Pineda y el narco de Gines trazaron «un plan» para presionar al alcalde socialista
2026-03-05 - 06:13
El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Pineda desvela el plan urdido por el que fuera jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno y un empresario local del ocio nocturno investigado por narcotráfico para presionar al alcalde socialista de Gines, Romualdo Garrido, para conseguir la reapertura de su local de copas, sobre el que pesaba varios expedientes disciplinarios. Pineda, su esposa, Olga Pérez, dos socios de ésta Jaime G. A. L. y José Luis G. C., y el que fuera jefe de Terciarios de Emvisesa Daniel M. L., fueron detenidos el pasado 17 de febrero por su implicación en el pelotazo urbanístico con la parcela de Emvisesa del Higuerón que fue a parar a manos de Higuerón Real Estate, una sociedad de la mujer del exconcejal socialista. Los 2,2 millones de beneficios que se obtuvo por dar el pase a dicho solar en apenas cinco meses se los repartieron entre los cincos, según los investigadores de la Guardia Civil. Pero en esta causa, que instruye un juzgado de Sevilla capital, también existe otra línea de investigación, donde el «nexo común» es el propio Rafael Pineda. En este caso, por su intermediación entre el empresario investigado por narcotráfico y Romualdo Garrido para la adjudicación final de una licencia de apertura del establecimiento Green House en el municipio de Gines. «La influencia acreditada por parte del investigado (Pineda) sobre el alcalde habría sido 'pagada' mediante invitaciones a consumiciones en el propio local para Pineda y otros». Este local y su dueño están siendo investigados por delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, para lo cual se habría generado un entramado societario del que forma parte dicho bar de copas. Precisamente, esta investigación original sobre narcotráfico y los pinchazos telefónicos a los principales implicados, entre ellos el empresario de Gines, fueron los que llevaron a la Guardia Civil hasta una persona vinculada a la Delegación del Gobierno , que resultó ser Rafael Pineda, quien desembarcó en la oficina de la Plaza de España en 2018 de la mano de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, actual vicepresidente del Congreso de los Diputados y 'padrino' político del ahora investigado. En dichas grabaciones, que la defensa de Pineda considera nulas de pleno derecho, se escucha a éste admitir que se ha partido «la cara» para sacar a Romualdo Garrido del caso de la Pará de Gines , todo ello en el marco de la intermediación y reuniones que llevó a cabo con el regidor para favorecer la reapertura del Green House. Según el último informe de la UCO, con fecha del mismo día de las detenciones, se expone que Pineda, «aprovechando su cargo como jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía (en este caso Pedro Fernández), así como los diferentes contactos atesorados durante el ejercicio de los cargos públicos que anteriormente ocupó, habría usado sus influencias para facilitar gestiones ante distintas administraciones públicas y organismos dependientes de ellos, en beneficio propio y de terceros, recibiendo contraprestaciones por dichas gestiones». En este caso, Pineda «habría influido» sobre el alcalde para que éste, desde su cargo en el Ayuntamiento , facilitase la reapertura del bar y que fue clausurado por las numerosas infracciones cometidas en el proyecto de la reapertura del local varios años antes. El empresario investigado, a través de un amigo en común, se puso en contacto con Pineda para explicarle su situación e influir en la tramitación de un último expediente para conseguir la autorización administrativa y la reapertura del local. En este sentido, la UCO expone que, tras el análisis de los mensajes contenidos en el terminal del empresario investigado por narcotráfico y de los tres expedientes administrativos abiertos en el Ayuntamiento sobre el bar de copas, «se establece que una vez se crea la amistad entre ambos, trazan un plan pormenorizado para influir en el alcalde para facilitar la aprobación del último expediente y lograr la reapertura». En este plan se contemplaba poner en contacto a dos arquitectas, una por parte del dueño del bar y otra de la empresa que asesora al Ayuntamiento en materia de urbanismo. Esta última era la responsable de verificar la adecuación de los proyectos urbanísticos presentados al Consistorio y emitir el informe favorable. «Ambas ingeniera trazan modificaciones en el proyecto antes de presentado, asegurándose la adecuación y calificación favorable, afectando así al principio de igualdad ante el procedimiento con otros solicitantes».