No basta con educar

2026-02-15 - 08:15

En las últimas décadas del siglo pasado salías a la calle y había tantos jóvenes que uno confundía la abundancia con la eternidad. Las calles nos pertenecían por saturación. Sin embargo, mientras íbamos de un sitio a otro y protagonizábamos la movida madrileña u otras movidas paralelas o subsidiarias sufrimos dos emboscadas: la aguja —sobre todo en los ochenta— y el asfalto, que apenas distinguió entre décadas. El telediario abría con Reagan y Gorbachov o con Bush padre y Sadam Husein, y cerraba con el parte de guerra doméstico: los muertos del fin de semana en carretera. Era una información rutinaria, como la meteorológica: "Siete jóvenes fallecidos". Luego uno salía del bar y regresaba como podía: autobús nocturno, moto sin casco, coche con cinco dentro y todos bebidos, especialmente el conductor. Moríamos porque, estadísticamente, era razonable morir en esas condiciones. Los padres hicieron lo que supieron. No lograron instalar en nosotros una idea elemental: no se conduce borracho y no se sube uno al coche de un conductor que huele a ginebra. La educación doméstica competía contra una cultura que trivializaba la imprudencia. Hasta que se tomó una decisión política: detener la sangría. Se endurecieron las sanciones, se generalizaron los controles, negarse a soplar dejó de ser una travesura y pasó a ser un delito. El coche del conductor borracho se inmovilizaba; la multa dolía más que la resaca y la negativa a soplar terminaba en el calabozo. Y las cifras descendieron. No fue un milagro del cielo, fue una intervención coactiva de las administraciones públicas. La tragedia dejó de ser rutina. Traigo todo esto porque observo que la generación de mis hijos es víctima de un malentendido corrosivo. Muchos repiten que las redes sociales no deben prohibirse, que son los padres quienes deben educar. Lo dicen con el fervor de quien defiende un principio abstracto sin calcular sus efectos sobre la realidad. Pero, frente a determinados peligros, la educación doméstica apenas sirve sin un marco coercitivo que la respalde. En cualquier relación de abuso hay dos fuerzas: la que puede ser dañada y la que obtiene beneficio del daño. Los padres pueden advertir, aconsejar, vigilar. Pero quien explota la vulnerabilidad ajena —sea un depredador individual o una arquitectura tecnológica diseñada para capturar atención— solo se detiene cuando el riesgo de sanción es tangible. El problema de las redes no se limita a la pedofilia, aunque exista. Es más profundo y más banal a la vez. El chaval que leía abandona el libro; el que dibujaba deja el lápiz o el rotulador; el que conversaba ahora dialoga con un algoritmo que lo conoce mejor que sus amigos. La pantalla no es intrínsecamente malvada, pero está diseñada para retener, para excitar, para suministrar pequeñas descargas de recompensa que encadenan una hora a la siguiente. El instituto ya no termina al sonar el timbre: continúa en el teléfono, donde los conflictos se reeditan y el insomnio encuentra combustible. El hogar pierde su condición de refugio. Decir que todo debe quedar en manos de los padres es ignorar la asimetría. Los padres trabajan, se cansan, dudan. Pueden ofrecer criterio, pero no pueden competir 24 horas al día con dispositivos concebidos por ingenieros conductuales cuyo objetivo es acaparar la vida del menor. La única instancia con capacidad real para equilibrar fuerzas es la autoridad pública. ¿Cómo? Con regulación efectiva y sanciones disuasorias a las plataformas que permitan el acceso de menores —no ya de 16, sino de 18 años— a algoritmos concebidos para generar adictos. La experiencia demuestra que cuando hay multas cuantiosas y riesgo cierto de responsabilidad las conductas cambian. Dejad que Pedro Sánchez acierte, narices, aunque sea de chiripa.