Sólo un 15% de españoles cree que el nuevo pacto de financiación beneficiará a todas las autonomías

2026-01-29 - 05:21

Sólo un 15% de los españoles cree que el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, que surge del acuerdo previo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa, beneficiará al conjunto de las comunidades. Este porcentaje contrasta con una amplia mayoría, un 65% de ciudadanos, que considera que el nuevo sistema de reparto beneficiará principalmente a Cataluña (es la opinión de un 32,5%) o sólo a dicha autonomía (como sostiene un 32,6%). Un 9,7% defiende que la nueva norma no traerá beneficios para ningún territorio. Son las principales conclusiones de una encuesta del Instituto DYM realizada entre un millar de entrevistas online entre los días 14 y 18 de enero, justo después de que la vicepresidente primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, diera a conocer las pinceladas de un modelo que, entre otras medidas, eleva el porcentaje de cesión de los impuestos cedidos a los ejecutivos regionales. En concreto, IRPF pasaría del actual 50% al 55% y el IVA del 50 al 56,5%. La encuesta refleja cómo, mientras que los votantes del espacio de la izquierda, especialmente los del PSOE, muestran una actitud relativamente más favorable hacia el nuevo sistema, los votantes del PP y de centro tienden a percibirlo como una reforma que ha sido diseñada "específicamente para Cataluña". En lo que respecta a la necesidad de aprobar ahora el nuevo modelo, un 71,7% de los españoles cree que se ha decidido por intereses políticos (percepción que se da especialmente entre los votantes de centro y centro derecha); otro 17,1% entiende que era necesario y un 11,2% no sabe o no contesta. El modelo de financiación vigente se puso en marcha en 2009 y caducó en 2014, sin que ningún gobierno desde entonces hubiera impulsado una reforma del mismo. Tras presentar el nuevo modelo a los territorios en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Montero incidió en que este sería de adscripción voluntaria para los territorios. Es decir, los gobiernos autonómicos podrían decidir si se acogen al nuevo sistema, que prevé 21.000 millones de euros más a repartir entre las comunidades, o se queda dentro del marco actual, un modelo que suscita un rechazo generalizado entre los ejecutivos regionales. Un informe reciente elaborado por la Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), 'think tank' próximo a la CEOE, con el modelo recién alumbrado, Madrid multiplica por diez la aportación de Cataluña a la solidaridad común (con 8.013 millones de euros, frente a 810 millones), mientras que Andalucía y Comunidad Valenciana siguen bajo la media. En el caso de Madrid, se trata de una cifra muy similar a la que ya afronta con la normativa actual (7.975 millones).