Una decena de ex altos cargos citados en el juicio a Ábalos mostrarán los tentáculos de la trama de las mascarillas en la Administración

2026-03-09 - 05:33

El próximo 7 de abril dará comienzo al uno de los juicios más relevantes de 2026, en el que José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama están acusados de organizar una corruptela en la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia del Covid-19. Más de 75 testigos se sentarán ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por Andrés Martínez Arrieta. Entre ellos, una decena de cargos y ex cargos públicos cuyas administraciones contrataron con Soluciones de Gestión, la empresa central del juicio que sienta por primera vez en el banquillo a quien fue la mano derecha de Pedro Sánchez. A lo largo del proceso se abordarán los distintos contratos adjudicados por entidades dependientes del Ministerio de Transportes y también saldrán a colación las adjudicaciones posteriores por parte del Ministerio del Interior y las administraciones de Canarias y Baleares. Testificarán ante el Supremo la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el de Puertos del Estado, Francisco Toledo Lobo, ambos imputados a su vez en la Audiencia Nacional. También lo harán otros cargos inferiores de ambas entidades, como Álvaro Sánchez Manzanares, el exnúmero 2 de Puertos del Estado, o Michax Miranda, exdirector general de Personas de Adif. La lista de testigos incluye igualmente al ex subsecretario del Ministerio de Transportes Jesús Manuel García o el ex director general de organización e Inspección de la cartera Javier Sánchez Fuentefría. Asimismo, declararán como testigos el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el ex director general del Servicio Canario de Salud Antonio Oliveira. El Supremo también ha admitido la testifical de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Víctor Torres presidía Canarias durante la pandemia, mientras que Armengol era presidenta de Baleares. Las dos comunidades contrataron con la trama, si bien esos contratos no forman parte de los hechos a enjuiciar en el Tribunal Supremo. En la lista de testigos se incluye también un único cargo del Ministerio del Interior, que contrató con la empresa Soluciones de Gestión tras hacerlo en primer lugar el de Transportes. Pese a que el Supremo rechazó citar a Fernando Grande-Marlaska, sí que ha admitido la testifical del exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez. Los contratos de Adif y Puertos del Estado El caso Koldo es una causa compleja en la que existen varias ramificaciones. Y el Supremo no se encargará de enjuiciarla al completo a partir del 7 de abril. El resto de los hechos aún están siendo investigados en la Audiencia Nacional, incluidos los relativos a los contratos de mascarillas. Muchos de los que acudirán al alto tribunal como testigos están imputados en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Los límites del juicio de las mascarillas los estableció el juez instructor Leopoldo Puente el pasado 3 de noviembre. Entre los hechos punibles que deben acreditarse, el más esencial es la contratación con Soluciones de Gestión por parte de Adif y Puertos del Estado. El instructor subrayó que existió un "concierto de voluntades" entre Ábalos, García y Aldama, que buscaban lucrarse a través de distintas actividades ilícitas. En el marco de ese "acuerdo", Ábalos logró que Puertos del Estado y Adif —ambas dependientes del Ministerio de Transportes— adjudicasen contratos a la compañía. Víctor de Aldama "pudo haber obtenido información previa y privilegiada sobre las necesidades derivadas de la urgencia". De este modo, el comisionista contaba con el compromiso de que "los contratos le serían adjudicados" y podía asegurar "a la perfección el contrato en favor de la empresa cuyos intereses promovía, Soluciones de Gestión". Fue así como Puertos del Estado compró a la mercantil ocho millones de mascarillas y Adif, otros cinco millones. El contrato que abrió la veda fue el que firmó Puertos del Estado el 21 de marzo de 2020, por valor de 24.200.000 euros. Francisco Toledo y Sánchez Manzanares tendrán que dar cuenta de cómo se gestó aquel primer contrato por la vía de urgencia. A los pocos días, el 27 de marzo, Adif firmó un segundo contrato por importe de 12,5 millones de euros, "pese a que existían otras ofertas económicamente más ventajosas", de acuerdo con los informes aportados por la Guardia Civil. Estos dos contratos sentaron las bases para que la trama se extendiera por otras administraciones, dado el aval que suponía para Soluciones de Gestión haber suministrado material sanitario a las entidades dependientes del Ministerio de Transportes. "La contratación con el Ministerio de transportes facilitó a Víctor de Aldama que Soluciones de Gestión resultara después adjudicataria de diferentes contratos de suministro de material sanitario", apuntó la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de calificación de los hechos. Muestra de ello es el contrato que adjudicó a la compañía el 20 de abril de 2020 la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Aquel contrato de 3.479.355 euros motivó que Anticorrupción solicitase la citación de Rafael Pérez, admitida por la Sala Segunda. Tan solo dos días después de que se firmase aquel contrato, el Servicio Canario de Salud adjudicó un primer contrato a Soluciones de Gestión. A aquella adjudicación se sumó una segunda el 4 de mayo, de modo que en total se abonaron 12.288.333,21 euros a la empresa clave del caso Koldo. Lo mismo sucedió con el Servicio de Salud de Illes Baleares, que el 12 de mayo de 2020 firmó un contrato por valor de 3.701.500 euros con Soluciones de Gestión. Las contrapartidas a Ábalos y Koldo A lo largo de 2020, por tanto, la compañía resultó adjudicataria de contratos para suministrar material sanitario por valor de más de 53 millones de euros. El presunto amaño de estas adjudicaciones es una de las partes centrales que se deben acreditar en el juicio que se aproxima en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. No obstante, las contrapartidas a esos amaños también serán un asunto clave en el procedimiento judicial. La investigación ha concluido que el exministro Ábalos y Koldo García se beneficiaron de dádivas de todo tipo. En el caso de Ábalos se incluye un contrato de alquiler de un piso en La Castellana (Madrid) del que disfrutó sin pagarlo. La trama también costeó el alquiler de un piso en Plaza de España (Madrid) para Jésica Rodríguez, vinculada al extitular de Transportes. Asimismo, las pesquisas han concluido que Víctor de Aldama abonó a Koldo García 10.000 euros mensuales en metálico entre 2019 y 2021; un dinero que el asesor ministerial repartía después con su jefe. Entre los hechos a enjuiciar se encuentran también las contrataciones presuntamente irregulares de Jésica Rodríguez y otra mujer vinculada al exministro, Claudia Montes, en las públicas Ineco y Tragsatec. Asimismo, se incluyen las supuestas gestiones de Ábalos y Koldo García para "agilizar" la concesión del rescate público a la aerolínea Air Europa; así como las gestiones con las que el exministro trató de lograr que la compañía Villafuel consiguiera la licencia de operador en el mercado de los hidrocarburos.