Ofensiva pública contra la asignatura de Religión: «Hay que sacarla de la escuela de forma inmediata»
2026-03-02 - 13:23
Un total de 68 organizaciones sociales, políticas y sindicales han reclamado sacar la religión confesional de la enseñanza «de forma inmediata», avanzar hacia «una escuela pública y plenamente laica» y derogar los Acuerdos con el Vaticano, al tiempo que han denunciado el «inmovilismo del Gobierno». Así lo reclaman en un manifiesto publicado este lunes 2 de marzo en el marco de la campaña unitaria 2026 'Por una escuela pública y laica. Religión fuera de la escuela'. Las entidades firmantes --entre las que se encuentran Europa Laica, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA), la Confederación de Sindicatos de Trabajadores/as de la Enseñanza (STEs-i), la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Izquierda Unida y Podemos--, hacen un llamamiento a los partidos políticos, al Poder Ejecutivo y Legislativo, al Ministerio de Educación, a las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas, a la comunidad educativa y a la sociedad en general, a «lograr la plena implantación del principio de laicidad en el sistema educativo». Según las organizaciones que participan en la campaña, «en un contexto marcado por la violación del derecho internacional y el genocidio, el rearme y el auge de los discursos de odio, una educación laica, pública e inclusiva es más necesaria que nunca de cara a la construcción de una sociedad que tenga entre sus principios la convivencia pacífica, la justicia social y la libertad de conciencia». Además, advierten de que «el ascenso de los partidos de la derecha convencional y la irrupción de la extrema derecha en determinados parlamentos y gobiernos autonómicos ha seguido acentuando los procesos de mercantilización y privatización de la enseñanza, tanto por la vía de la precarización de lo público como a través de medidas de apoyo preferencial al sector privado, en su mayoría bajo control ideológico de la Iglesia Católica». Por otra parte, denuncian que «se sigue manteniendo en los centros escolares públicos a personas designadas por los obispos con la misión de impartir clases de religión para cristianizar a la comunidad educativa y hacer proselitismo religioso» y muestran su preocupación por «la aplicación de la alternativa que se está dando en las diferentes comunidades autónomas a quienes no solicitan religión». «Todo lo anterior conlleva un doble y grave perjuicio ya que, por un lado, se incrementa la segregación por motivos económicos y sociales consecuencia de las políticas de privatización, y por otro, se segrega al alumnado por motivos ideológicos desde los tres años», advierten. Asimismo, critican «las medidas xenófobas planteadas desde la extrema derecha» y añaden que «la imposición desde el ámbito familiar o social, por razones religiosas, de determinadas normas, atributos o simbología al alumnado menor de edad, no debe suponer menoscabo alguno de su derecho a la educación». En todo caso, reclaman a los poderes públicos que la escuela «ampare y apoye» a los menores «que en el ámbito escolar decidan no observar normas basadas en imposiciones religiosas que afecten a su comportamiento o a su aspecto físico, en respeto a su libertad de conciencia». «Ante la deriva de privatización, mercantilización y confesionalidad del sistema educativo, las entidades que más abajo se relacionan, preocupadas tanto por la retrograda irrupción de la extrema derecha en las instituciones, como por la inacción de un gobierno de coalición que parece haber abandonado el horizonte de una escuela pública y plenamente laica, mantenemos con toda firmeza nuestra lucha por garantizar la plena laicidad de la enseñanza», subrayan. Para ello, piden «compromisos» al Gobierno para «sacar la religión confesional de la enseñanza, de forma inmediata; dejar de financiar con dinero público el adoctrinamiento religioso en cualquier centro escolar; potenciar la Red Pública de Enseñanza; eliminar de forma progresiva los conciertos educativos, y derogar los Acuerdos con el Vaticano» así como «con otras confesiones en los que se establece la posibilidad de impartir religión en la escuela». Según ha indicado el coordinador de la campaña, Sergio López, «el número de alumnas y alumnos no matriculados en Religión ya es mayoría en los centros públicos: un 57,15%». A su vez, señala que resulta «muy significativo que este porcentaje baje hasta un 13,15% en los centros concertados, de los que 7 de cada 10 son católicos y donde las familias se verían más condicionadas (si no coaccionadas) a la hora de elegir». Las organizaciones adheridas a la campaña apuntan que «las distintas leyes educativas llevan décadas apuntalando los privilegios de la jerarquía católica a través de la pervivencia de la catequesis en todos los centros educativos en horario lectivo y de la no menos grave extensión sin límites de la escuela privada subvencionada», y critican que en los últimos años estos privilegios hayan empezado a «extenderse a otras confesiones religiosas». Asimismo, denuncian la «sumisión de los gobiernos a los intereses de la jerarquía católica», cuyos privilegios supondrían, a su juicio, «el principal obstáculo para que la escuela pública sea el eje vertebrador del sistema educativo».