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No olvidemos lo que fuimos, un país de emigrantes

2026-02-01 - 08:35

Cada mañana en nuestro país miles de personas cuidan de nuestros abuelos, trabajan en nuestros campos, atienden nuestra hostelería o construyen nuestras viviendas. Y lo hacen sin tener regulada su residencia ni contar con los derechos que posee cualquier trabajador. Tienen acceso a los servicios públicos, faltaría más, pero no pueden contribuir a su mantenimiento al encontrarse en una situación irregular. La regularización acordada y anunciada esta semana es un acto de justicia y humanidad. Además, reforzará la sostenibilidad de estos derechos y el futuro de nuestras pensiones. Llega en un momento en el que España está afrontando un reto demográfico complicado. La natalidad ha decrecido considerablemente, la generación del baby boom se está jubilando y los españoles en edad de incorporarse al mercado laboral van disminuyendo. El hecho de reconocer a personas que ya están trabajando en nuestro país, que van a poder aportar con sus cotizaciones al sostenimiento de nuestro Estado del Bienestar, indudablemente, es una buena noticia. Entre los efectos más inmediatos estará la reducción de la economía sumergida y ese aumento de la contribución a nuestros servicios públicos, evitando que se sigan tensionando. No olvidemos que, en demasiados casos, esa tensión es fruto de los recortes de los gobiernos competentes. Será necesario también, como en anteriores regularizaciones, aumentar las inspecciones y el control en frontera para que se consigan los efectos que se persiguen. Todos los gobiernos en nuestro país de distinto signo político, salvo el de Rajoy, han acometido esta práctica para integrar a personas que trabajan y viven entre nosotros. Cada una de estas actuaciones ha respondido a un parámetro similar, el acreditar una permanencia mínima, carecer de antecedentes penales y una fecha como límite a

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