Sánchez intenta rehacer la mayoría de la investidura con cesiones a unos socios a cambio de apoyar las de otros

2026-02-01 - 07:25

Moncloa se enfrenta a un rompecabezas complicado: recomponer el bloque de investidura. Desde el Gobierno aseguran estar dispuestos a intentarlo. Lo dicen y lo demuestran con hechos, aunque la pregunta sigue siendo si lo lograrán. De su éxito puede depender la continuidad de la legislatura, y por eso en las últimas semanas han puesto toda la carne en el asador. "Necesitamos mayoría parlamentaria. Trabajamos en ello, pero no es tan sencillo", reconocen fuentes del Ejecutivo. Intentan, por un lado, acercar de nuevo a Podemos con medidas como la regularización de medio millón de personas migrantes. Una iniciativa que los morados llevan tiempo reclamando y que, cabe destacar, Moncloa podía sacar adelante sin necesidad de pactarla con ningún grupo, ya que se tramita mediante decreto y solo requiere luz verde en el Consejo de Ministros. Pero ese gesto podría desbloquear otra jugada clave: restablecer la relación rota con Junts mediante la delegación de competencias migratorias a Cataluña. Es uno de los compromisos firmados a cambio del apoyo de los de Carles Puigdemont en la investidura de Pedro Sánchez. El Gobierno ya llevó la norma al Congreso, pero no prosperó por el rechazo de Podemos, que la calificó de "racista". Ahora, Junts acepta modificar el preámbulo, un avance en sí mismo, aunque Podemos también pedía cambios en el articulado. El PNV también requiere al Gobierno traspasos competenciales para Euskadi. Sánchez les ha concedido un reunión bilateral antes de Semana Santa para abordar traspasos pendientes: aeropuertos vascos, mayor capacidad de la Ertzaintza para combatir la reincidencia y competencias migratorias. Al igual que Junts, el PNV también reivindica la oficialidad del euskera en las instituciones europeas, un asunto en el que Moncloa lleva tiempo trabajando en Bruselas y que supondría una doble jugada hacia sus socios. Con ERC, por su parte, el Gobierno pactó la financiación singular para Cataluña dentro del modelo de financiación autonómica que aunque cuenta con el rechazo del resto de comunidades autónomas, esto no impide su tramitación en el Congreso. Allí, sin embargo, necesita una mayoría parlamentaria con la que, de momento, no cuenta. Compromís y Chunta Aragonesista ya criticaron el acuerdo, y Junts lo considera insuficiente, aunque Moncloa confía en que el avance en la delegación de competencias pueda ganar su apoyo. Pero esa ficha, recordemos, también depende de un movimiento de Podemos bastante difícil de lograr. El dominó parlamentario no termina ahí. Con Bildu, Moncloa pactó el decreto del llamado 'escudo social', que el Congreso tumbó la semana pasada con los votos en contra de PP, Junts y Vox, aunque Moncloa se empeña en solo señalar al PP para no molestar a los de Carles Puigdemont. Aunque el año pasado ocurrió lo mismo en la primera votación y el Gobierno tuvo que dividir las medidas sociales de las económicas para que Junts y el PP lo apoyasen, este año Junts se niega a dar sus apoyos para la moratoria antidesahucios, lo que supone un problema para el Gobierno en lo que respecta a sus socios de izquierdas. "EH Bildu no se va a bajar de la defensa de los sectores vulnerables protegidos por el escudo social", advirtió Oskar Matute, en un aviso directo a Moncloa para que no desgajase el decreto solo para salvar las pensiones. "Los 7 votos son importantes, pero los 6 de EH Bildu también", añadió en alusión a Junts. Lo que está claro es que Moncloa no se puede permitir dejar caer las pensiones y tampoco medidas del escudo social como la que evita desahuciar a familias vulnerables. De hecho, sus socios de Sumar también les están insistiendo en volver a llevar el mismo decreto al Congreso. Por ahora, la única opción que Moncloa ha puesto sobre la mesa para intentar recabar el apoyo de los de Carles Puigdemont al decreto ómnibus es ampliar las ayudas a los propietarios que alquilan a inquilinos vulnerables, reforzando, en palabras del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, "el mecanismo de protección a los arrendadores". Pero este gesto podría devolver al Gobierno a un dilema que ya conoce bien: que al cubrirse por la cabeza se le destapen los pies. Conceder a Junts la separación de las pensiones del decreto ómnibus o aumentar las ayudas a los propietarios podría impedir que los socios progresistas apoyen la medida en la forma planteada. De hecho, Moncloa ya arrastra tensiones con sus aliados en torno a la política de vivienda. Las medidas anunciadas a principios de año por Pedro Sánchez para afrontar la crisis del acceso a la vivienda provocaron el rechazo unánime de ERC, EH Bildu y Podemos. Entre ellas, el decreto que contempla deducciones fiscales del 100% en el IRPF para los caseros que no suban el alquiler al renovar contratos. Se trata de un decreto que todavía no se ha aprobado en el Consejo de Ministros porque, tal y como está planteado, no ha logrado concitar apoyos ni en la coalición ni entre sus socios progresistas, lo que imposibilita su convalidación cuando pase por el Congreso. De momento, el Gobierno sigue intentando sacar adelante cada una de estas medidas que, de una forma u otra, son necesarias para recomponer un puzle parlamentario casi imposible se resolver. Hay piezas clave para mantener cohesionada a la izquierda pero que, en muchas ocasiones, alejan a socios de derechas como Junts y PNV, y viceversa. "Es un puzle en el que hay que encajar las piezas bien", reconocen en Moncloa.