¿Qué pasaría en España si la Unión Europea prohibiese las balizas V16?
2026-03-03 - 06:13
La baliza V16 pasó a ser un requisito obligatorio en España en alrededor de 30 millones de vehículos el 1 de enero de 2026, pero apenas un mes y medio después, la Comisión Europea ha señalado que esta medida unilateral española no fue notificada correctamente según el procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535, por lo que podría correr peligro de ser invalidada. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señalaba en enero que varios países de la Unión Europea se encontraban expectantes por los resultados que este nuevo sistema de preseñalización obligatorio en carretera podía suponer para la seguridad vial en nuestro país. Sin embargo, la realidad es que, por el momento, ningún país ha movido ficha, ni apunta a obligar a sus conductores a adquirir estas luces con conectividad a la DGT 3.0 que Bruselas no ha respaldo todavía. Por eso, no sería de extrañar que muchos conductores españoles exigieran una indemnización al Estado español en caso de que la Unión Europea revocase la medida. ¿Cuánto dinero podría indemnizar España a sus conductores por las V16 en este supuesto? La mayoría de los conductores españoles que han adquirido la baliza Conectada se han visto obligados a realizar su compra debido a la nueva normativa, es decir, ha sido una compra "forzada" por la necesidad de circular cumpliendo con la ley. Por ello, tampoco son pocos los que todavía no la han comprado. Además, el mercado de balizas hologadas, compuesto ya por cerca de 300 modelos, ha evolucionado; la media actual en tiendas online se sitúa en unos 35 euros, pero durante los meses previos hemos llegado a ver balizas desde los 21 hasta los 60 euros. Por ello, la cifra más aproximada que podríamos utilizar es la multiplicación de 25 millones por una media de 40 euros por baliza, lo que nos deja una posible indemnización de unos mil millones de euros. ¿Podría anular la Unión Europea la obligatoriedad de la baliza V16? Según explicó en la Comisión Europea su vicepresidente ejecutivo , Stéphane Séjourné: "Los Reales Decretos españoles no han sido notificados según el procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535". Un proceso que habría permitido al resto de naciones y al propio Ejecutivo comunitario opinar acerca de la normativa que regula las balizas V16. Como consecuencia de que España no informase al resto de la cámara acerca de este reglamento técnico, la Unión Europea podría aplicar el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento: "Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Si el Estado miembro no se atuviere a este dictamen en el plazo fijado por la Comisión, esta podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea". Por lo que ahora desde Bruselas podría abrirse un proceso para tumbar la normativa española.