Sumar prepara con los inquilinos acciones de presión después de Semana Santa para lograr apoyos al decreto sobre vivienda

2026-03-28 - 07:20

Sumar prepara junto a los sindicatos de inquilinos una movilización social para presionar desde la calle a los partidos de cara a la futura votación del decreto sobre vivienda que forzó al PSOE a aprobar en Consejo de Ministros hace una semana y que incluye la prórroga de dos años de los contratos de alquiler en vigor hasta el 31 de diciembre de 2027 y la limitación de una subida del 2% interanual de la renta. Estos días, la propia vicepresidenta segunda y líder de facto del espacio, Yolanda Díaz, ha apelado directamente a la ciudadanía a que se manifestase para salvar la norma, que presumiblemente se votará en el Congreso a principios de mayo, en el límite del plazo legal para su convalidación. El espacio es consciente de que no tiene los apoyos, por lo que diversas fuentes explican que, de manera paralela a las negociaciones parlamentarias, están definiendo junto a los sindicatos "manifestaciones, actos y jornadas" que tendrán lugar después de Semana Santa en las principales ciudades españolas. Fuentes del Sindicato de Inquilinos de Madrid confirman que ya han comenzado a organizarlos, si bien falta terminar de "definir" estas acciones. Mientras, instan a los inquilinos, al igual que Sumar, a pedir la prórroga automática de los contratos de alquiler. "Esa es, mientras terminamos de aterrizar las acciones que llevamos a cabo, la principal movilización que podemos pedir ahora mismo: que soliciten la prórroga, que no se va a revertir", expresan con asertividad desde el espacio. Una vez distendido el ambiente en el seno del Gobierno tras el plantón de Sumar en el Consejo de Ministros extraordinario del 20 de marzo, el Ejecutivo se prepara para tratar de recabar los apoyos de cara a convalidar el decreto. El espacio de Yolanda Díaz está convencido de que todo el Ejecutivo trabajará para que así sea, también los del ala socialista, si bien esta semana fuentes de la cúpula del PSOE ya intentaron cargar a sus socios con todo el peso de la "gestión" del decreto para evitar el coste de una posible derrota parlamentaria. El choque en el Gobierno por la vivienda Lo cierto es que la vivienda es ahora mismo uno de los puntos de fricción de los socios de Gobierno, tanto que incluso el presidente Pedro Sánchez tiró de las orejas a Sumar esta semana en el Congreso: a su juicio, se está centrando solo en el decreto sobre vivienda que rascó en el Consejo de Ministros y no en el resto de medidas que se han impulsado durante la legislatura para solucionar la crisis habitacional. "Hacen un flaco favor", dijo. Desde Sumar quitaron hierro al asunto en privado, aunque admitieron manifiestas "discrepancias ideológicas" con el PSOE en el asunto de la vivienda. Por eso, algunas voces dan por hecho que el decreto sobre vivienda se va a negociar principalmente desde el espacio plurinacional, algo que, lejos de suponer un tormento, ven como una oportunidad que llevan tiempo "reclamando". La tarea es harto complicada: aunque en el espacio reina el optimismo, el Gobierno solo parece tener garantizado el sí de las fuerzas de izquierdas en la Cámara Baja. El PNV no vería en principio con malos ojos la prórroga automática de alquileres, pero ya ha avanzado que todavía tiene que estudiar el decreto. Obviando a PP y Vox, que ya han adelantado que no ofrecerán su apoyo, queda Junts, que tampoco parece muy por la labor de secundar una norma que han calificado de "poco rigurosa" y dice que está "mal hecha". "Si Junts tiene algún problema técnico con la medida, aunque nosotros pensemos que no perjudica a nadie, que nos lo diga y lo estudiaremos", aseguran fuentes del ala minoritaria del Ejecutivo, si bien desde la fuerza posconvergente expresan que "nadie" se ha puesto todavía en contacto con ellos para negociar. Las llamadas constantes de Sumar a la movilización de todos los actores perjudicados por el problema habitacional revelan la dificultad que existe para convalidar un decreto que incluye una medida, la prórroga automática de los contratos de alquiler, que el Gobierno aprobó hasta ocho veces entre 2020 y 2023. El espacio plurinacional lleva meses presionando dentro del Ejecutivo para volver a impulsar esta medida ante la expiración de los contratos que se firmaron antes de que entrase en vigor la Ley de Vivienda de mayo de 2023, ya que en su renovación ya se están registrando casos de un aumento de la renta mensual de hasta un 50%. El insólito órdago que el 20 de marzo Sumar lanzó al ala socialista del Ejecutivo al retrasar dos horas el inicio del Consejo de Ministros extraordinario evidencia que el espacio quiere ser la punta de lanza en la solución de la crisis de la vivienda. "Somos el motor de izquierdas del Gobierno de coalición. El PSOE nos dice que el problema de la vivienda no tiene solución. Nosotros decimos que sí y lo demostramos", han señalado esta semana fuentes de la formación de Díaz, que también ha expresado que las elecciones generales, previstas para 2027, "van a resolverse" en la gestión de la crisis habitacional.