TheSpaineTime

Sanidad estudia nuevas acciones legales contra Ayuso por el registro de objetores al aborto

2026-03-19 - 15:30

La ministra de Sanidad, Mónica García, ya amenazaba este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid , Isabel Díaz Ayuso, con una posible inhabilitación si no creaba el registro de profesionales sanitarios objetores al aborto. Ahora, el departamento de Mónica García anuncia que está estudiando nuevas medidas legales contra la dirigente madrileña. Fuentes de la cartera de García confirman que la Abogacía del Estado del Ministerio de Sanidad está estudiando llevar a cabo nuevas acciones legales para forzar a que Madrid cree ese registro. En cualquier caso, no concretan las medidas concretas que se plantean ni si entre ellas se estaría planteando solicitar la inhabilitación de Ayuso. El ministerio ya llevó a los tribunales el asunto, concretamente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que instó a la Comunidad de Madrid a iniciar de forma inmediata los trámites para crear ese registro, decisión que el Ejecutivo de Ayuso ha recurrido. «En España, las leyes no se aplican según si te gustan o no. El artículo 410 del Código Penal establece que las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen a dar cumplimiento a resoluciones judiciales o a órdenes de la autoridad competente pueden incurrir en responsabilidades penales, con penas de multa e inhabilitación para cargo público«, decía la ministra de Sanidad el martes durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso, que lanzaba: «Esto ya ha ocurrido en España y no tenemos ninguna duda de que en el momento que sea necesario acudiremos» a ese artículo. El registro de objetores al aborto es una de las medidas que estableció la reforma de la ley del aborto que en 2023 aprobó Irene Montero durante su paso por el Ministerio de Igualdad. Se trata de un listado autonómico, al que solo deben tener acceso los responsables de la gestión de los centros, en el que figuren los nombres y apellidos de ginecólogos, anestesiólogos, médicos de familia, enfermeras y matronas que se nieguen a participar en abortos aludiendo a su objeción de conciencia. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado en varias ocasiones que considera este registro una «lista negra» para señalar a los profesionales a la vez que defiende que en la región las mujeres ya tienen acceso al aborto sin necesidad de crear esta herramienta.

Share this post: