Pineda sabía que le darían el solar un mes antes de la adjudicación oficial

2026-02-20 - 06:03

«Olga Pérez (esposa de Rafael Pineda) sabía que iba a ser adjudicataria con anterioridad a que fuera aprobada y comunicada la misma». Es la afirmación de la juez del caso Pineda en referencia al trato de favor que recibió el que fuera concejal socialista en la etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín como alcalde y jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y Pedro Fernández. Ahí estuvo el origen del pelotazo urbanístico con la parcela de Emvisesa de más de diez mil metros cuadrados en el Higuerón, en el barrio de Pino Montano, que ahora se investiga por Unidad Central Operativa ( UCO ) de la Guardia Civil y por la juez de la plaza número diez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla. Pineda, su mujer, el exjefe de la empresa municipal de vivienda implicado en esta trama urbanística y los dos socios de Olga Pérez, J. L. G. C. y J. G. A. L., detenidos el pasado martes fueron puestos durante la mañana de ayer a disposición de la instructora, quien ordenó su puesta en libertad con cargos. Pues bien, en el auto que decreta dicha decisión, al que ha tenido acceso este periódico, se recoge un iter de los hechos que se investigan a raíz de las diligencias practicadas por los agentes del Instituto Armado. En la presente causa, según se expone en dicho auto, existen indicios racionales de criminalidad contra los cinco investigados por hechos que podría ser constitutivos de un delito de tráfico de influencia, cohecho, prevaricación , uso de información privilegiada y un delito de corrupción entre particulares. En este sentido, hay que precisar que la UCO, de otro lado, también ha llamado a declarar como investigados no detenidos en los pasados días a, al menos, cinco personas, entre ellas el alcalde de Gines, el socialista Romualdo Garrido. Lo primero en lo que se detiene la juez en el auto es en señalar que Pineda, en su calidad de jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía habría estado haciendo gestiones para terceros ante distintas administraciones públicas a cambio de contraprestaciones económicas, todo ello a pesar de que el que fuera su jefe hasta el pasado mes de agosto, Pedro Fernández , haya salido afirmando, en sus primeras declaraciones sobre este asunto cinco meses después de las informaciones de este periódico al respecto, que los hechos no tienen nada que ver con la Administración central, sino con el Ayuntamiento de Sevilla. Pineda ejerció como jefe de gabinete en la oficina del Gobierno en Andalucía entre el 20 de julio de 2018 y el 24 de febrero de 2020, puesto al que llegó de la mano del que es su padrino político, el actual primer vicepresidente del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Con la llegada de Sandra García, fue cesado. Después fue recuperado por el cargo por Pedro Fernández en abril de 2021. Algunos de esos favores a terceros que la Guardia Civil señala son a uno de los principales investigados en una causa de narcotráfico, blanqueo de capitales y estafa millonaria a una entidad bancaria. «Si fuera del Gobierno de España te lo resuelvo yo» , llegó a decirle a este narco. Después de hacer referencia al uso que hacía Pineda de su cargo en la administración de Pedro Sánchez, la juez desgrana paso a paso las presuntas irregularidades en la operación urbanística de la parcela del Higuerón, que compró la sociedad Higuerón Real Estate, administrada por Olga Pérez, por 1,7 millones de euros tras resultar adjudicataria del proceso de enajenación en 2024. Fue la única sociedad que presentó una oferta. Pero la relación entre el solar de Pino Montano y la sociedad de la esposa de Pineda se inició nueve años antes. Fue en el verano de 2016 cuando Emvisesa echó a andar un procedimiento público para el arrendamiento de dichos suelos, que fueron alquilados, durante cuarenta años , a la sociedad de Olga Pérez. La Guardia Civil ha analizado todo el contenido de ambos expedientes administrativos, así como los movimientos bancarios de los principales protagonistas de esta operación, donde toma un papel relevante el jefe de Terciarios de Emvisesa , que fue despedido por la empresa municipal cuando se destapó este escándalo. Éste, D. M. L., comunicó a través de un correo a un socio de Olga Pérez la publicación de la licitación. Este empleado municipal era la persona encargada de la valoración de la documentación presentada para la adjudicación en arrendamiento. Sólo se presentó la esposa de Pineda, odontóloga de profesión. D. M. L. emitió su correspondiente informe el 17 de octubre. Aquí la juez señala algunas «incongruencias». A Olga Pérez se le comunica el 14 de noviembre la adjudicación, cuando ésta es aprobada en diciembre, incluso antes «se le reclaman cantidades procedentes de la publicación de la licitación, siendo la primera vez que Emvisesa arrienda un solar». Además, los contratos de subarriendo que firmó Higuerón Real Estate con tres empresas para montar en los suelos un Burger King, una gasolinera y un restaurante KFC «son de fecha anterior a la adjudicación y también por el periodo de 40 años». Por lo que, según la juez, «Olga Pérez sabía que iba a ser adjudicataria con anterioridad a que fuera aprobada y comunicada la misma». El 1 de noviembre de 2016 firma contrato de arrendamiento (con estas empresas) en representación de Higuerón Real Estate y después solicita a Emvisesa el traspaso del arrendamiento a favor de Higuerón Real Estate, por lo que «tenía información privilegiada y sabía que se le otorgaría la cesión». Hasta aquí lo concerniente al alquiler de la parcela. Tras varios intentos del PSOE en el gobierno local para deshacerse de dichos suelos, todos infructuosos. El 31 de octubre de 2023, ya con el PP en el Ayuntamiento, se realizó un nuevo informe pericial de tasación rebajando el precio, en tan solo seis meses, en más de medio millón de euros. Al proceso de enajenación en 2024 que se llevó Olga Pérez sólo se dio publicidad en la web de Emvisesa, presentándose únicamente Higuerón Real Estate, pues la esposa de Pineda era «la única persona que conocía la situación contractual de los subarriendos». Es decir, los suelos estaban bloqueados desde 2016 y eso hacía que levantara poco interés en el mercado. A pesar de los dos socios de Olga Pérez se salieron de Higuerón Real Estate meses antes de la compra de la parcela, uno de ellos, J. L. G. C., realizó varias gestiones con bancos y remitió un correo al jefe de Emvisesa de agradecimiento, aunque éste «va borrando de su correo todos los que pudieran comprometerle en relación con las dos operaciones». Así se recoge en el auto de este pasado miércoles. De hecho, una sociedad de J. L. G. C. fue la que prestó el dinero para la compra por 1,7 millones de euros, que fue vendida cinco meses después por más del doble a una filial del holding Burger King Spain. El otro socio investigado trabajaba en otra sociedad de la multinacional. Tras obtener los 2,2 millones de euros de beneficios, según la juez, se realizan transferencias a sociedades vinculadas de los investigados (los dos socios de Olga Pérez y el empleado de Emvisesa, que se llevó casi 80.000 euros). Pero también se han analizado por la Guardia Civil los movimientos bancarios de las cuentas del matrimonio Pineda-Pérez, las cuales recibieron importantes ingresos de Higuerón Real Estate, y luego a favor de familiares directos de Rafael Pineda, su hermana y su hijo. En el auto se concluye que Higuerón Real Estate se creó «con el único fin de encubrir los beneficios de los subarriendos» a las tres empresas que levantaron el KFC, la gasolinera y el Burger King y los posteriores fondos de la venta; así como que los dos socios investigados vendieron sus participaciones en Higuerón Real Estate cuatro meses antes de la venta para «encubrir su participación», pero reciben parte de dichos beneficios.