Sanidad universal: recuperando lo que nunca debimos perder

2026-03-17 - 04:13

“La cobertura universal es, por sí sola, la herramienta más poderosa de la que dispone la salud pública.” (Margaret Chan, ex-directora general de la Organización Mundial de la Salud) 20 de abril de 2012. Yo estaba en un despacho del Wisconsin Alumni Research Foundation haciendo una estancia en investigación en salud pública cuando leí la noticia de que el Gobierno de Mariano Rajoy había aprobado un real decreto-ley que expulsaba del sistema sanitario a los migrantes en situación irregular. Lo leí y analicé estando en un país donde los intentos del presidente Obama por expandir la cobertura sanitaria obligatoria se topaban con un sistema disfuncional y con una sociedad que había asumido la exclusión (de todo tipo) como una normalidad propia de su sistema sanitario. Un país donde la gente miraba al sistema sanitario español y veían en la universalidad un valor que envidiar. La eliminación de la sanidad universal en España dejó una herida que está tardando más de una década en curar satisfactoriamente. El calado del cambio cultural introducido por el Gobierno de Rajoy lo reflejó muy bien Alfonso Alonso, siendo ministro de Sanidad, cuando afirmó que “cuando decimos que la sanidad en España es universal, no es para el universo mundo”. Más allá de lo cuestionable que pueda ser intentar reducir al absurdo las legítimas reivindicaciones en torno a uno de los elementos centrales del sistema sanitario público español, cabe reivindicar que cuando decimos que la sanidad en España es universal, es para el universo de las personas que viven en España, vengan de donde vengan, tengan el estatus migratorio que tengan. Cuando se aborda el debate de la universalidad del sistema sanitario suelen surgir tres tipos de rechazos. El primero y más frecuente es el de tintes económicos, que plantea que no es sostenible dar asistencia sanitaria a toda la población residente en un país y que por ello eligen una priorización que excluye a los migrantes en situación irregular. El segundo, una derivada del primero, plantea que la universalización solamente se puede llevar a cabo una vez se hayan incrementado, por todas las vías y hasta un objetivo nunca señalado, los recursos existentes en el sistema. El tercer abordaje es el abiertamente racista que trata de plantear una especie de efecto llamada de la cobertura sanitaria universal que supondría una invasión sanitaria por parte de la población migrante. Sin embargo, ninguno de esos tres argumentos está avalado por la mejor evidencia disponible. Hay mucha ciencia acerca de cómo se organizan los sistemas sanitarios y aunque la universalidad, sin ningún tipo de lugar a dudas, es una decisión política, está avalada por el mejor conocimiento técnico disponible. Los sistemas universales mejoran la salud de toda la población, no solamente de los colectivos históricamente excluidos de la asistencia sanitaria, y lo hacen porque la salud de uno es dependiente de la salud del conjunto, por lo cual la decisión más sabia en términos estrictos de salud es la de la universalidad. Además, la cobertura universal es también la decisión más sabia en términos económicos, porque consigue ubicar a cada paciente en el lugar donde la atención va a ser más eficiente. Lo normal en sistemas que excluyen a ciertos grupos de población es que esas personas, de una manera u otra, acaben utilizando los servicios de urgencia, porque suelen ser el mínimo disponible para la población que queda excluida del conjunto de la asistencia. Normalizar la asistencia de todos los habitantes de un país y asimilar la de los migrantes en situación irregular a la del conjunto de la población autóctona hace que cada cual sea atendido en aquel lugar adecuado, donde va a ser más efectivo, pero también donde en términos de recursos va a ser más eficiente. Las predicciones sobre los ahorros que se producen al excluir a la población son contrarios a los datos existentes, que señalan, en múltiples estudios, que excluir a la población supone unos mayores costes porque los acabamos pagando en términos de atención a la discapacidad, en falta de productividad o en forma de asistencia sanitaria que se realiza en el sitio en el que no es más eficiente. Por último, hay que resaltar que la universalidad de los servicios de salud es la mejor decisión en términos de cohesión social; los sistemas sanitarios universales promueven la cohesión y dotan de legitimidad social a los servicios públicos, aspecto que en el contexto de crisis encadenadas y auge de las posiciones abiertamente racistas y excluyentes es un valor especialmente reseñable.. Sería un error, no obstante, pensar que la universalidad es simplemente un lema o algo que ha de quedar reflejado en un texto legislativo como si ahí acabara su materialización. Para pasar del derecho universal al acceso universal hace falta aterrizar este concepto en prácticas organizativas concretas que han de producirse en marcos reglamentarios pensados para convertir la universalidad en la opción por defecto. Eliminar barreras, suprimir caducidades de los documentos de asistencia sanitaria, garantizar la exportación del derecho entre comunidades autónomas, implantar el silencio administrativo positivo para el usuario o garantizar que la asistencia comienza en el momento de la solicitud (y no cuando el expediente concluye) son prácticas concretas que tratan de dar más poder a las personas que necesitan asistencia sanitaria frente a unas instituciones que no siempre desarrollan la sensibilidad necesaria para hacer de la inclusión algo habitual. Justamente este trabajo por pasar del derecho al hecho es lo que persigue el real decreto recientemente aprobado por el Ministerio de Sanidad. Mientras el mundo se torna excluyente para quien migra, España regulariza a las personas en situación irregular y garantiza la asistencia sanitaria para cualquier persona que viva en nuestro territorio. No es caridad ni buenismo, es justicia y la firme convicción de que los servicios públicos solo crecen incluyendo, no excluyendo.