Renfe diseña criterios para su empresa de autobuses que solo cumplen 10 de las 2.071 compañías del sector

2026-03-23 - 04:30

Solo diez, a lo sumo 11, de las 2.701 empresas acreditadas ante el Ministerio de Transportes en el sector del transporte de pasajeros por carretera cumplen los requisitos que ha fijado Renfe para optar a asociarse a ella en la nueva sociedad participada con la que prestará servicios de autobús para sus pasajeros, cuando un tramo de línea ferroviaria quede intransitada, bien por obras planificadas de Adif, bien por incidencias imprevistas. Se trata de un 0,4% del total, del que quedan excluidas las pequeñas y medianas empresas de autocares, además de las extranjeras, que se han lanzado a poner en marcha procesos de impugnación, en España y en Bruselas, contra unos pliegos casi 'secretos' de la licitación por parte de Renfe para tener lista antes de final de año una nueva empresa de autobuses. Denuncian que quedarán excluidas en buena medida de los servicios que prestan cuando se interrumpe la circulación de tren y que, además supone un riesgo de que también queden fuera de otro tipo de transporte, como el escolar o el turístico. Este viernes, Direbús presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda y el lunes hará lo propio ante la Comisión Europea, con un recurso que registrará en su oficina madrileña, en el Paseo de la Castellana, en la esperanza de que Bruselas actúe para hacer valer sus poderosas normas de competencia. "En cuanto vea esa llamada de atención a través del documento que vamos a presentar, va a llamar a consultas a España", confía Juan Manuel Sierra, director de Relaciones Institucionales de esta asociación de la que forman parte más de 700 empresas. Denuncian "falta de libre competencia y de publicidad y seguridad jurídica a la hora de conocer los pliegos y que [el proceso] esté tan encorsetado para un modelo de empresa a la que solo pueden optar 11". Las condiciones que ha puesto Renfe a la empresa que quiera asociarse con ella que de momento se conocen -y que no son todas- dejan fuera a la mayoría de las compañías. En el Registro de Empresas y Actividades de Transporte del Ministerio hay 2.701 empresas en el sector del transporte de pasajeros y solo 10 pueden acreditar haber facturado al menos 75 millones en los últimos tres año, tener una flota en propiedad de 500 autobuses y capacidad operativa en Barcelona, Madrid, Comunidad Valencia y, en Andalucía, al menos en las provincias de Sevilla, Málaga, Córdoba o Granada. Según el registro, una más podría llegar a los criterios, pero no en solitario, sino en una unión temporal de empresas (UTE), en cuyo caso la flota de vehículos que se exige es de 300. Curiosamente, esta decena de empresas con capacidad para participar en la licitación que formará la empresa participada con Renfe es el mismo número que se ha interesado por participar en el proceso, según apuntan fuentes de la operadora. Cuando termine, antes de final de año según los tiempos deseados por Renfe, la empresa de autobuses que se asocie a la operadora española tendrá asegurada la prestación de alrededor de un 85% de los trayectos en autobús a los que Renfe transfiera a sus pasajeros cuando no esa posible seguir en tren, por obras en la vía o cualquier incidencia. Teniendo en cuenta en plan de obras de Adif para los próximos años, Renfe calcula que necesitará cada día del orden de 200 a 300 autobuses para transferir a sus pasajeros, que planea asegurar mediante la nueva flota que deberá adquirir la nueva sociedad. De acuerdo con el esquema en tres categorías que ha elaborado Renfe, estos nuevos autobuses circularan en exclusiva para cubrir una parte todavía no precisada del 85% de los servicios necesarios para dar una alternativa por carretera a los pasajeros de trenes que no puedan hacer el recorrido íntegro. La otra parte de ese 85% la cubrirán los autobuses de la empresa que termine asociada a Renfe y que, a diferencia de los anteriores, no tendrán dedicación exclusiva a estas tareas. El 15% restante es lo que Renfe ha denominado "servicios prestados por terceros" y donde fuentes de la operadora apuntan a que serán la parte que tendrán las pymes, para cubrir necesidades que sobre todo estarán relacionadas con incidencias ferroviarias sobrevenidas, mediante contratos de emergencia, aunque en el sector también se cuenta con que, en la segunda categoría, la empresa social pueda también subcontratar otras cuando su flota no sea suficiente, con unas condiciones que también se desconocen de momento. Las pymes del bus aseguran que siempre responden Renfe ha justificado la creación de esta empresa participada en la necesidad de asegurarse la disponibilidad de autobuses con los que transportar a sus pasajeros de tren, ante unos años en los que las obras planificadas por Adif en la red ferroviaria le hacen prever un aumento de este tipo de traslados por carretera. Sin embargo, las pymes denuncian que el modelo favorece a las grandes empresas del sector, las que tradicionalmente han sido las concesionarias para operar en régimen de monopolio las líneas regulares de autobús y consideran injusto este riesgo que ve Renfe de no tener autobuses disponibles en caso de necesidad, incluso urgente. Desde Direbús se recuerda que el accidente de Adamuz o el de Gelida, dos días después en Rodalies, son solo dos ejemplos de cómo "históricamente, ante cualquier avería del sistema ferroviario, Renfe, Ouigo o Iryo siempre han tenido a disposición al sector del transporte discrecional para hacer el resto de viaje en autocar", asegura Sierra. Recuerda que en los últimos graves siniestros recuerda "gente [empresas] de toda España bajando a Adamuz o subiendo a Barcelona y se sacó todo adelante", como así reconoció la directora general de Transportes de la Generalitat en una reunión en el Ministerio a finales de enero. "Este servicio se ha hecho siempre", insiste Montero, que denuncia que con la nueva empresa participada de Renfe viene a afianzar la posición de las grandes empresas de manera adicional del sistema de concesiones para las líneas regulares, de las que ellas mismas son las adjudicatarias. De momento, llama la atención el trasvase que se ha producido en los últimos meses de directivos de Avanza, una de las mayores compañías de autobús, al organigrama de Renfe. Después de una década como director de proyectos estratégicos de movilidad en la compañía privada, Antonio García Pastor fichó en julio del año pasado como Responsable de Estrategia Global de la operadora ferroviaria, que en octubre de 2024 fichó como director general de Renfe Viajeros a Rafael Cortés, previamente gerente de operaciones de Avanza. Exclusión también de servicios discrecionales Además de quedar excluido de este tipo de servicios, Direbús advierte de que la nueva empresa participada entre Renfe y la compañía de autobuses que resulte elegida puede poner también en riesgo otro negocio de las pymes del sector, servicios discrecionales como el transporte escolar o turístico. Esto puede ocurrir porque la empresa socia de Renfe cubrirá costes y obtendrá ya beneficios de poner su flota al servicio de los pasajeros de tren, pero, al no tener exclusividad, podrán optar a estos otros servicios discrecionales con precios más baratos, puesto que de estos contratos no dependerá su rentabilidad. "Es un doble perjuicio", apunta desde Direbús. El 'precedente' de Enarcar Renfe asegura que, teniendo en cuenta lo que ha gastado en los últimos años y el mayor volumen de los que tendrá que contratar en la próxima década solo con las obras en la infraestructura ferroviaria planeada por Adif, la creación de una empresa propia de autobuses le costará 61,5 millones al año, que le supondrá un ahorro anual de entre nueve y 13 millones. En este caso, ha optado por el modelo de sociedad participada, en la que Renfe será accionista mayoritario (51%) y no por una empresa pública, con el 100% del capital, de la que existe un precedente que no terminó demasiado bien. En 1998 el entonces Ministerio de Fomento constituyó la Empresa Nacional de Transporte de Viajeros por Carretera (Enatcar) con el 100% de recursos públicos para asumir las concesiones por carretera de Renfe y Feve. En el sector recuerdan que resultó un negocio "ruinoso" que llevó al Gobierno a privatizarla vendiéndosela en 1999 a un consorcio liderado por Alsa.