Niña y de 13 años, el perfil de los menores que sufren violencia sexual por redes: el 25% son sus familiares

2026-01-29 - 11:30

La edad media de los menores víctimas de violencia sexual a través de las redes sociales y/o internet es de 13 años y las niñas representan el 60,7% de los casos. Estas son las principales conclusiones del informe Tras la pantalla: violencia sexual contra la infancia en el entorno digital publicado este jueves y elaborado por Save the Children, que también recoge que el 65,2% de los casos acaban con sentencia condenatoria, lo cual supone un "descenso significativo" respecto al 96,7% de 2021-2022, y que en el 42% no se menciona o no consta la aplicación de medidas cautelares. Tras analizar 23 sentencias correspondientes a 28 casos de agresiones sexuales online (también conocidas como online 'grooming') ocurridos en el periodo 2023-2024, todos judicializados y con resolución, la organización señala que el agresor responde al perfil de hombre que en el 78% de los casos no tiene antecedentes penales, el 41,7% pertenece al entorno conocido de la víctima, en el 33,3% de los casos son personas desconocidas, y el 25% corresponde al ámbito familiar, un porcentaje significativamente superior al 3,3% observado entre 2021 y 2022. Las denuncias por este tipo de delitos han aumentado un 13% en dos años al pasar de 954 en 2022 a 1.078 en 2024, según los datos del Ministerio del Interior. El trabajo recuerda que los datos oficiales sobre las denuncias por delitos sexuales en el entorno digital "son solo la punta del iceberg", pues una encuesta de la propia ONG realizada en 2025 a un millar de jóvenes en España arrojó que el 97% de los participantes aseguró haber sufrido algún tipo de violencia sexual online cuando eran menores de edad. Según este análisis, en el 60,7% de los casos analizados, la víctima era una niña y en el 39,3%, un niño. Para los autores, "esto confirma la predominancia de víctimas femeninas, pero en una diferencia menor entre niños y niñas que en el abuso físico". Además, la edad media entre las víctimas sigue situándose en torno a los 13 años, sin diferencias entre chicas y chicos. Respecto del perfil de los agresores, en todas las sentencias analizadas el acusado era un hombre y en el 78% de los casos no contaba con antecedentes penales. En cuanto a su relación con la víctima, en el 41,7%n de los casos pertenecía al entorno conocido de la víctima; en el 33,3%, eran personas desconocidas; y en el 25% correspondían al ámbito familiar, un porcentaje significativamente superior al 3,3% observado durante el periodo previamente analizado, entre 2021 y 2022. Otro aspecto recogido es que en el 12% de las sentencias analizadas hubo más de una víctima, lo que supone "un notable descenso en la tendencia observada en el periodo anterior". Desde Save the Children consideran que "esto se ajusta al modus operandi típico del 'grooming' en el que el contacto es personalizado, adaptando la estrategia de contacto y manipulación a la víctima". Descenso de las condenas El nuevo estudio refleja que en el 65,2% de los casos, el fallo de la sentencia es condenatorio, "lo que supone un descenso significativo respecto al 96,7% de condenas en 2021-2022", que fue el primer periodo analizado por la entidad. El trabajo publicado este jueves agrega que "las absoluciones se deben principalmente a que no se considera que concurran todos los elementos exigidos por el tipo penal y, en otros casos, la falta de pruebas. En el 71,4% de los casos en los que se impuso pena de prisión, la duración de la pena fue de más de 3 años. Las penas de prisión de entre 1 y 2 años constituyen el 14,3%" . "La pena accesoria de inhabilitación para trabajar en profesiones o cargos que requieran contacto con menores de edad se aplica en la mayoría de casos, pero todavía hay sentencias que no la incluyen, pese a ser de obligada aplicación tras la modificación del Código Penal introducida por la [Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia] LOPIVI", advierte el documento. En cuanto a los medios de prueba, el informe observa que el medio que más veces se emplea es la declaración de la víctima, apareciendo en el 96% de las sentencias, seguido de la prueba documental y la pericial psicológica. Asimismo, los autores advierten de que en el 42% no se menciona o no consta la aplicación de medidas cautelares. En los casos en los que sí se mencionan, la medida cautelar más utilizada sola o en conjunto con otras es la libertad condicional (en el 26% de los casos), seguida de la prisión provisional con una orden de alejamiento (10%). "Se produce así un cambio de tendencia respecto a 2021-2022, en el que la medida más utilizada fue la prisión provisional", reza el informe. En casi la mitad de los casos (el 43,7%), el estudio recoge que es la madre de la víctima quien interpone la denuncia ante las autoridades, lo cual mantiene la tendencia de la madre como principal denunciante en estos casos. El análisis halla también un porcentaje "significativo" dedenuncias que proviene directamente de la víctima (el 37,5%). El padre, por su parte, aparece como denunciante en el 12,5% de los casos. El estudio recoge de forma muy resumida dos casos personales, el de María, estudiante de 6o de Primaria a la que el profesor de música de su colegio contactó por Instagram y tras descubrir la víctima su identidad real se produjeron abusos "en varias ocasiones en el entorno físico, tanto dentro como fuera del centro escolar, en ocasiones acompañados de otras formas de violencia física", y el de Laura, una chica de 16 años a la que un usuario le sometió a chantaje con imágenes capturadas durante actos sexuales realizados por videollamada por la víctima. Riesgo de revictimización durante los procedimientos Desde Save the Children han manifestado su "preocupación por la duración de los procedimientos judiciales en los casos de violencia sexual digital contra la infancia y la adolescencia", ya que en el periodo analizado, más del 60% de los casos duran tres años o más y un 14% supera los cinco años. Además, el 65% de las víctimas declara más de dos veces antes del juicio, lo cual "incrementa el riesgo de revictimización". Al mismo tiempo, la organización condidera que aunque ha aumentado el uso de la grabación del testimonio, todavía no se aplica de forma sistemática. "Obligar a un niño o niña a repetir su caso una y otra vez supone revivir el daño. En el artículo 499 ter de ley de Enjuiciamiento Criminal ya establece la obligatoriedad de la prueba preconstituida para los menores de 14 años, una protección que debería ampliarla a los mayores de esa edad. El sistema debe estar preparado para escuchar una sola vez y hacerlo bien", ha señalado la directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Childre, Catalina Perazzo. "El aumento de denuncias es una señal de que el problema empieza a visibilizarse, pero también confirma que la violencia sexual es una lacra que se extiende en distintos ámbitos del entorno digital. Internet continúa siendo un espacio inseguro para los niños y niñas", ha concluido Perazzo.