Todo lo que revelan los documentos desclasificados sobre el golpe de Estado del 23-F: conversaciones, presiones, informes...

2026-02-26 - 05:13

Informes previos al 23-F, esquemas operativos, transcripciones de conversaciones, decisiones adoptadas, escritos internos de los servicios de inteligencia... Las 167 "unidades documentales" desclasificadas este miércoles por el Gobierno sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 recorren el antes, el durante y el después del asalto al Congreso encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero, que irrumpió armado en el hemiciclo y retuvo a los diputados durante casi 18 horas y que ha casualmente ha muerto este mismo miércoles a los 93 años. Los archivos publicados incluyen las actuaciones de militares, miembros del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) —antecesor del CNI— y responsables de la Casa Real, entre otras cuestiones. Entre la documentación figura un diagrama fechado en noviembre de 1980, tres meses antes del 23-F, que analizaba distintos escenarios que podían desarrollarse en España próximamente. Este croquis de la planificación del golpe evaluaba la viabilidad de tres tipos de operaciones que estarían en marcha en ese momento: una de carácter civil, otra estrictamente militar y una tercera definida como cívico-militar, es decir, un golpe de Estado blando. En la civil se contemplaba una moción de censura del PSOE con apoyos de díscolos de UCD y una "abstención pactada" del Partido Comunista, una opción a la que se atribuía una "viabilidad muy escasa". El documento añade que el escenario cambiaría con la designación de un "general de talante liberal" como presidente del Gobierno, y se citan nombres como Manuel Gutiérrez Mellado, José Antonio Sáenz de Santamaría o Manuel Díez-Alegría. En ese supuesto, la "credibilidad" sería "casi total" si concurrían dos condiciones: el apoyo de la Corona y el reclutamiento de un general. Ahora bien, la opción cívico-militar recibía "una viabilidad muy alta", con un horizonte temporal que no iría más allá de "la primavera de 1981". El 23-F desde dentro Las transcripciones incluidas en la documentación permiten reconstruir conversaciones mantenidas durante y después del asalto. Uno de los diálogos recoge una llamada mantenida el 24 de febrero con un soldado que participó en la toma de la sede de TVE en Prado del Rey. El militar relata que la orden de su capitán fue "tirar a matar", en probable referencia a cómo reaccionar ante quienes se opusieran: "El primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada". El militar añade que su capitán recibía órdenes "del coronel y estos", y describe que tras regresar de TVE permanecieron desplegados durante la noche "con los carros y los tanques". En ese mismo diálogo, el soldado menciona que a las tres y media de la madrugada hubo "otro conato de salida" en su regimiento, aunque finalmente no se produjo. "Si llamó el rey aquí, creo, aquí al cuartel", afirma en la conversación transcrita. Otro de los informes señala que "dos directivos del CESID" lograron entrar en el Congreso y "hablar con los jefes de los allí encerrados (Tejero, Menéndez, Pardo Zancada)". Esos cabecillas "explicaron su actitud, que en aquel momento parecía irreductible, y no pusieron ninguna dificultad para la salida posterior del personal del CESID", añade. Otros miembros del servicio de inteligencia también pudieron penetrar en la Cámara Baja y conversar con "algunos de los números de la Guardia Civil participantes en la ocupación", asegurando que la mayoría de los agentes fueron "engañados". "Se supo enseguida que el núcleo verdaderamente comprometido era una minoría, y el resto habían ido engañados", apunta el archivo. El CESID pasó a "situación de Alerta Verde" y desplegó vehículos y enlaces radio en los accesos a Madrid. Entre las recomendaciones realizadas a mandos militares se incluyó "una acción psicológica sobre los ocupantes del Congreso por medios megafónicos", además de sugerencias sobre una posible "salida pactada" y previsiones "para la rendición". El papel de la Corona Los papeles desclasificados incluyen varias referencias al papel del rey Juan Carlos I durante y después del golpe. Minutos después de la irrupción a las 18.23 horas de Tejero en el Congreso pistola en mano, entre las 18.30 y 19.00 horas, el monarca recibió una llamada del general Alfonso Armada, que pretendía incorporarse al Palacio de la Zarzuela, mientras el teniente general José Gabeiras seguía en el Estado Mayor del Ejército, pero don Juan Carlos "le contesta que NO, que continúe en su puesto". Así, Juan Carlos I ordena, por un lado, que "de ninguna forma autorizar al general Armada" para que vaya al Palacio y, por otro, que "la Junta de Jefes del Estado Mayor tome la dirección militar de los acontecimientos". La Casa Real habla sobre las 19.15 horas con el teniente general Jaime Milans del Bosch, uno de los cabecillas de la intentona al imponer el estado de excepción en Valencia y sacar los tanques a la calle, y este dice "que está a las órdenes del rey" y "que ha tomado medidas de seguridad para preservar el orden". Además, pregunta si el monarca ha hablado con el general Armada y "pide que lo haga". A las 20.20 horas, el entonces secretario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, logra comunicarse con Tejero en el Congreso y le ordena: "Depón tu actitud inmediatamente". "Soy el secretario general de su majestad: ¿Qué es lo que pretendes?", le preguntó. Pero el sublevado contesta que no recibe más órdenes que las de Milans del Bosch, a lo que Fernández Campo le preguntó: "Pero tú has invocado el nombre de su majestad el rey. ¿Por qué?". Horas más tarde, tras el mensaje televisado del rey, Juan Carlos I mantuvo una conversación a la una de la madrugada del 24 de febrero con Milans del Bosch. "Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el rey, es contra el rey", le trasladó. "Te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido. Te ordeno que digas a Tejero que deponga inmediatamente su actitud", añadió. "Con toda claridad", el rey le expresa su "rotunda" decisión de "mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente" y que, después de su discurso al país, ya no podía volver atrás. Diez meses después del 23F, el rey trasladó al Gobierno y a la Junta de Jefes del Estado Mayor su preocupación por el estado de ánimo en las Fuerzas Armadas. En el guion remitido el 14 de diciembre de 1981 por Sabino Fernández Campo al director del CESID, Emilio Alonso Manglano, Juan Carlos I advertía de la situación "delicada" de la institución y de la necesidad de que las Fuerzas Armadas se sintieran "consideradas y protegidas" por los poderes públicos. Por otro lado, en los documentos del Ministerio del Interior figura un escrito en el que se enumeran informaciones difundidas para implicar a Juan Carlos I en la conspiración. El texto sostiene que se "han tergiversado algunos hechos reales" y se "han inventado acontecimientos que solo han existido en la mente de sus creadores", con el doble objetivo de disminuir la responsabilidad penal de los procesados y disponer de "un argumento contra la Corona". Otros documentos recogen que el CESID dio credibilidad a informaciones de militares y de "ambientes castrenses de la capital" según las cuales Juan Carlos I se entrevistó en secreto con Milans del Bosch antes del juicio por el 23-F para tratar "que la Corona no salga lesionada en el proceso". Así lo manifiesta una nota interior de los servicios de inteligencia de la época fechada el 5 de febrero de 1982, poco antes del inicio de la vista oral el 19 de febrero: "En tales círculos de opinión se ASEGURA que, en efecto, el Rey se ha entrevistado confidencialmente con Milans de Bosch". El documento refleja que en esos círculos "se dan por seguras algunas entrevistas confidenciales y sigilosas de S.M. el rey" con algunos de los principales implicados, y se menciona que "alguien muy importante de la Casa Real se ha entrevistado con el general Armada, matizando con él comportamientos de la vista oral del proceso" que iba a comenzar días después. Seis miembros del CESID participaron en el golpe Un informe sobre la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME), unidad dependiente del CESID, recoge que seis de sus miembros estaban implicadas con el asalto. "O bien conocían los hechos antes de ese día o bien planificaron un apoyo operativo al golpe de Estado y luego trataron de encubrir su participación", asegura. El texto cita a seis integrantes de esa unidad: el comandante José Luis Cortina; los capitanes García Almenta y Vicente Gómez Iglesias; el sargento Miguel Sales; y los cabos Rafael Monge y José Moya. Según el informe, se pudo comprobar que "participaron activamente" en el intento de golpe de Estado, ya sea porque "conocían los hechos concretos" antes de que ocurrieran o porque "planificaron un apoyo operativo que lo llevaron a efecto". Los capitanes García Almenta y Gómez Iglesias, el sargento Miguel Sales y el cabo Rafael Monge "conocían los hechos concretos del 23 de febrero antes de que ocurrieran". Sobre el comandante José Luis Cortina, añade que "no está comprobado que lo supiera, pero hay indicios de que así fuera". El documento añade que, una vez fracasado el golpe, activaron la Operación Mister, destinada a justificar sus movimientos el día 23, con el fin de "encubrir su participación". Incluía la corrección de fechas y la elaboración de una cobertura que explicara los desplazamientos del personal de la AOME con el objetivo de encubrir su intervención. No obstante, el CESID encargó un informe para esclarecer lo ocurrido en la unidad y detectó contradicciones en las declaraciones, lo que derivó en bajas dentro de la agrupación y en sanciones disciplinarias. De las seis personas citadas, solo Gómez Iglesias fue condenado a seis años de prisión por un delito de adhesión a la rebelión, mientras que Cortina fue absuelto por falta de pruebas. Los otros cuatro miembros no llegaron a ser procesados. Nuevos intentos de asalto tras el fracaso Uno de los documentos desclasificados analiza los fallos cometidos durante el golpe de Estado y apunta a que el primero de ellos fue "dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero". El archivo, manuscrito y anónimo, establece como sugerencia tras el fracaso de la intentona del 23-F y para "actuaciones sucesivas" considerar al rey Juan Carlos I un "objetivo a batir y anular". De acuerdo a este documento, los militares estaban convencidos que el rey seguiría adelante en "su intento suicida de tener un gobierno con los socialistas, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar". Inciden en que no era el momento de hacer críticas sobre lo que debieron hacer "los heroicos camaradas de armas", pero sí de analizar lo que debería hacerse a partir de entonces. "Hemos de seguir actuando para lograr hacernos con el control de los recursos jurídico-constitucionales, culturales y sociales, de todos los resortes de poder que puedan impedir la ruptura de la unidad de España", señala el documento en referencia a las consignas de los militares. La documentación incluye también manuscritos en los que se barajan nuevas fechas para intentar otro asalto tras el 23-F. Uno de ellos menciona el 24 de junio —onomástica del Rey— como ocasión "ideal", al coincidir la presencia de autoridades en el Palacio Real. También se alude a la posibilidad de un "golpe a la turca", con supresión de partidos y entes autonómicos, y se menciona la implicación de determinados mandos militares y contactos civiles. Otro escrito desarrolla la denominada Operación Halcón con horizonte en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982. El documento fija como fecha "más aconsejable" el 27 de octubre, jornada de reflexión, y detalla la ocupación de puntos estratégicos, el control de comunicaciones y la creación de un "grupo F" encargado de "neutralizar" al presidente del Gobierno y a varios ministros y líderes políticos.