Sánchez se ve abocado a ceder con rebajas fiscales ante su debilidad parlamentaria y las exigencias de los sectores afectados por la crisis

2026-03-13 - 04:53

La falta de una mayoría progresista en el Congreso se ha convertido en una piedra recurrente en el camino del Gobierno, un obstáculo con el que tropieza con frecuencia pero que no siempre puede permitirse ignorar. Cuando lo que está en juego es la respuesta a una crisis inflacionaria por una guerra, como es el caso, en Moncloa saben que no hay margen para tensar la cuerda con fuerzas como Junts o el PNV, ni tampoco con los sectores económicos más golpeados, que llevan días reclamando rebajas fiscales para amortiguar la escalada de precios. De ahí que las primeras medidas que baraja aprobar el Gobierno se acercan más a esas demandas que a las de sus propios socios parlamentarios, como rebajas fiscales para contener el precio de los carburantes o la electricidad. Mientras tanto, otras iniciativas de corte social, como la prohibición de desahuciar a familias vulnerables, parece que caerán en saco roto. Han pasado casi dos semanas desde el estallido del nuevo conflicto en Oriente Medio sin que, de momento, el Ejecutivo haya aprobado ninguna medida para paliar sus efectos. El PP, que critica la ausencia de iniciativas, ya ha puesto sus propuestas sobre la mesa del Ejecutivo, entre ellas bajar al 10% el IVA de la luz y de los carburantes o una reducción temporal del Impuesto Especial de Hidrocarburos, lo que a su vez coincide con las exigencias de los sectores afectados. De momento, el Gobierno se inclina más por bajar el IVA a los carburantes que por la bonificación de 20 céntimos por litro que se aplicó en 2022. Alegan que sectores como la patronal de las gasolineras no lo aconsejan, puesto que en su momento obligó a muchas estaciones de servicio a adelantar el dinero del descuento mientras esperaban a que la Administración les devolviera las cantidades. Pero estas peticiones colisionan con las planteadas por los socios de izquierdas del Gobierno, que abogan por la fórmula de bonificar o topar los precios —ya sea al alquiler, a los alimentos o a la energía— y, lejos de plantear bajadas de impuestos, proponen recuperar tributos, como el que se impondría a las empresas energéticas o crear uno nuevo para las grandes distribuidoras. De momento, el ala socialista del Gobierno se esfuerza en distanciarse de los planteamientos de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. En Moncloa se limitan a decir que van llevar al Consejo de Ministros lo que tenga "más apoyo". Por eso, en vez de hablar de bonificaciones al sector del transporte, como propone Sumar, el ala socialista se inclina más por las medidas fiscales para abaratar la gasolina, dirigidas especialmente al transporte por carretera y al campo, como plantea el sector y la oposición. Pasa algo parecido con la energía. Mientras Sumar y otros socios de izquierdas piden intervenir el mercado de la energía, Moncloa se muestra más proclive a aplicar medidas fiscales para amortiguar el precio de la luz. En todo caso, para no enfadar demasiado a la bancada de la izquierda, el ala socialista del Gobierno no cierra la puerta a incorporar en este decreto algunas medidas del llamado 'escudo social', como la prohibición de cortar los suministros de la luz, el gas y el agua a consumidores vulnerables o reforzar los bonos sociales eléctrico y térmico. Eso sí, son reticentes a incluir la 'joya de la corona', que es la prohibición de desahuciar a familias vulnerables. Se trata de un reclamo de todos los grupos de la izquierda, pero a la vez es la medida que más rechazo genera a su derecha. De hecho, no hace ni un mes que Junts tumbó el decreto del escudo social en el Congreso por incluir esta moratoria antidesahucios. Y es que aunque el Consejo de Ministros apruebe un decreto con medidas el próximo martes —que es lo que previsiblemente ocurra a pesar de las cautelas socialistas—, estas no se mantendrán en pie más de un mes si el Gobierno no consigue reunir una mayoría que, en esta legislatura, concentran los grupos de la derecha. De ahí que Moncloa esté priorizando las medidas fiscales a los topes de precios y que iniciativas que tuvieron tanto peso para Sánchez como la prohibición de desahuciar a familias vulnerables se estén quedando fuera de juego en la redacción de este decreto. Lo que de momento no contempla el Gobierno es la adopción de medidas para abaratar la cesta de la compra. En el Ejecutivo sostienen que la situación actual todavía no alcanza los niveles registrados en 2022, cuando la guerra de Ucrania desencadenó tal encarecimiento de los precios que sí terminó por llevar al Gobierno una rebaja del IVA de determinados alimentos. Entonces, no obstante, el repunte no se produjo de forma inmediata tras el estallido del conflicto. Los carburantes y la inflación ya acumulaban meses al alza, por lo que la invasión rusa terminó actuando como detonante de una escalada que agravó una situación económica que ya era compleja. Con ese precedente sobre la mesa, el Gobierno interpreta que el actual encarecimiento de los carburantes —que en 2022 comenzó a trasladarse al otros sectores meses antes— podría tardar todavía en reflejarse de forma directa en la cesta de la compra. PP, Junts y PNV insisten en las bajadas de impuestos La receta del PP, Junts y PNV para remediar la escalada de precios, aunque con matices, sigue la misma línea: rebajas fiscales que incluso contemplan la supresión de impuestos como el que grava el valor de la producción de la energía eléctrica, fijado actualmente en el 7%, punto en el que coinciden los populares y nacionalistas vascos. Entre las preocupaciones de ambas formaciones se sitúa también la industria electrointensiva, si bien el PP incluyó propuestas destinadas a este sector en una segunda versión de su documento. El presidente del PNV, Aitor Esteban, aconsejó al Gobierno "hilar fino" si quiere sacar adelante el decreto porque, de momento, en el borrador remitido a los grupos, hay cuestiones que no se contemplan y, en su opinión, deberían estar. En concreto, coinciden en reducir drásticamente —un 80% en el caso del PP— los costes de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de la electricidad que tienen que asumir estas empresas; y en aumentar las compensaciones por emisiones de dióxido de carbono. La deducción impositiva también debería darse, según estas formaciones, en el IVA de la factura eléctrica: el PP plantea reducirlo del 21% al 10% mientras el PNV va más allá, hasta el 5%. Adicionalmente, los populares incluyen una bajada extraordinaria en el IVA aplicable a la gasolina, el gasóleo y el gasóleo agrícola. Por su parte, Junts coincide en reducir impuestos a la energía y tiene un punto en común con los de Feijóo con respecto al IRPF. Ambos reclaman modificarlo para ajustarlo a la inflación y aumentar el mínimo exento para que los contribuyentes no soporten una mayor tributación en términos reales sin que se haya producido un incremento equivalente en su capacidad económica. En la iniciativa parlamentaria que registraron los posconvergentes, con más de una veintena de rebajas de impuestos para la clase media, el sector de la población que priorizan estas formaciones, incluyen además otras medidas como eliminar el IVA de la compra de la vivienda habitual de los menores de 35 años o eximir del mismo impuesto a autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año. Sin embargo, a pesar de la sincronía en algunas de la soluciones para la crisis de precios ocasionada por la guerra de Irán, cada grupo ha registrado su propia proposición no de ley; mientras que grupos como ERC, Bildu y BNG han registrado una conjunta.