Piden seis años y dos meses de prisión para dos guardias civiles por catalanofobia

2026-03-18 - 20:10

La Audiencia de Barcelona ha juzgado este miércoles a dos guardias civiles para los que la acusación particular, financiada por Plataforma per la Llengua, ha solicitado una pena de 6 años y 2 meses de prisión por presuntamente vejar a un ciudadano por hablar en catalán en el Aeropuerto de Barcelona. La acusación particular les atribuye un delito de falsedad en documento oficial, un delito de odio y un delito de coacciones por los que, además de la pena de prisión, pide que se le impongan 6 años y 10 meses de inhabilitación para ejercer un cargo público y una multa de 4.800 euros. Los hechos juzgados ocurrieron el 9 de diciembre de 2019, cuando el denunciante, un ciudadano belga de 70 años afincado desde 2015 en Bigues i Riells (Barcelona), se encontraba en la T2 con la intención de coger un vuelo a Bruselas para visitar a su familia por Navidad, cuando al cruzar los arcos de seguridad el personal detectó que llevaba algo bajo la ropa. "Le expliqué que era una bolsa de estómago porque me habían operado de cáncer de colon en enero de 2018 en el Hospital General de Granollers", ha relatado el denunciante, que ha declarado en catalán, asistido de un traductor porque el juicio se ha celebrado mayoritariamente en castellano. El denunciante explicó que no le resultaba agradable enseñarla en público al tratarse de una bolsa recolectora de heces, pero el vigilante llamó a los dos guardias civiles acusados, sintiéndose presionado a bajarse los pantalones y a mostrarla allí mismo: "Cedí a la presión porque comenzaba a pensar que no podría coger el avión". Al final de la cinta de equipajes le pidieron su carnet de identidad para denunciarlo por alteración del orden público y él entregó la documentación y les explicó que no hablaba castellano y que apenas lo entendía: "Les expliqué que mi lengua materna es el neerlandés, pero que hablo francés, inglés, alemán y catalán, y que si tenía que escoger una de las cuatro escogía el catalán porque estábamos en Catalunya". Ha señalado que los agentes de la Guardia Civil le dijeron que tenía que hablar en castellano, un idioma en el que no podía expresarse porque cuando se estableció en Catalunya aprendió catalán para comunicarse con la gente del pueblo, que no hicieron el esfuerzo de escucharlo y que uno de ellos llegó a decirle: "Estamos en España y se habla español". Posteriormente, lo condujeron a una sala, revisaron todo su equipaje y, en presencia de 6 guardias civiles, tuvo que sacarse por segunda vez el jersey, la chaqueta, los zapatos y bajarse los pantalones para enseñar la bolsa de nuevo, sin que se le explicasen los motivos: "Me sentí humillado, ofendido, herido en mi dignidad como ser humano". Cuando llegó al avión y se sentó en su asiento, después de unas "dos horas", entró un vigilante de Aena que habló con la tripulación, que lo llamó y le comunicó que debía bajarse por indicación de la policía y que encontraría su maleta en la sala de equipajes, y ha afirmado que cree que si hubiese hablado en castellano esta actuación policial no habría sucedido. Guardias civiles Uno de los guardias civiles acusados, que lleva 17 años destinado en el Aeropuerto de Barcelona, ha declarado que el personal de seguridad les requirió porque el pasajero estaba alterado y vociferando en los arcos de seguridad. Ha precisado que le dijo en castellano (el único idioma que habla) que necesitaban verificar lo que llevaba adosado en la parte abdominal en una sala para preservar su intimidad, pero que no hacía caso ni obedecía indicaciones: "El señor no entendía o no quería entender". La acusación particular, que ejerce la abogada Laia Homs, ha subrayado que la actuación fue "desproporcionada", que el denunciante no causó ninguna alteración en el aeropuerto, pues en las imágenes se ve a los pasajeros pasando con normalidad, y que no se observa que estuviese vociferando ni realizando aspavientos. Sostiene que el pasajero fue discriminado y humillado por hablar en catalán, que sufrió un registro "improcedente", que las denuncias administrativas impuestas no estaban justificadas y que hubo una coacción para que abandonara el avión una vez que había embarcado. La fiscal, que ha pedido la absolución de los guardias civiles, ha señalado que no ha quedado probado que se le exigiera hablar en castellano ni que se le pidiera que enseñara la bolsa en público, que si lo hizo fue de 'motu propio', y que los guardias civiles no intervinieron en los arcos y siguieron el protocolo realizando una sencilla inspección en una sala: "Las imágenes son tozudas".