Sánchez ha esquivado al Congreso cerca de 40 veces en ocho años para enviar tropas al exterior

2026-03-07 - 07:03

Durante los casi ocho años de mandato de Pedro Sánchez, ninguna de las misiones militares de España en el exterior han recibido la autorización o ratificación del Congreso, tal como exige el artículo 17 de la Ley de Defensa Nacional. La norma establece que cualquier operación que no esté vinculada directamente a la defensa de España o a sus intereses nacionales debe contar con el respaldo de la mayoría parlamentaria. El caso más reciente es el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre, donde unos 200 militares españoles ya se dirigen a la isla para proteger a este aliado europeo tras un ataque con drones de Irán. Este no es un hecho aislado: desde 2018, al menos otras siete misiones deberían haber pasado por el Congreso, lo que, sumando todos los despliegues, incrementos y prórrogas, eleva a cerca de 40 las ocasiones en que Sánchez debió haber solicitado la autorización parlamentaria. El propio artículo 17 es claro: para operaciones exteriores que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno debe realizar una consulta previa y recabar la autorización del Congreso. Sin embargo, Sánchez ha optado por reinterpretarlo ahora: cualquier despliegue se justifica ahora bajo el amplio paraguas del "interés nacional". No obstante, reconoce al mismo tiempo que el envío de la fragata a Chipre tiene como único objetivo auxiliar a un socio de la Unión Europea que, además, no llegó a invocar formalmente la cláusula de defensa comunitaria. En otras ocasiones, el Ejecutivo se aferraba al hecho de que algunas de las nuevas misiones en las que participaban militares españoles se enmarcaban en los compromisos de España con los organismos internacionales a los que pertenece, como la OTAN, la UE o la ONU. Pero la literalidad de la ley no contempla que este tipo de operaciones estén exentas de pasar por el Congreso. Precisamente, la Ley de Defensa Nacional fue aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 como respuesta a lo que entonces se denunció como una "guerra ilegal" en Irak y la participación de las tropas españolas enviadas por el Ejecutivo de José María Aznar. Zapatero dejó claro que la norma buscaba poner límites al poder del presidente y devolver a la Cámara la soberanía sobre el uso de las Fuerzas Armadas. La ley se aplicó indistintamente del color político que presidiese la Moncloa los años siguientes: en total, entre 2006 y 2018 se recabaron 26 autorizaciones en el Congreso. No obstante, desde que Sánchez llegó a La Moncloa, no se ha solicitado ni una sola. El espíritu de la ley quedó patente en palabras del entonces ministro de Defensa, José Bono, quien señaló que la norma pretendía que el Gobierno se autolimitara y que la decisión de enviar tropas no dependiera solo de la voluntad del presidente, sino del control parlamentario. La intención era clara: impedir que España volviera a embarcarse en misiones militares sin el consenso de la Cámara Baja. Tras ocho años de mandato de Pedro Sánchez, esa autolimitación parece haberse desvanecido. 26 autorizaciones hasta 2018 La primera autorización se pidió en 2006 para reforzar los efectivos en Afganistán. Ese mismo año, el Ejecutivo solicitó también permiso para desplegar tropas en el Congo dentro de una misión de la Unión Europea. Al año siguiente, se tramitó la autorización para enviar un contingente al Líbano, bajo mandato de la ONU. Durante la década siguiente, los gobiernos de Zapatero y Mariano Rajoy, de distinto signo político, fueron llevando cada misión al Congreso: Afganistán, Chad, Somalia, Haití, Uganda, Libia, Mali, República Centroafricana, Irak... Todas ellas recibieron el visto bueno de la Cámara, ya fuera en Pleno o en Comisión, cumpliendo así con el control parlamentario que la ley exige. La última autorización del Congreso sobre una misión internacional española se produjo en enero de 2018, apenas cinco meses antes de que comenzara el primer mandato de Pedro Sánchez. Entonces, Mariano Rajoy llevó a la Comisión de Defensa el incremento de efectivos españoles en la misión de la UE en Mali. Desde aquel momento, el Congreso no ha vuelto a decidir sobre ninguna misión exterior, a pesar de que más de 3.000 militares españoles se encuentran actualmente desplegados. De hecho, si se tienen en cuenta las rotaciones, un total de 21.696 militares españoles han participado en algún despliegue en el año 2025 sin que la misión haya pasado por la autorización del Congreso. Sánchez tenía que haber ido 39 veces al Congreso Desde que Sánchez ocupa Moncloa, el Gobierno debería haber solicitado el respaldo del Parlamento en al menos siete misiones con sus correspondientes prórrogas. Por lo que el Gobierno tenía que haber pedido permiso al Congreso en 39 ocasiones. Primero, en lo que respecta a la misión de la ONU en Líbano, donde aún permanecen cerca de 700 militares españoles en una operación que no tiene nada que ver con la defensa directa de España. También debía llevar a la Cámara la nueva misión de la OTAN, además de sus prórrogas y refuerzos, contra el Daesh en Irak, creada en 2019 y cuyo mando, precisamente, asumirá España en mayo de este año tras la retirada de EEUU. Las prórrogas de la misión naval de la UE contra la piratería en el Índico (EUNAVFOR) también habrían requerido la autorización parlamentaria, ya que en ningún momento la presencia española respondía a una amenaza directa sobre nuestro territorio. Al igual que las misiones en Somalia, Mali o República Centroafricana, donde cada despliegue inicial o ampliación de efectivos debía pasar por las Cortes por tratarse de operaciones de riesgo fuera de la defensa nacional directa. Y no se puede olvidar los refuerzos del flanco este de la OTAN: cada incremento o modificación de tropas en Letonia, Eslovaquia o Rumanía debería haber recibido luz verde del Congreso, al tratarse de una presencia militar permanente en el extranjero. Lo mismo ocurre con los buques españoles integrados en agrupaciones navales permanentes de la OTAN. Aunque se trate de rotaciones habituales, la ley exige que cualquier rotación relevante o ampliación de medios, como el envío de buques con capacidades especiales, pase por la Cámara. Nada de esto se ha cumplido en los últimos años. Uno de los casos más reciente fue en octubre de 2025 con el envío del patrullero Furor para dar asistencia a la flotilla de activistas que se dirigían a Gaza. El Gobierno de Sánchez también argumentó que se trataba de una misión para dar asistencia a la flotilla, pero lo cierto es que al tratarse de un buque de guerra tenía que haber pasado por el Congreso. Ahora se suma el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre, que el Ejecutivo defiende que no requiere autorización porque sería una misión defensiva y de apoyo a un aliado europeo. No obstante, la fragata se despliega en aguas extranjeras protegiendo a terceros, pero la Ley de Defensa Nacional no exime de autorización las misiones "defensivas" a terceros. Es decir, la defensa de aliados no puede sustituir el control parlamentario. Además, la 'Cristóbal Colón' es un buque de guerra con armamento avanzado y capacidad de intervención militar, y la ley obliga a pasar por el Congreso cualquier despliegue que comprometa vidas o recursos militares, como es el caso de este buque y los 200 españoles que ya viajan hacia Chipre. Comparecencias pero no autorizaciones El Ejecutivo también se ampara en que la Ley de Defensa Nacional contempla la posibilidad de actuar primero e informar después al Congreso. Sin embargo, esa vía solo está prevista con carácter excepcional y, en cualquier caso, exige una posterior ratificación parlamentaria. El Gobierno sostiene que Pedro Sánchez lo hará cuando comparezca en la Cámara, pero esa fórmula tampoco cumpliría estrictamente con lo que marca la norma: la ley exige un acuerdo o una votación formal en Pleno o en comisión. Una comparecencia no deja de ser una figura parlamentaria distinta que en ningún caso emite un pronunciamiento o una decisión sobre este asunto. Es algo en lo que insiste el PP, que considera que Sánchez no cumple al ley por "miedo" a sus socios parlamentarios. En este sentido, los populares insisten en que el envío del buque a Chipre tendrá que recabar la autorización de la Cámara, aunque sea con posterioridad. "El Ejército no es suyo. Es de todos los españoles", señaló Alberto Núñez Feijóo en redes sociales.