Reino Unido investiga el trato a presas que fueron obligadas a parir esposadas

2026-03-04 - 19:43

La imagen de una mujer dando a luz encadenada a un funcionario de prisiones, ha dejado de ser un episodio aislado para convertirse en el centro de una controversia creciente en el Reino Unido. Testimonios de varias reclusas aseguran que permanecieron esposadas durante el parto , durante exploraciones vaginales y durante horas de contracciones en hospitales ingleses, una práctica que organizaciones médicas, juristas y entidades que trabajan con mujeres encarceladas consideran incompatible con los estándares básicos de atención sanitaria y dignidad humana. Uno de los casos que ha intensificado el debate público es el de Joanna, nombre ficticio utilizado para preservar su identidad, cuyo relato fue recogido en una investigación publicada por The Guardian. Joanna explicó que cumplía una condena por un delito de drogas no violento y estaba considerada una presa de bajo riesgo , pese a lo cual, cuando entró en trabajo de parto en diciembre de 2022 fue trasladada al hospital esposada y encadenada a un funcionario penitenciario masculino, una situación que, según su testimonio, se mantuvo durante las treinta y seis horas que duró el nacimiento de su hija. Durante el proceso, que terminó con una hemorragia posparto, tuvo que someterse a exploraciones vaginales mientras seguía bajo sujeción. La organización Birth Companions, que apoya a mujeres embarazadas dentro del sistema penitenciario británico, le había proporcionado documentación donde se explicaba que el uso de esposas durante el parto no debería producirse salvo en circunstancias excepcionales. Joanna llegó al hospital convencida de que, al menos una vez iniciadas las contracciones, las restricciones serían retiradas. No ocurrió así. Según relató, cuando mencionó el contenido del folleto informativo a los funcionarios que la escoltaban, estos respondieron que no conocían el documento y que no iban a regirse por él. La experiencia la dejó marcada. Durante el ingreso hospitalario tuvo que ducharse, ir al baño o dormir atada mediante una larga cadena a un funcionario. «Me sorprendió muchísimo que no me quitaran las esposas», explicó también en una entrevista anónima concedida a Channel 4 News. Otro testimonio que ha alimentado la controversia es el de Laura, también nombre ficticio, detenida por un delito de drogas sin saber que estaba embarazada. El embarazo se confirmó mediante un análisis de orina realizado al ingresar en prisión. En febrero de 2023 fue trasladada a un hospital para inducir el parto. Según su testimonio, permaneció allí más de cuarenta y ocho horas antes del nacimiento del bebé y durante buena parte de ese tiempo estuvo esposada, incluidas las doce horas de contracciones intensas tras la inducción médica. «Estuve esposada durante consultas prenatales y exploraciones vaginales», relató posteriormente. «Pero lo peor fue estar esposada durante el parto», que terminó con una hemorragia posparto que fue registrada por el hospital como un incidente crítico. Incluso después del nacimiento de su hija, la presencia constante de los agentes penitenciarios condicionó las primeras horas con la recién nacida. Cuando pidió que le hicieran fotografías con el bebé, asegura que no se le permitió aparecer en ellas. La difusión de estos testimonios ha intensificado la presión política para examinar las prácticas del sistema penitenciario. En junio del año pasado, el responsable de prisiones, James Timpson, anunció que se encargaría una investigación independiente sobre el uso de restricciones físicas en mujeres embarazadas durante consultas médicas, exploraciones íntimas y el parto, y señaló entonces que los informes sobre mujeres esposadas durante el parto resultaban «profundamente preocupantes». La investigación deberá ser llevada a cabo por el Prisons and Probation Ombudsman, el organismo encargado de supervisar las quejas dentro del sistema penitenciario. No obstante, el proceso aún no se ha puesto en marcha formalmente. En paralelo, varias mujeres han iniciado acciones legales contra el Estado por agresión, lesiones y vulneración de derechos humanos. El despacho de abogados Bhatt Murphy representa actualmente a seis mujeres que aseguran haber sido esposadas durante el embarazo o el parto entre 2021 y 2025. Jane Ryan, socia del bufete, sostiene que los casos conocidos apuntan a una práctica que no puede considerarse aislada. Según sus estimaciones, unas quinientas mujeres embarazadas estuvieron encarceladas en Inglaterra entre 2021 y 2025, y cerca de la mitad de ellas acabó dando a luz mientras permanecía bajo custodia. «Esta práctica inaceptable no debería haber ocurrido ni una sola vez, y mucho menos repetirse en múltiples prisiones», declaró Ryan, que sostiene que las restricciones físicas se aplicaron durante períodos prolongados y en momentos de dolor físico extremo. Las organizaciones médicas también han expresado preocupación. Los colegios de matronas y de especialistas en ginecología y obstetricia han reclamado una investigación exhaustiva para determinar hasta qué punto el uso de esposas durante el embarazo o el parto puede poner en riesgo la seguridad clínica de madres y bebés. Para organizaciones como Birth Companions, el problema refleja deficiencias estructurales dentro del sistema penitenciario. Naomi Delap, directora ejecutiva de la entidad, sostiene que «es indignante que las mujeres encarceladas sigan siendo encadenadas en el hospital», afirmó. «Esto es el síntoma de un sistema que no consigue ofrecer una atención segura y digna». Joanna, que ya ha cumplido su condena, insiste en que decidió hablar públicamente para evitar que otras mujeres vivan una experiencia similar. «El Servicio Penitenciario debe rendir cuentas», porque «aunque seamos prisioneras, seguimos siendo seres humanos».