Sumar eleva la presión sobre el PSOE para congelar los alquileres en el decreto anticrisis pero Moncloa mantiene sus reservas

2026-03-18 - 05:00

La crisis de acceso a la vivienda vuelve a generar fricciones dentro del Gobierno a apenas unos días de que el Consejo de Ministros apruebe el primer decreto de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Irán. El ala minoritaria del Ejecutivo, la de Sumar, lleva días intentando que ese primer paquete incluya mecanismos para limitar la subida de los precios de los alquileres, y ha aprovechado la profundización de la crisis para poner de nuevo sobre la mesa una de sus exigencias estrella: la congelación de las cuotas en el momento del vencimiento del contrato. No obstante, el PSOE se muestra reacio a poner en marcha esa iniciativa, al menos en la primera hornada de medidas, que se aprobará el viernes. Este martes, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, insistió en que para el partido es una "prioridad absoluta" la prórroga de los contratos de alquiler y se mostró convencida de que, si la iniciativa se llevase al Congreso, esta saldría adelante por una amplia mayoría. En este sentido, Martínez abandonó su habitual tono sosegado y se preguntó abiertamente "a qué o a quién tiene miedo" el PSOE. "¿A perder una votación?", espetó, antes de insistir en que Sumar va a dar "la batalla" para que se incluya la medida en la primera pata del escudo social que se aprobará este viernes. No obstante, está prácticamente descartado que eso ocurra, puesto que el PSOE sigue rechazando esa intervención del mercado inmobiliario. Así ha ocurrido desde finales del año pasado, cuando Sumar planteó recuperar la congelación de los precios de los arrendamientos que el Gobierno sí aplicó entre 2020 y 2023, a excepción de un periodo de nueve meses en 2022. Los socialistas, inicialmente, afirmaron que no podían aprobar de nuevo esta medida porque sería inconstitucional, pese a que se le dio luz verde ocho veces durante la pasada legislatura. Ahora, por el contrario, no cierran la puerta a ninguna opción de cara al futuro, pero se muestran reacios a incluirla en el decreto que saldrá del Consejo de Ministros este viernes. El choque se escenificó en el Senado, donde el ambiente entre las dos alas del Gobierno se tornó tenso durante la tarde de este martes. Tras un Consejo de Ministros en el que afloraron las discrepancias, el ministro Carlos Cuerpo y la ministra Mónica García se vieron abocados a compartir escaños contiguos durante horas. Lo mismo ocurrió con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que defendieron mano a mano la bancada del Ejecutivo en medio de un pulso que ninguna de las partes niega. La tensión se trasladó a los corrillos que se formaron en los pasillos de la Cámara Alta. Desde el ala minoritaria no ocultan su malestar por no afrontar una realidad que, a su juicio, ya se percibe en el bolsillo de los ciudadanos. Sentaron especialmente mal las palabras de Cuerpo, quien defendió que el "perímetro" de las medidas del viernes debía adaptarse al "impacto" de la guerra, sugiriendo que las propuestas de Sumar en materia de vivienda no venían al caso. "Si se va a aprobar un escudo social, con más motivo cuando el principal problema es la vivienda y la subida de los alquileres", reprochan desde Sumar. El enfado se agrava por la intención de Moncloa de ceñirse a medidas con mayor consenso para evitar un revés de Junts. "¿Junts tumbaría todo el decreto por incluir la prórroga de los alquileres?", se preguntan estas voces, que reprochan al Ejecutivo priorizar el entendimiento con el partido de Carles Puigdemont frente a sus socios de coalición. "Que negocien con Junts; nosotros llevamos seis meses negociando". Desde el ala socialista se limitaron a hacer oídos sordos. Defienden la necesidad de articular medidas de consenso y subrayan que el paquete será progresivo, dejando abierta la puerta a incorporar algunas propuestas de Sumar más adelante. Por ahora, descartan tanto la moratoria de desahucios —que no consideran esencial en el contexto actual marcado por la guerra— como un tope a los alquileres. Y aunque no le quieren dar mucho pábulo al choque, admiten la existencia de "matices" y discrepancias, aunque niegan diferencias "en lo fundamental". En todo caso, dan largas a sus socios insistiendo en que este será solo el primer paquete. Economía rechaza medidas "de máximos" Es la idea que trasladan fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que inciden en que no se plantean de entrada una "política de máximos" para responder a las consecuencias de la guerra de Irán en los sectores más afectados porque el análisis que se ha llevado a cabo desde el inicio de los ataques muestra una coyuntura muy distinta a la que se vivió tras la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero de 2022. Ese mes, sin el impacto aún del conflicto, la inflación se situaba ya en España en el 7,6% por el efecto de la crisis energética y el fuerte incremento del precio de los alimentos. El conflicto supuso un choque tal que la tasa de IPC llegó a dispararse hasta el 10,8% en julio de ese mismo año, cuando actualmente se mantiene en el 2,3%, muy próxima al objetivo del Banco Central Europeo. "Lo que va a haber el próximo viernes son medidas diseñadas desde el rigor del análisis con los sectores, expertos, con los grupos...", explican las mismas fuentes. Serán medidas "ajustadas" al impacto que ya se está observando en los sectores más afectados, pero dejando la puerta abierta a adoptar otras si sucediera algún imprevisto —algo que no es descartable en un escenario de guerra como el actual—. En lo relativo a la vivienda, las fuentes consultadas indican que la situación de partida también es "diferente" a la de entonces, gracias a que La Ley por el Derecho a la Vivienda fijó que desde 2025, la actualización de los alquileres en España se rige por el nuevo Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), creado por el INE, y que limita las subidas por debajo del IPC. Medidas antidesahucios "muy restringidas" Dada la claridad con la que el PSOE ha expresado su rechazo a la congelación de los alquileres, fuentes de Sumar son pesimistas y no confían en que los socialistas vayan a dar su brazo a torcer en este asunto en una negociación que se espera que se alargue hasta el último momento. Estas mismas fuentes tampoco muestran demasiadas esperanzas en que los socialistas accedan, al menos en este primer decreto, a incorporar la moratoria de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, derogada el pasado febrero por la mayoría parlamentaria que suman el PP, Vox y Junts. Los dirigentes de Sumar consultados, en cambio, son optimistas con que el PSOE acepte incorporar medidas antidesahucios "muy restringidas" para colectivos especialmente vulnerables. En todo caso, no obstante, se mantendría la limitación que el Gobierno pactó con el PNV en febrero: que los propietarios de una o dos viviendas queden excluidos de la moratoria y sí tengan permitido desahuciar a los inquilinos que no puedan pagarles, pese a que estos demuestren estar en situación de vulnerabilidad económica o social.