Piden una pena "ejemplar" de 11 años para el 'yonki del dinero' tras retractarse de su confesión por ir "fumado"
2026-02-16 - 22:05
La Fiscalía ha elevado a 11 años la petición de cárcel para Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado 'yonki del dinero', por los presuntos amaños en contratos del Ayuntamiento de Valencia gracias a los cuales cobraba supuestas 'mordidas'. El Ministerio Público ha pedido al tribunal que dicte una condena "dura y ejemplar" tras retirarse la atenuante de colaboración con la justicia por la confesión inicial del acusado, ya que durante el juicio oral 'el yonki del dinero' negó su participación en los hechos. De esta forma, Benavent afirmó que no ratifica sus declaraciones en la instrucción de este caso porque cuando las realizó no estaba en sus "mejores condiciones", pues "la gran mayoría de veces" iba "perjudicado físicamente" y muchas veces iba "fumado". El Ministerio Público ha recalcado que "la corrupción es un el cáncer de la democracia": "La democracia es un sistema fuerte, pero también es la débil, hay que mimarla, hay que cuidarla, y hay que protegerla siempre y en todo lugar". Así lo ha señalado este lunes en la exposición de su informe final en el juicio que se sigue en la sección quinta de la Audiencia de Valencia por la pieza E del caso Imelsa, relativo a presuntas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia entre los años 2003 y 2007, época de la fallecida María José Alcón. El fiscal solicita así 11 años de cárcel —cinco por cohecho, seis por malversación y nueve años de inhabilitación por prevaricación— frente a los seis años y medio de cárcel que reclamaba es su escrito provisional. "Esto es la indignidad humana, el absoluto desprecio por la ley, por el procedimiento, con el buen hacer, y todo por un puñado de euros, por quedarse con 29.000 euros. ¿Merece la pena?", ha cuestionado. En esta pieza hay cinco acusados: Benavent; Vicente Burgos, exdirectivo de la Fundación Jaume II el Just —el fiscal le pide cinco años de cárcel—; y tres representantes legales o apoderados de empresas adjudicatarias —Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent—, para los que Fiscalía reclama tres años de cárcel.