Sumar protesta por los 1.300 millones para gasto militar y Podemos critica el "rearme criminal"

2026-03-12 - 05:03

La decisión de la Moncloa de aprobar el pasado martes una transferencia de crédito de más de 1.300 millones de euros al Ministerio de Defensa "con la finalidad de atender necesidades ineludibles" no ha sentado nada bien en los partidos a la izquierda del PSOE. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, denunció este miércoles que el Gobierno active una nueva partida presupuestaria para el "rearme criminal", y espetó que "el no a la guerra hay que escribirlo en el BOE". Y fuentes de Sumar, por su parte, confirman que el socio minoritario del Ejecutivo presentó observaciones en el Consejo de Ministros para expresar su descontento con esta decisión y critican que se haya adoptado, además, en un momento en el que el presidente Pedro Sánchez está ondeando la bandera de la oposición a la guerra de Irán. El Ejecutivo ha tratado de ser lo más discreto que ha podido a la hora de aprobar esta nueva partida de gasto para defensa, sobre la que apenas incluyó una breve mención en la referencia del Consejo de Ministros del martes. Moncloa se limitó a señalar que este dinero se destinará a atender "necesidades ineludibles" de las Fuerzas Armadas, pero no ofreció ningún detalle más. No es la primera vez que el Gobierno aprueba partidas extraordinarias en los últimos meses para financiar el incremento del gasto en defensa, pero en esta ocasión la medida se adopta en un contexto caliente a nivel geopolítico, con la guerra de Irán en pleno desarrollo y mientras el Ejecutivo deshoja la margarita sobre su participación en la operación liderada por Francia para reabrir Ormuz y restablecer el flujo petrolero. En respuesta a la decisión, Belarra criticó este miércoles, en un acto de campaña para las elecciones autonómicas de Castilla y León del domingo, que los 1.300 millones de euros son "dinero que, en vez de destinarse a hospitales, a escuelas o a vivienda pública va a seguir alimentando la carrera armamentística y a seguir alimentando guerras que están sembrando el terror en todo el mundo". La líder de Podemos también se mostró frontalmente contraria a la puesta en marcha de proyectos armamentísticos para Castilla y León como el de una fábrica de drones kamikaze que van a acabar "matando niñas y niños". "El no a la guerra hay que escribirlo en el BOE" y traducirlo en decisiones concretas, zanjó Belarra, que acusó al Gobierno de estar "llegando tarde a enfrentar las consecuencias económicas de esta guerra ilegal que ha lanzado Donald Trump". Este miércoles, la vicepresidenta primera del Ejecutivo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, prometió que la semana que viene se aprobarán las primeras medidas para hacer frente a estos perjuicios económicos derivados del enfrentamiento entre EEUU e Irán; el Gobierno está poniendo el foco en primer lugar en las ayudas a los transportistas para amortiguar la subida del precio del combustible. Fuentes, precisamente, del departamento que lidera Yolanda Díaz se muestran críticas con el hecho de que la Moncloa haya decidido aprobar la transferencia de 1.300 millones a Defensa justo en el momento "en el que España está liderando la posición del no a la guerra". Estas fuentes confirman que los ministros de Sumar presentaron observaciones en el Consejo de Ministros a esta decisión, si bien se trata de una protesta apenas simbólica, puesto que la decisión final sobre lo que se aprueba y lo que no la toma el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los de Díaz, eso sí, han preferido en esta ocasión no elevar demasiado el tono contra la decisión, al menos públicamente, puesto que están embarcados en plena negociación con el PSOE para definir qué medidas se incluirán en el decreto de escudo social que tiene previsto aprobar el Gobierno en las próximas semanas para hacer frente a las consecuencias de la guerra. Además de ayudas a los transportistas, Sumar ha pedido recuperar la "excepción ibérica" para establecer un tope a los precios de la luz —como se hizo en el año 2022—, el aumento del alcance del bono social eléctrico —el descuento en el recibo de la electricidad para familias vulnerables— o limitar los precios de los alimentos básicos.