos menores. Los grupos de la izquierda populista (Sumar y Podemos), han votado en contra bajo el argumento que la cárcel no es solución pensando que un numero potencial de delincuentes provendrán, aunque no solo, de la emigración irregular, lo cual plantea en nuestro país un debate que no siempre se encara desde la racionalidad, sino desde la perspectiva ideológica. Sea como fuere esta proposición de ley, que trata de mejorar la seguridad ciudadana para delitos menores, según los casos, deberá someterse tanto al escrutinio y evaluación posterior como a su eficacia mediante la dotación de medios judiciales, debiendo recordarse que, si bien todavía no entrará en vigor hasta su aprobación por el Senado y vuelta al Congreso si se introducen enmiendas, se hace en plena reorganización de los juzgados en Tribunales de instancia en el marco de la LO 1/2025, de eficiencia de la Justicia, lo que no dejará de presentar dificultades. El trabajo parlamentario está encauzado, habrá que ver sus resultados.